La Ley General de Acceso Integral a los Derechos de las Personas Trans busca la no discriminación, documentos de identidad, cirugías plásticas gratuitas para reafirmar el género, ingresar a los libros de texto gratuito la diversidad sexual, así como acceso a la cultura, trabajo y vivienda para la comunidad transgénero.
Hasta el momento, es una iniciativa, pero su impulsora, la diputada María Clemente García Moreno, arrancó una gira nacional para darla a conocer y que cuando llegue el momento, se haga un exhorto a los legisladores federales para concretarla.
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Este 29 de enero acudió a la Comisión de Derechos Humanos en el estado de Puebla (CDH) para presentarla y, al tiempo, se llevó a cabo un foro en donde se abordó la ruta legislativa a seguir. La también morenista, aprovechó el espacio para solicitar a la diputada priista, Blanca Alcalá, que cuando llegue el momento de votar, avale esta ley, pues en Puebla, la comunidad transgénero podrá ser beneficiada más allá de los colores partidistas.
Fue en diciembre del año pasado, cuando García Moreno presentó esta iniciativa, la cual aborda ocho capítulos, 52 artículos y cuatro transitorios, puntualmente, se desarrolla en 13 puntos, que son los siguientes:
Reconocer de manera enunciativa, más no limitativa, los derechos humanos con perspectiva y enfoque trans; define que el ejercicio del poder público se ejerce a través de los órdenes de gobierno federal, de las entidades y municipios, en los cuales se deberán expedir las norma y tomar las previsiones presupuestales y administrativas necesarias.
Establece un glosario amplio y claro sobre conceptos relacionados con la diversidad sexual y de género; posibilita el derecho de acceso a la información a través de informes bienales; crear el trámite a través del cual las personas trans podrán realizar el reconocimiento legal de su identidad de género autopercibida, de manera armónica con la Ley General de Operación de los Registros Civiles.
Protege los derechos y las obligaciones de las personas trans que hayan sido contraídas con anterioridad al cambio de la identidad de género asignada al nacer, incluidos los del ámbito civil y familiar; establece obligaciones generales y específicas para todas las autoridades que integran el Sistema Educativo Nacional, así como para los diversos actores que integran la comunidad educativa.
Promueve la participación, acceso y contribución individual, así como colectiva de las personas trans en la vida cultural del país; establece acciones específicas de la Secretaría del Trabajo a fin de promover el empleo digno; incorpora obligaciones de la SEDATU para garantizar el acceso a la vivienda; busca erradicar la discriminación, estigmas, prejuicios y la transfobia en el sistema de salud.
Reconoce el derecho de las personas trans a la seguridad y protección ciudadana y a la procuración, administración e impartición de justicia sin discriminación; por último, los ejecutores del gasto responsables deberán sujetarse a su propia disponibilidad presupuestaria.
La legisladora explicó la ruta de aprobación, primero la publicación, turnar a las comisiones, la dictaminación y la discusión, así como aprobación. En este último punto, hizo un exhorto a la poblana y priista Blanca Alcalá a votar, ya que recordó que en lo que va del año, van ocho transfeminicidios y la comunidad transgénero en Puebla se verá beneficiada, más allá de los partidos políticos. No obstante, también recordó que la iniciativa debe de pasar por el Senado y luego de eso, podrá llegar a los congresos locales.
Una vez que llegue a los congresos locales y se apruebe, tendrá que hacer una promulgación el Ejecutivo y sólo así, podrá entrar en vigor. Su propuesta, fue respaldada por la comunidad transgénero de Puebla, puntualmente por los miembros del Grupo Trans liderado por Gabriela Chumacero y por la organización “Las chicas de la 14”, que ayuda a las sexoservidoras, incluidas mujeres trans.
En suma, el mismo presidente de la CDH en Puebla, José Félix Cerezo, la respaldó y pidió a las autoridades de cara al proceso electoral, tener en cuenta a la comunidad trans dentro de su estrategia de gobierno, ya que el promedio de vida de las personas trans es de 35 a 37 años por la violencia a la que se enfrentan.
