La propuesta de reforma para sancionar a los manifestantes que cierren las vialidades sin previo aviso, que presentó el diputado local por Morena, Fernando Sánchez Sasia, se quedará en la congeladora y no será aprobada en la LXI legislatura.
El representante de Tehuacán, defendió en entrevista que se trata de una demanda ciudadana que ningún legislador quería atender, y marcó la pauta, para que el tema sea retomado por los próximos diputados locales, donde Morena y sus partidos aliados, PT y PVEM, tendrán mayoría.
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“Es un precedente que dejaré marcado para la siguiente legislatura, pero definitivamente es una demanda ciudadana que son afectados en estas situaciones. No hago nada más que tratar de llevar algo que demanda la ciudadanía, nadie se había atrevido a dar esa propuesta”, defendió.
Por falta de tiempo y la polémica que han causado, las reformas al Código Penal del Estado que presentó anteriormente el diputado local del partido de izquierda, no existen posibilidades de que prospere, debido a que, el 15 de julio termina el último periodo ordinario, y no hay avances en el proceso legislativo.
De acuerdo con la normativa, las propuestas de reforma son analizadas en comisiones, y luego se remiten al pleno del Congreso local, circunstancias que no han pasado, y de las cuales no hay conocimiento de que vayan a suceder próximamente.
Su propuesta causó mucho ruido porque consiste en darle de tres días hasta cuatro años de cárcel, a los protestantes que hagan manifestaciones y obstaculicen el tránsito en alguna vialidad: “A quien por sí mismos o con la ayuda de medios materiales, de transporte, carga o similares; bloqueen, cierren, detengan, limiten, desvíen o intercepten el tránsito vehicular en vías públicas, contrariando a los usos autorizados por la Ley de Vialidad para el Estado”, dice la iniciativa.
Por medio de redes sociales, activistas de diversas organizaciones en Puebla se quejaron de la propuesta y la consideraron inconstitucional, porque limita el libre derecho a la manifestación de las personas.
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Al respecto, el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina, consideró que, reforzar las penas de esa forma no es la solución a la problemática.