El estado de Puebla se ubicó en el segundo lugar nacional por registrar más personas defensoras de los derechos humanos que fueron ejecutadas extraoficialmente, con un total de tres hechos de este tipo, así lo reveló el informe que publicó el Comité Cerezo México. El grupo indicó que todas las muertes fueron resultado del caso Coyomeapan.
El Comité Cerezo México, es una organización de promoción de los Derechos Humanos de víctimas de la represión por motivos políticos en México y de acuerdo con su página oficial, tienen un carácter civil, autónomo, laico e independiente. Para este 10 de enero, publicaron su informe “Personas defensoras de Derechos Humanos ejecutadas extrajudicialmente en el 2022” y estos fueron los resultados:
El estado de Oaxaca fue el que encabezó dicho listado, con un total de 10 ejecuciones, el segundo puesto lo obtuvo el territorio poblano con tres casos, le siguió Michoacán con dos asesinatos y los siguientes estados enlistaron un caso respectivamente, Tlaxcala, Sinaloa, Morelos, Hidalgo, Guerrero, Chihuahua, y Baja California.
“Como cada año, Oaxaca, bajo el gobierno priista, se destaca con el mayor número de víctimas de ejecuciones extrajudiciales con diez casos, le sigue Puebla bajo el gobierno del recién fallecido gobernador de Morena (Luis Miguel Barbosa Huerta) con tres casos y Michoacán, también con gobierno de Morena con dos casos, los siete estados restantes tienen un solo caso cada uno. Es de notar que el gran ausente de esta lista es el estado de Chiapas, el cual, siempre aparecía, en años anteriores entre los tres primeros lugares”, se pudo leer en el informe.
Las tres víctimas poblanas fueron originarias de Coyomeapan: Teófilo Barrera Herrera que tenía 24 años de edad, Marcelo Carrera Reyes que tenía 45 años al momento de su muerte y Omar Herrera Raymundo con tan sólo 15 años de edad. Todos ellos eran considerados indígenas nahuas y murieron en un enfrentamiento con policías estatales.
En su momento, el ex gobernador del estado de Puebla, Luis Miguel Barbosa Huerta, dijo que este enfrentamiento tenía un origen político y que los pobladores de Coyomeapan estaban inconformes con los resultados electorales.
“Desde la campaña se expresaron con mucha violencia, y después los resultados no los aceptaron y hay un conflicto ahí muy fuerte que hay que resolver también políticamente, pero hoy es jurídico y es de seguridad pública y es impedir que se propale la impresión que sólo a través de armas se van a resolver los conflictos sociales”, dijo en su momento.
Posteriormente, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) hizo un llamado a fortalecer la investigación sobre los hechos violentos contra integrantes de la comunidad de Coyomeapan ocurridos el pasado 9 de mayo, en el que fallecieron tres personas de la comunidad indígena nahua, incluido un líder de la localidad, un menor de edad, además de que otras seis personas resultaron gravemente heridas.
