El estado de Puebla reportó un acumulado de 665 denuncias, de enero a agosto de este año, por delitos cometidos por la comercialización o extracción ilegal de hidrocarburos, de acuerdo con datos del gobierno federal.
La cifra actualizada es 7.3 por ciento menor que lo documentado en el mismo periodo del año inmediato anterior, cuando se iniciaron 718 investigaciones.
El informe de incidencia delictiva elaborado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) exhibe que en los primeros ocho meses de 2024 se documentaron 2 mil 480 carpetas de investigación por delitos del fuero federal en Puebla, 26.8 por ciento fueron en materia de combustible, siendo el ilícito más reportado.
En este sentido, el comportamiento de las denuncias en materia de hidrocarburos fue la siguiente, enero registró 121 casos, febrero pasó a 155, marzo cayó a 39, abril con 82, mayo reportó 53 delitos, 70 en junio, julio con 71 y agosto cerró con 74 delitos.
A nivel nacional se reportaron 4 mil 491 violaciones a la ley en materia de hidrocarburos, esto se tradujo en que la entidad poblana acaparó el 14.8 por ciento del total.
Ante este panorama, Puebla se mantuvo en primer lugar a nivel país, seguido de Estado de México con 572 delitos y Nuevo León con 550 casos.
Según el reporte de incidencia delictiva, en el año 2019, cuando el gobierno federal inició con el registro público de información, se documentaron mil 481 averiguaciones; destaca que es el año con más reportes.
Para el 2020, primer año marcado por la crisis sanitaria provocada por el coronavirus, el territorio estatal documentó 937 carpetas; para el siguiente año creció a mil 043; en 2022, cuando se eliminaron las medidas sanitarias, hubo 664 ilícitos denunciados; el año pasado el dato repuntó a mil 132 robos.
La Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos castiga a quienes sustraigan hidrocarburos, petrolíferos, petroquímicos, de ductos, vehículos, equipos, instalaciones o activos, sin derecho y sin consentimiento de asignatarios, contratistas, permisionarios, distribuidores o de quien pueda disponer de ellos con arreglo a la ley.
Las sanciones dependen de la cantidad de litros que hayan sido apropiados de manera irregular, pero van desde 4 a 12 años de prisión y una multa de 4 mil a 17 mil veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización vigente.