Puebla se colocó como el segundo estado en el país con más recomendaciones por violaciones a derechos humanos cometidas por empresas privadas y públicas, de acuerdo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
En la recomendación general número 37, el organismo nacional señaló que Puebla contabilizó cuatro recomendaciones desde 1900 a diciembre de 2018 por agravios de este tipo.
La primera recomendación se encuentra registrada en el expediente 101/1992 y fue hacia el Secretario de Desarrollo Urbano y el presidente municipal de Tehuacán, debido a que una fábrica maquiladora arrojó compuestos químicos al drenaje que afectó a la comunidad, además de incurrir en contaminación de aire por químicos usados, fugas de gas y contaminación auditiva, lo que causó afectaciones graves de salud en las personas.
La segunda está en el expediente 10/2017 y fue dirigida al Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el director general de Conagua, Procurador Federal de Protección al Ambiente, los gobernadores del estado de Puebla y Tlaxcala, así como a los alcaldes de San Martín Texmelucan, Huejotzingo, Tepetitla, Nativitas e Ixtacuixtla, por la existencia de contaminación ambiental de la sub-cuenca hidrológica de los ríos Atoyac y Xochiac y sus afluentes.
Lo anterior presuntamente derivado del desarrollo industrial y crecimiento desmesurado de la región.
La tercera recomendación 51/2017 fue hacia el Instituto Nacional de Migración debido a que en 2006 personal de este organismo se constituyó en las instalaciones de la Estación Migratoria en Puebla; en el lugar se encontraron 17 hombres adolescentes centroamericanos, quienes al ser entrevistados dijeron que al ingresar a la estación los guardias de seguridad privada los obligaron a desnudarse y hacer sentadillas en cuyo proceso no estuvo ningún servidor público del INM.
El cuarto expediente 3/2018 fue dirigido a los titulares de la Semarnat, Comisión Federal de Electricidad (CFE) y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), porque en 2010 la Secretaría de Energía determinó instalar una central de ciclo combinada en Morelos, originando un proyecto que incluye la construcción de termoeléctricas.
El proyecto provocó la inconformidad de comunidades en los estados de Puebla, Morelos y Tlaxcala por las repercusiones ambientales. En 2012 pobladores de Huexca realizaron un plantón y ocasionaron que fueran agredidos por elementos de seguridad pública.
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