Por primera vez en la última década, Puebla fue la entidad peor evaluada en todo el país en el Índice de Desarrollo Democrático México 2022 (IDD-Mex), que elaboraron cinco organizaciones internacionales, entre ellas el Instituto Nacional Electoral (INE). Entre las principales deficiencias expuestas están, la escasa inclusión ciudadana en la generación de políticas públicas, la poca transparencia y estrategias de gobierno abierto, así como la insuficiente participación de mujeres y población indígena en las decisiones políticas.
Para la realización de esta evaluación, que se realiza anualmente desde el año 2010 y que fue actualizada en enero pasado, fueron definidos tres parámetros: democracia ciudadana, institucional, social y humana, y económica.
Según la metodología empleada, la información presentada se obtuvo a través de datos de acceso público y encuestas. Así, se determinó que Puebla alcanzó, durante la gestión del exgobernador Miguel Barbosa Huerta, un puntaje general de cero, cuando 10 era la cifra más alta. Esta es la primera ocasión en la que la entidad figura al final del listado, pues, aunque en 2021 la calificación fue de 1.4, nunca antes había sido cero.
Así, el estado quedó atrás de Chiapas, Guerrero, Morelos y Michoacán, que fueron los peor evaluados.
Categorías analizadas en evaluación de desempeño democrático 2022
Aunque en la mayoría de los rubros analizados los resultados fueron negativos, destacó que en la categoría Democracia de los Ciudadanos, donde se midieron libertades civiles, así como la adhesión política de la población, entre otros factores, la entidad poblana se colocó en la posición décimo cuarta a nivel nacional, con un puntaje de 4.96.
Sin embargo, el documento estableció que Puebla guarda importantes retos en la materia, pues define que no está garantizada la equidad de género en las instituciones democráticas todavía y los derechos políticos de las personas se encuentran rezagados.
En contraste, en la categoría Democracia de las Instituciones el estado poblano fue el que tuvo la calificación más deficiente en todo el país, exactamente de 1.67 puntos. Según el IDD-Mex, se requieren, con urgencia, políticas públicas de rendición de cuentas, así como mecanismos para fortalecer la autonomía, calidad y efectividad de las instituciones de los tres poderes del Estado poblano.
Por su parte, la dimensión denominada Democracia Social representó una condición de desventaja para la entidad poblana, dado que incluso obtuvo un puntaje negativo, de -1.8. Aunque el desempeño en salud y educación no fue completamente deficiente, lo que afectó gravemente al estado fue el aumento de pobreza y la mortalidad infantil. A nivel nacional, hubo dos estados con evaluaciones inferiores a las de Puebla en ese rubro: Tabasco y Chiapas.
La última categoría, Democracia Económica, midió la actuación del Estado poblano junto al sector productivo para la recuperación financiera. En este escaño la entidad obtuvo una calificación de -2, solo detrás de Guerrero, que obtuvo un puntaje de -2.4.
De acuerdo con el análisis, el Producto Interno Bruto (PIB) de Puebla, que, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), fue de 542 mil 719 millones de pesos en 2021, se encuentra dentro de los 15 más altos a nivel nacional.
Sin embargo, las deficiencias en ese sentido fueron, más bien, la insuficiencia de competitividad del Estado poblano frente a la sociedad, la autonomía financiera y la falta de inversión necesaria para consolidar un mejor desempeño frente a la economía nacional.
Cabe recordar que la última vez que el estado mejoró sus resultados en el IDD-Mex fue en 2012, cuando la calificación fue de cinco. Posteriormente, en 2019 y 2020 los puntajes fueron de tres y cuatro, pero en 2021 descendieron radicalmente a cero.
Oportunidades
Entre las recomendaciones que estipula el documento hacia el Estado poblano, se encuentran el fortalecimiento al respeto de los derechos políticos, mayor inclusión de población indígena en candidaturas y puestos de toma de decisiones; definir procesos de transparencia y gobierno abierto funcionales, además de asegurar la equidad en la participación de mujeres y otros grupos sociales que han sido afectados de forma sistemática por las condiciones de desigualdad política y social.
Del mismo modo, se sugiere profundizar la atención de la pobreza, y se aconseja optimizar la asignación y el uso de recursos en materia educativa y de salubridad. Asimismo, se recomienda identificar y atender las condiciones que agudizan la mortalidad infantil.
Por último, invita al gobierno estatal a promover políticas públicas que busquen aumentar el PIB per cápita, pero también que amplifiquen la competitividad de la inversión pública, y que se atraigan mayores oportunidades de inversión. Aunado a ello, y de forma especial, se propone optimizar la recaudación local para lograr una autonomía financiera.
Finalmente, cabe mencionar que, además del INE, las organizaciones que participaron en la elaboración del estudio fueron, las consultoras Konrad Adenauer Stiftung y PoliLat, así como el Centro de Estudios Políticos y Sociales (CEPOS) y la Unión Social de Empresarios de México (USEM).