La diputada María del Carmen Saavedra Fernández propuso reformar la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado para que los burócratas puedan desempeñar sus labores desde casa, conocido como home office, ante una emergencia sanitaria como el Covid-19.
La iniciativa consiste en reformar la fracción VI del artículo 40 para establecer que, en caso de que sea declarada una emergencia sanitaria o desastre ocasionado por algún fenómeno natural, el empleado pueda desempeñar su trabajo a distancia, siempre y cuando su labor lo permita, trabaje en unidades administrativas y áreas que no resulten indispensables para afrontar la situación o se trate de personal que pueda poner en riesgo su salud.
La diputada local de Morena expuso que el coronavirus cambió en su totalidad la forma de vida de las personas, pues se dejaron de realizar muchas actividades que se consideraban esenciales o normales, como acudir a reuniones, centros de recreación, parques y plazas.
Manifestó que una de las cosas que también cambió fue la forma de trabajar, ya que el distanciamiento social que se decretó en gran parte del mundo, hizo que las personas mudaran sus oficinas de trabajo al hogar para evitar contagiarse del virus.
MISMOS DERECHOS Y OBLIGACIONES
María del Carmen Saavedra consideró necesario dejar en claro que, un trabajador a distancia debe tener los mismos derechos laborales y de seguridad social que cualquier otro que asista de manera permanente a su centro de trabajo, pero también, el empleado a distancia debe cumplir con sus horarios laborales, de entrada y salida, incluso de comida.
Actualmente la Ley Federal del Trabajo dispone la figura del trabajo a domicilio que se ejecuta habitualmente para un patrón, en el hogar del empleado o en un local libremente elegido por él, sin vigilancia ni dirección inmediata de quien proporciona el trabajo.
La diputada propuso que no solo las empresas del sector privado deben tomar cartas en el asunto, sino también los ayuntamientos y el gobierno del estado y la federación, ya que es necesario elaborar un marco jurídico en Puebla que tome con consideración la pandemia.