A unos días del cierre del periodo ordinario, el diputado local por Morena, Fernando Sánchez Sasia, presentó una propuesta de reforma para castigar hasta con cuatro años de cárcel a los manifestantes que bloquen las vialidades del estado, sin previo aviso.
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En la sesión de este día, el representante del Distrito de Tehuacán subió a tribuna y presentó la modificación al Código Penal del Estado.
Consiste en darle prisión de 3 días hasta 4 años, a la gente que, “con ayuda de medios materiales de transporte, de carga o similares, bloqueen, cierren o detengan, limiten, desvíen o intercepten el tráfico vehicular en vías públicas, contrariando los usos autorizados por la ley”.
“Podrían y deberían ser sancionados porque están violentando el derecho de tránsito de las demás personas, no obstante que las consecuencias que derivan de este tipo de acontecimientos afectan a quienes por su trabajo o actividades diarias se deben desplazar constantemente de un lado a otro”, expuso.
Aunque el morenista consideró que en el estado está garantizada la libertad de expresión de todos los ciudadanos, calificó como injusto que los bloqueos sin previo aviso afecten a terceras personas, y en actividades como el traslado de pacientes de urgencia, mercancías y demás artículos que puedan sufrir daños severos.
“Quiero dejar bien en claro, que entiendo, pero, tal vez no podemos justificar todos los afectados en estas circunstancias, el hecho de que se tenga que bloquear el libre tránsito de todas y todos los mexicanos debido a las protestas”, comentó.
Ante esto, quienes realicen cierres de avenidas o calles deben avisar a las autoridades correspondientes mediante un escrito en términos de la Ley de Vialidad del Estado.
Fernando Sasia expuso que la modificación a la normativa también tiene el objetivo de buscar otros mecanismos para disolver conflictos sin el cierre de vialidades: “No busca solo castigar, sino también crear conciencia en que, el medio para la solución de conflictos, no debe ser el cierre de vialidades, sino el diálogo, la prudencia y el respeto a terceros”, puntualizó.
Tal como lo marca el proceso legislativo, la propuesta de reforma fue turnada a la Comisión Procuración y Administración de justicia para su análisis y posible aprobación, en caso de obtener aval será remitida al pleno del Congreso local, donde la votan todos los diputados locales.
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Sin embargo, los diputados locales trabajan contra reloj, porque el 15 de julio termina el periodo ordinario, aunque pueden convocar a sesión extraordinaria para sacar el tema adelante del 14 de septiembre, cuando termina la legislatura.
