Por segundo año consecutivo, el Índice de Estado de Derecho elaborado por el World Justice Project (WJP) posicionó a Puebla como la sexta entidad del país con las carencias más significativas en materia de justicia, división de poderes y derechos humanos de todo el país durante 2022. Ante ello, especialistas advierten que las instituciones de impartición y procuración de justicia no están lo suficientemente fortalecidas para cumplir sus funciones.
Como parte de su análisis sobre el respeto a las garantías individuales durante 2022, el WJP resolvió que la entidad poblana se mantuvo sin cambios respecto a la evaluación de 2021, es decir, no hubo avances, pero tampoco retrocesos en ese sentido. El resultado fue difundido este día, como cada año desde hace un lustro, por dicha organización internacional.
La abogada por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) y maestra en Derecho Penal por el Centro de Estudios de Posgrado (CEP), Keren Elizabeth Reyes Castro, considera que esta condición evidencia que Puebla permanece estancada en la materia.
Aunque reconoce que hubo ligeros avances en ciertas mediciones, sobre todo en temas regulatorios, la especialista señala que son poco significativos, pues ni siquiera esos resultados hicieron que la entidad mejorara su desempeño.
“Si bien, es cierto, no tenemos un avance significativo, hubo mejoras respecto al año pasado. El tema de justicia penal, justicia civil y cumplimiento regulatorio. Hay avances, [pero] me gustaría que fueran más grandes, pasos más agigantados, pero no es así, la realidad es que en Puebla vamos avanzando poco”, opina.
Y es que para emitir una resolución final, el estudio evalúa ocho factores: límites al poder gubernamental, ausencia de corrupción, gobierno abierto, derechos humanos, orden y seguridad, cumplimiento regulatorio, justicia civil, así como justicia penal.
Cada factor es calificado por sí solo, y ello impacta al puntaje final, el cual, en este caso, es de 0.38, siendo 1 el máximo. Para ponerlo en retrospectiva, el puntaje de Puebla en 2021 fue de 0.37, es decir, la situación mejoró escasamente una centésima en 2022, año en que gobernó Miguel Barbosa Huerta.
El parámetro peor evaluado en el reporte fue el de división de poderes, es decir, en 2022 los contrapesos institucionales fueron exiguos. Por otra parte, la protección de derechos humanos, cualidad que llevó a la entidad a tener la segunda calificación más baja del país, ni siquiera tuvo cambio alguno. Algo similar ocurrió con la categoría de gobierno abierto, en la que, pese a que se mantiene en décimo lugar, tampoco hubo cambios con respecto al año anterior.
El resto de elementos presentó ligeras mejoras con relación a 2021, sin embargo, dicho comportamiento sólo ayudó a la entidad a escalar algunas posiciones en la evaluación general.
Los estados que obtuvieron el mejor puntaje fueron Querétaro, Guanajuato, Aguascalientes, Yucatán, Sinaloa y Baja California Sur. Del lado opuesto, los más bajos fueron Quintana Roo, Ciudad de México, Guerrero, Estado de México, Morelos y Puebla.
Raíz del fenómeno
Reyes Castro, quien además es fundadora de la consultoría jurídica con perspectiva de derechos humanos, Sidecali, A.C., apunta que el estancamiento de Puebla en la preservación del Estado de Derecho es consecuencia de las carencias que atañen al sistema judicial poblano.
Desde su perspectiva, la impartición y procuración de justicia fracasa en ocasiones frente a la ausencia de una estrategia para fortalecer el sistema. Factores como la capacitación, el aumento de recursos e infraestructura, así como de los mecanismos de evaluación del personal institucional, son importantes áreas de oportunidad para el Estado poblano.
Además, la escasa sensibilización y preparación de quienes integran el sistema de justicia, desde policías hasta ministros, muchas veces hace que la percepción ciudadana sobre la preservación de la legalidad sea marginal.
Como litigante, Reyes Castro sostiene que la ciudadanía de a pie percibe, en su mayoría, que el sistema judicial no funciona igual para todos, condición que es provocada por este tipo de carencias. Inclusive, por experiencia, asegura que varias agencias de la Fiscalía General del Estado (FGE) ni siquiera hacen cumplir sus propios protocolos en materia de investigación, cometiendo muchas veces revictimización.
“Se han hecho avances, pero, un ejemplo, anteriormente se hablaba de que la FGE era la peor evaluada del país, ¿por qué? Porque hacía falta atención a las víctimas y se generó una revictimización”, comenta.
Por si esto fuera poco, en algunos ministerios públicos no hay siquiera herramientas físicas para que los funcionarios cumplan con sus funciones básicas.
“Nos encontramos con obstáculos para el acceso a la justicia. Para presentar una denuncia. en ocasiones, nos tardamos ocho horas. Actualmente ya no es tanto, pero aún, así nos tardamos. Otro tema, para que se realicen o emitan periciales es un tema muy fuerte en el estado, se tiene que disponer de personal suficiente y, en ocasiones, un mismo perito atiende toda una fiscalía. Es tremendo”, comparte.
Por ello, pese a que en 2022 hubo avances importantes en la materia, la abogada de la BUAP defiende que aún queda más por hacer. Algo que al Estado poblano le hace falta es volverse cercano a la población, y esto no se logra sólo con audiencias públicas, sino que se requieren verdaderos mecanismos de participación social, enfatiza la especialista.
Mayor capacitación
Ante el rezago detectado por el WJP en la preservación de derechos humanos fundamentales, la doctora en Derecho por la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UAT) e investigadora del Tecnológico de Monterrey campus Puebla, Gabriela Moreno Valle Bautista, enfatiza que el Estado poblano debe cumplir con su responsabilidad de fortalecer a sus instituciones.
“El Estado debe fortalecerse, pero, la ciudadanía, tenemos que conocer nuestros derechos y saber a dónde acudir cuando se nos violan [los derechos] (...) Se requiere capacitación constante y profesional. ¿Quién está dando esa capacitación a funcionarios? (...) El Estado debe asumir su obligación constitucional y convencional de capacitar a su personal”, declara.
La experta, quien además ha litigado en casos de defensa de los derechos humanos, asegura que los organismos ministeriales en la entidad muchas veces ni siquiera capacitan a su personal en temas de género o infancias, por mencionar algunos, cometiendo graves errores en los procesos.
Análogamente, la falta de condiciones laborales dignas para el personal del Poder Judicial, así como de la FGE, puede dañar el cumplimiento de la ley. Indica que la capacitación de los funcionarios es un derecho laboral, el cual muchas veces es ignorado por la autoridad.
“Los derechos humanos cuestan mucho dinero. Se necesitan salarios dignos, capacitación digna, instalaciones dignas para el personal. No puede ser que en una agencia el Ministerio Público no haya agua o no tengan hojas para sacar copias, eso también es importante en la administración de justicia”, refiere.
Por otra parte, la académica agrega que eventos adversos ocurridos el año pasado, como el hallazgo del cadáver de un bebé en el penal de San Miguel, o el linchamiento de Daniel Picazo en Huauchinango, empeoraron la percepción sobre legalidad en el estado. Esta condición es evidente en el rezago evidenciado por el Índice de Estado de Derecho 2022-2023, asegura.
Inestabilidad política
Por otro lado, la maestra en Gestión Pública por la Universidad Complutense de Madrid y directora de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno (ECSG) del Tecnológico de Monterrey campus Puebla, Maribel Flores Sánchez, detecta que la condición poco favorable que se le asignó en el estudio del WJP está relacionada a la variación política que vive el estado desde 2018.
En entrevista, la académica señala que la “judicialización del proceso electoral” de ese año, cuando el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) es quien legitima el triunfo de Martha Erika Alonso Valle, se constituyó como un acto que influyó negativamente en la percepción de democracia.
Aunado a ello, el fallecimiento de la exgobernadora, la elección extraordinaria de 2019, donde fue electo Barbosa Huerta; así como el deceso del exmandatario, y el eventual nombramiento del gobernador sustituto, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, fueron actos que interrumpieron el ciclo de gobernabilidad en la entidad, asegura Flores Sánchez.
“Ha sido muy complejo, porque hemos tenido gobernador provisional, interino, sustituto y constitucional. Eso también afecta, sobre todo, a las instituciones que [adquieren] mayores retos”, comenta.
Retos en división de poderes
Para que Puebla deje de ser una de las entidades con los contrapesos más débiles en todo el país, se requiere fortalecer la autonomía de las instituciones, especialmente las que se fundan a través de la voluntad popular, enfatiza Flores Sánchez.
Desde su perspectiva, el proceso electoral de 2024 debe funcionar para tener poderes Ejecutivo y Legislativo más independientes, es decir, el voto popular será el que determine la autonomía de estos órganos del Estado.
Defiende que, según lo analizado por el WJP en 2022, hace evidente que no sólo no hay suficientes límites al poder gubernamental, sino que el propio Estado hace que otros actores, como la prensa libre, sean afectados por esta falta de autonomía.
Robustecer mecanismos anticorrupción
En el Índice de Estado de Derecho 2022-2023 destacó que Puebla redujo la corrupción en las instituciones. Esta condición es favorable, pero no es suficiente para alcanzar una condición idónea, expone Flores Sánchez.
Desde su punto de vista, la corrupción “sigue siendo un lastre” en la sociedad poblana, la cual no sólo es provocada por entes públicos, sino también por particulares.
Defendió que, aunque desde 2021, Puebla cuenta con una Política Estatal Anticorrupción, su aplicación ha enfrentado varios retos importantes. Por ejemplo, el Comité Estatal de Participación Ciudadana (CEPC), que es el órgano ciudadano del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), lleva varios meses incompleto ante la falta de nombramientos desde el Congreso local.
“La corrupción afecta el desempeño de nuestras instituciones. Se deben fortalecer, y por eso se tiene que impulsar una estrategia amplia e integral. Tenemos un Sistema Nacional y Estatal Anticorrupción, lo que esperaríamos es que funcionaran, que se robustecieran y no que se debiliten, porque cuando se ataca a estas instituciones, se debilitan”, defiende.
Finalmente, la especialista resalta que la voluntad política es, esencialmente, lo que la entidad requiere con urgencia para aminorar el rezago existente en materia de Estado de Derecho.
