Para que los gobiernos municipales renegocien la deuda pública ante la Secretaría de Hacienda y se vean obligados a incluir en sus registros los pasivos contratados a través de los esquemas de Asociación Público Privada (APP) y Proyectos de Prestación de Servicios (PPS) para obras, el senador de Morena, Alejandro Armenta Mier, presentó reformas a la Ley de Disciplina Financiera.
Con esta propuesta busca que se inicien procedimientos de responsabilidades para funcionarios o ex funcionarios por daño patrimonial al estado o ayuntamiento por contrataciones leoninas o inconstitucionales, que puedan ser sujetos de investigación por la Secretaría de la Función Pública, Secretaría de Hacienda, Congresos, Auditoría del Estado o Federación, o el Senado de la República.
“La deuda que tenemos en Puebla se tiene que pagar a 40 o 50 años, están comprometidos el Impuesto sobre la Nómina y las participaciones, por lo tanto, es un daño patrimonial, los contratos son leoninos y me puedo atrever a decir que es un daño de lesa humanidad”, afirmó.
El titular de la Comisión de Hacienda y Crédito Público en el Senado de la República estimó que la deuda pública nacional supera los 1.5 billones de pesos, ya que en su información los estados y municipios no incluyen los APP y PPS, porque la ley no obliga a que registren sus fideicomisos públicos, la cual diferencia la deuda pública, financiera bancaria y los compromisos de pago.
“Los compromisos de pago no son deuda, solamente en nuestro país los compromisos de pago son deuda, como en México la corrupción no era delito grave, bueno, estamos corrigiendo esto y lo fundamental va a ser que los entes públicos van a poder contratar deuda, pero con los principios de eficiencia, eficacia, transparencia, y que los gobiernos sean planificadores”, dijo.
En un encuentro con medios de comunicación, el senador expuso que la Ley de Disciplina Financiera debe estar asociada al Sistema Nacional de Planeación Democrática, al Plan Nacional de Desarrollo, los planes de las 32 entidades federativas, así como a los planes municipales en la contratación de APP y PPS, para que puedan seguir contratando pasivos de forma transparente.
La reforma no modificará que el Congreso del Estado autorice que los ayuntamientos se endeuden, ya que Alejandro Armenta aseguró que esta traspasa la temporalidad de las administraciones, por lo que la iniciativa será turnada a la Cámara de Diputados para que entre en vigor en 2020.
Explicó que la reforma busca que los expedientes de obras públicas financiadas por esquemas de Asociación Público Privada y Proyectos de Prestación de Servicios ya no se reserven por 25 o 30 años, así como garantizar que sean transparentes y que los contratos actuales se puedan revisar.
“Esta ley es una modificación al marco jurídico en materia de financiamiento, con ello vamos a investigar los compromisos de pago, estatales y municipales, se tiene que registrar los compromisos de pago totales ante Hacienda”, añadió Armenta al mencionar que se creará un semáforo que permita conocer el nivel de endeudamiento y la capacidad financiera de los estados y municipios.
