Los senadores por la alianza “Juntos Haremos Historia”, Ricardo Monreal y Nancy de la Sierra, pidieron a las autoridades del estado de Puebla que el proceso penal contra el presidente municipal de Tehuacán, Felipe Patjane, se lleve a cabo con transparencia y en apego a la legalidad, para que quede descartado que se trata de un asunto político.
Mediante su cuenta de Twitter, el coordinador de senadores de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) Ricardo Monreal expuso que en todo proceso se deben observar los principios de presunción de inocencia, respetar el fuero y a la vez garantizar que no habrá impunidad ante cualquier hecho delictivo.
En todo proceso penal, la autoridad debe observar los principios de presunción de inocencia y debido proceso, además de respetar el fuero de quienes lo tienen. Deseo que así haya ocurrido en el caso del alcalde de Tehuacán, Puebla. No a la impunidad ni al abuso de poder publicó.
De igual forma, a través de redes sociales la senadora Nancy de la Sierra señaló que dará seguimiento al proceso contra Felipe Patjane, pues la Fiscalía General del Estado debe demostrar que no se le detuvo por un asunto político.
“La @FiscaliaPuebla tiene la responsabilidad histórica de demostrar que el caso #Tehuacán no es como todo parece indicar, un asunto político. Desde el @senadomexicano seguiremos atentos al desarrollo del asunto, para defender la autonomía del poder judicial”, publicó.
En tanto, la diputada federal por el Partido Acción Nacional (PAN), Verónica Sobrado indicó que la detención del presidente municipal de Tehuacán no sólo se debe a una mala administración, sino a un conflicto de orden político a partir de diferencias entre distintos actores.
Es lamentable la ingobernabilidad que se vive en #Tehuacán. Está claro que lo sucedido no solo obedece a la mala administración municipal sino a diferencias políticas entre diversos actores que desde hace meses ejercen el control en el ayuntamiento violando la autonomía municipal posteó.
Felipe Patjane fue detenido el sábado por la mañana para dar cumplimiento a una orden de aprehensión que liberó un juez de control, por la probable comisión del delito de uso ilícito de facultades y atribuciones, esto como resultado de una investigación de la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción.
