Los integrantes del Sistema Estatal Anticorrupción provienen del morenovallismo puro y antes del 2020 accedieron a los salarios más altos de la administración pública con 140 mil pesos, compensaciones, viajes y distintas prebendas, reveló el gobernador Miguel Barbosa Huerta al considerar que este órgano debe fortalecerse con personas autónomas.

“¿Cómo se tiene que fortalecer el combate a la corrupción? Desde luego con integrantes autónomos e independientes, pero los que están hoy provienen del morenovallismo puro, puro, por eso son de los que se alían a hacer publicaciones y firmar desplegados junto con los adversarios de mi gobierno, yo los llamo a un comportamiento institucional”, indicó.

El gobernador señaló que la Junta de Gobierno del Sistema Estatal Anticorrupción, integrada por distintas instituciones y dependencias, decidió disminuir el sueldo de los miembros y las compensaciones a las que tenían acceso, por lo que en el presupuesto 2020 se modificó su salario, de lo que no es responsable la Secretaría de la Función Pública.

Además, sin mencionar su nombre, el gobernador señaló a la ex titular del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de Estado de Puebla (ISSSTEP), Karen Berlanga de filtrar información sobre la salida del gabinete de la actual secretaria de la Función Pública, Laura Olivia Villaseñor, no obstante, aseguró que le tiene confianza y por eso es parte de la administración.

“Ahí yo veo que hay alguien que no quiero decir su nombre, que estuvo en ese órgano en el 2018, que después estuvo en la Contraloría en el 2019, que después estuvo en el ISSSTEP, que está filtrando información, no sé por qué, entonces no es un asunto así, que la secretaria de la Función Pública les disminuya salarios, fue la Junta de Gobierno”, dijo.

INTEGRANTES DEL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN NIEGAN LOS HECHOS

Mediante un posicionamiento, los integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción realizaron precisiones sobre la denominación que les dio el gobernador y el fundamento legal con el que fue constituido conforme a la legislación.

Además, señalaron que la remuneración que reciben está establecida por contratos de prestación de servicios por honorarios, aprobados por el órgano de gobierno, en ese sentido, negaron haber percibido 140 mil pesos durante el 2019 y también recursos para viajes y prebendas, como lo aseguró el gobernador.

Incluso, anexaron los recursos aprobados para sus salarios durante el año anterior, y en esta estimación se establecieron 53 mil 590 pesos como flujo mensual para el presidente; 44 mil 757 pesos para el comisionado “A”; y 59 mil 909 pesos para el comisionado “B”.

Los integrantes solicitaron al gobernador hacer estas aclaraciones durante su conferencia de prensa del 26 de junio, un día después de sus declaraciones en contra del Comité. Este posicionamiento fue firmado por Daniel Alejandro Valdés Amaro; María del Carmen Leyva Báthory; Francisco Javier Mariscal Magdaleno; José Alejandro Guillén Reyes; y Eira Zago Castro.