/ viernes 6 de mayo de 2022

Propondrán capacitación con perspectiva de género obligatorio para los defensores públicos

Actualmente la Ley del Servicio de la Defensoría Pública no advierte lineamiento alguno o requisito que solicite una capacitación continua

La diputada del Partido Acción Nacional (PAN) en el Congreso de Puebla, Erika Patricia Valencia Ávila, propuso que sea obligatorio para los defensores públicos someterse a una capacitación y actualización permanente en materia de género, igualdad sustantiva y violencia contra las mujeres, para garantizar que trabajarán sin violar los derechos humanos de las víctimas.

La iniciativa que planteó la legisladora busca reformar la fracción XIV y adicionar la fracción XV del artículo 24 a la Ley del Servicio de la Defensoría Pública del Estado, a fin de que los abogados de oficio tengan las herramientas necesarias que permitan desempeñar su trabajo con mayor perspectiva de género y disminuir los casos de impunidad.

La diputada ahondó en que actualmente la Ley del Servicio de la Defensoría Pública no advierte lineamiento alguno o requisito que solicite una capacitación continua o experiencia en materia de perspectiva de género, por lo que existen muchos casos en donde revictimizan a las víctimas de violencia y miden los hechos de manera injusta, fomentando así, la violación sistemática de los derechos humanos.

“Presento ante este Honorable Congreso la siguiente iniciativa de decreto que reforma la fracción XIV y adiciona la fracción XV del artículo 24 de la Ley del Servicio de la Defensoría Pública del Estado de Puebla, que tiene por objeto establecer cómo una de las obligaciones de los defensores públicos el someterse a una capacitación y actualización permanente en materia de perspectiva de género, igualdad sustantiva y violencia contra las mujeres”, señaló la iniciativa.

De acuerdo con Patricia Valencia las agresiones contra las mujeres son un problema sumamente complejo con origen en patrones y comportamientos que obstaculizan el acceso a un desarrollo individual, social y una participación de manera plena.

Por ello, el estado tiene la obligación constitucional de adoptar medidas necesarias para proteger a las víctimas de violencia de género mediante una normativa adecuada en momentos donde se encuentran muy vulnerables.

La iniciativa de Erika Patricia Valencia fue turnada a la Comisión de Igualdad de Género para su estudio, análisis y aprobación.

La diputada del Partido Acción Nacional (PAN) en el Congreso de Puebla, Erika Patricia Valencia Ávila, propuso que sea obligatorio para los defensores públicos someterse a una capacitación y actualización permanente en materia de género, igualdad sustantiva y violencia contra las mujeres, para garantizar que trabajarán sin violar los derechos humanos de las víctimas.

La iniciativa que planteó la legisladora busca reformar la fracción XIV y adicionar la fracción XV del artículo 24 a la Ley del Servicio de la Defensoría Pública del Estado, a fin de que los abogados de oficio tengan las herramientas necesarias que permitan desempeñar su trabajo con mayor perspectiva de género y disminuir los casos de impunidad.

La diputada ahondó en que actualmente la Ley del Servicio de la Defensoría Pública no advierte lineamiento alguno o requisito que solicite una capacitación continua o experiencia en materia de perspectiva de género, por lo que existen muchos casos en donde revictimizan a las víctimas de violencia y miden los hechos de manera injusta, fomentando así, la violación sistemática de los derechos humanos.

“Presento ante este Honorable Congreso la siguiente iniciativa de decreto que reforma la fracción XIV y adiciona la fracción XV del artículo 24 de la Ley del Servicio de la Defensoría Pública del Estado de Puebla, que tiene por objeto establecer cómo una de las obligaciones de los defensores públicos el someterse a una capacitación y actualización permanente en materia de perspectiva de género, igualdad sustantiva y violencia contra las mujeres”, señaló la iniciativa.

De acuerdo con Patricia Valencia las agresiones contra las mujeres son un problema sumamente complejo con origen en patrones y comportamientos que obstaculizan el acceso a un desarrollo individual, social y una participación de manera plena.

Por ello, el estado tiene la obligación constitucional de adoptar medidas necesarias para proteger a las víctimas de violencia de género mediante una normativa adecuada en momentos donde se encuentran muy vulnerables.

La iniciativa de Erika Patricia Valencia fue turnada a la Comisión de Igualdad de Género para su estudio, análisis y aprobación.

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