No se descarta que el protocolo de investigación de delitos cometidos contra periodistas y personas defensoras de derechos humanos en Puebla pueda ser modificado, esto con el objetivo de incluir las voces y opiniones de las personas que busca defender el mecanismo, opinó el gobernador del estado, Sergio Salomón Céspedes Peregrina.
Este 4 de enero, Día Nacional del Periodista, El Sol de Puebla cuestionó al mandatario poblano su opinión sobre las acusaciones que vertieron comunicadores y activistas contra la Fiscalía General del Estado (FGE), esto luego de que la institución omitió hacer consenso con ellos en la realización del primer protocolo para atender delitos contra la libertad de expresión, siendo que son el grupo principal que, presuntamente, busca defender.
En respuesta, Céspedes Peregrina expuso que Puebla necesita ser percibida a nivel nacional como una entidad en la que el Estado de Derecho “privilegia” los derechos humanos, la libertad de expresión y los derechos laborales de la ciudadanía.
Por ello, enfatizó, es fundamental que se “revisen todas estas áreas de oportunidad”, en relación a los estatutos que busquen garantizar el cuidado a la libertad de expresión. Lo anterior a través de la mejora regulatoria, proceso que implica analizar la viabilidad cotidiana que tienen las políticas públicas instauradas por el Estado.
Cabe recordar que, según expuso Luis Knapp Moreno, coordinador de Defensa de la organización internacional de defensa a la libertad de expresión, Article 19, en entrevista con esta casa editorial, aunque la FGE tiene el respaldo legal del protocolo, la legitimidad del mismo puede estar en riesgo si no se tomaron en cuenta los sentires y opiniones de periodistas y personas defensoras.
“Todos los actos de autoridades pueden ser legales, pero no legítimos. Ahí hay una diferencia importante. Digamos que el protocolo de la Fiscalía es un acto legal (...) pues en este caso se vuelve en un instrumento legal, jurídicamente, pero no adquiere legitimidad ante la sociedad ni ante las personas, porque precisamente no se abrió a la participación. Las autoridades deben ver a la sociedad en términos de colaboración”, consignó el activista.
Por si esto fuera poco, la compleja redacción del documento se interpone como un obstáculo para que la ciudadanía de a pie, o la gente sin conocimientos jurídicos, desconozca sus derechos, apuntó Cinthya Ramírez Rodríguez, vocera de la organización REDefine Puebla.
De acuerdo con la organización internacional de defensa a la libertad de expresión, Article 19, hasta el primer semestre de 2022, Puebla acumuló 16 agresiones contra periodistas. Asimismo, durante las últimas dos décadas en la entidad poblana fueron asesinados los reporteros Aurelio Cabrera Campos y Adrián Silva Moreno.
Finalmente, Céspedes Peregrina aseguró que la exposición de problemáticas a través de los medios de información funciona para que las autoridades realicen un análisis de cualquier inconformidad de la población y ello genere pluralidad.
