Con mil 045 casos de comercialización o extracción ilegal de hidrocarburo de enero a noviembre de este año, Puebla rompió récord en el reporte de estos ilícitos del fuero federal.
Con esta cifra, y a un mes de que concluya el año, la entidad poblana rebasó el registro de averiguaciones de los últimos tres años, desde 2020, año marcado por la crisis del coronavirus.
De acuerdo con el informe de acceso público del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), durante los 11 meses de este año se abrieron más de mil carpetas de investigación en territorio estatal por delitos del fuero federal relacionados con la extracción ilegal, compra, distribución y/o comercialización de hidrocarburo.
La cifra fue la más alta de los últimos años, pues en contraste con el año inmediato anterior, el aumento fue de 391 carpetas, lo que significó un 59.7 por ciento.
Respecto al total de 2021, la diferencia es de apenas dos delitos relacionados con el robo ilegal de combustible; y un aumento de 108 carpetas, 11.5 por ciento, de las 937 carpetas que se iniciaron en 2020.
Sin embargo, el dato aún es menor respecto a las mil 481 averiguaciones iniciadas en 2019, cuando el gobierno federal inició con el registro de información.
Tercer lugar nacional
Además, los mil 045 casos reportados entre enero y noviembre del año en curso reafirmaron a Puebla como el tercer estado del país con más delitos relacionados con la sustracción ilegal de hidrocarburo, infringiendo la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos. A Puebla sólo le antecedió Hidalgo con mil 444 y Estado de México con mil 179.
A nivel nacional, el Secretariado Ejecutivo contabilizó en dicho periodo un total de siete mil 844 violaciones a la ley en materia de hidrocarburos.
Cabe mencionar que la ley del fuero federal castiga a quienes sustraigan hidrocarburos, petrolíferos, petroquímicos, de ductos, vehículos, equipos, instalaciones o activos, sin derecho y sin consentimiento de asignatarios, contratistas, permisionarios, distribuidores o de quien pueda disponer de ellos con arreglo a la ley.
Las sanciones dependen de la cantidad de litros que hayan sido apropiada de manera irregular, pero van desde 4 a 12 años de prisión y una multa de 4 mil a 17 mil veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización vigente.