Tras reconocer que la atención de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) en Puebla ha tenido rezagos en los últimos años, el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina anunció que su administración buscará que, para finales de 2024, los 50 ayuntamientos que hoy cuentan con dicha declaratoria dejen de tenerla para ese entonces.
Luego de aceptar que el mecanismo federal para la erradicación de la violencia de género ha tenido retos y atrasos en la entidad poblana, el mandatario comentó hoy en rueda de prensa que su deseo es entregar a su sucesor las riendas del estado sin pendientes en la materia.
“Para el gobierno es un gran reto, he instruido, y seguiré haciéndolo, que todo el esfuerzo del gobierno del estado se enfoque en esta materia, para poder buscar que al término de este sexenio podamos estar levantando ese tipo de alertas”, resaltó el titular del Ejecutivo local.
Recordó que la atención de la AVGM en la entidad poblana no fue priorizada lo suficiente en años pasados. Hay que recordar que la declaratoria fue emitida en abril de 2019, durante el gobierno interino encabezado por Guillermo Pacheco Pulido.
“Es un pendiente que se viene arrastrando, que ya tenemos que darle una atención prioritaria”, lanzó.
En ese sentido, hizo hincapié en que la permanencia de ese mecanismo, que evidencia los riesgos que afrontan las mujeres frente a la violencia de género, no es un motivo de orgullo para el gobierno del estado. Por ello, expuso que actualmente las secretarías de Gobernación (Segob) e Igualdad Sustantiva (SIS) ya tienen la indicación de trabajar para retirar dicha declaratoria de los 50 municipios.
“No nos honra, es algo que tenemos que quitar a la brevedad posible, y tenemos que hacerlo con mucha fuerza, con políticas públicas que sean permanentes y que no sean de atención [momentánea], así es que vamos a trabajar con ello”, puntualizó Céspedes Peregrina.
De acuerdo con datos abiertos del gobierno de Puebla, que fueron actualizados por última vez en 2021, se han concluido 67 acciones desde la administración estatal para atender las AVGM. El rezago se encuentra principalmente en la prevención de las violencias.
Por el ejemplo, no se ha desarrollado una sola campaña de comunicación social desde el Sistema Estatal de Telecomunicaciones (SET) para prevenir estos actos, tampoco se han analizado los reportes del Observatorio de Violencia de Género en Medios de Comunicación (Ovigem), no se ha acreditado la segunda fase de capacitación a servidoras y servidores públicos en la materia; mucho menos se ha garantizado que los 217 ayuntamientos incluyan en sus normativas locales un capítulo de derechos humanos y género, entre otros rezagos.
En ese mismo reporte quedó evidenciado que tampoco se ha desarrollado un programa de intervención territorial enfocado a disminuir los espacios de riesgo para niñas y mujeres en los municipios de Puebla, Tehuacán, San Martín Texmelucan, San Pedro Cholula y Cuetzalan del Progreso.
Por si esto fuera poco, el gobierno estatal también reconoció que la Mesa Interinstitucional para la Revisión de Muertes Violentas de Mujeres no ha sesionado desde entonces.
Finalmente, y en otro orden de ideas, el mandatario respaldó la aprobación de la Ley Ácida, que tipifica como tentativa de feminicidio la violencia con sustancias ácidas; y la Ley Monzón, que suspende la patria potestad de los padres acusados de feminicidio; pues señaló que ambos estatutos tienen la finalidad de “respetar la integridad de las mujeres”, pero lamentó que las condiciones actuales obliguen a las autoridades diseñar normas para evitar este tipo de delitos, cuando el comportamiento social debería ser distinto.