Sin reponer la Ley de para Proteger los Derechos Humanos, que regula el uso legítimo de la fuerza por parte de los elementos de las instituciones policiales del estado de Puebla, mejor conocida como “ley bala”, el Congreso del Estado dio respuesta a las observaciones realizadas por el gobernador, Antonio Gali Fayad, y ratificó la eliminación de esta ley, al mismo tiempo de que hizo reformas a la Ley de Seguridad Pública para subsanar cualquier vacío legal.
Los cambios se aprobaron por unanimidad de votos por parte de los diputados de todas las fuerzas políticas y se espera que estos cambios sean publicados en el Periódico Oficial del Estado para que entren en vigor.
Dentro de las modificaciones a la Ley de Seguridad Pública destaca que se agrega el capítulo quinto, en donde se detallan todos los artículos relacionados con la reglamentación del uso de la fuerza pública y se delega al titular de la Secretaría de Seguridad Pública para que emita el reglamento correspondiente.
En los transitorios también se agrega que el Gobierno del Estado incluya las adecuaciones presupuestales en el Paquete Económico 2019 a fin de cumplir las nuevas disposiciones en la ley de la materia.
Al respecto, el presidente de la Mesa Directiva, José Juan Espinosa Torres, aseguró que con estas modificaciones el Gobierno del Estado no tiene argumentos para decir que le “corrigieron la plana” a los diputados, pues señaló que no es necesario reponer una “ley bala”, así como el hecho de que la regulación del uso de la fuerza pública se puede normar desde la Ley de Seguridad y los reglamentos de las corporaciones policíacas.
“Lay ‘ley bala’ se abroga y no existe ley supletoria. El argumento jurídico que pretendió utilizar Diódoro Carrasco Altamirano se va a la basura; no aprobamos una ley supletoria, como ellos pretendían. En estas vencidas que quiso jugar el titular del Ejecutivo del estado él perdió, él quiso jugar vencidas con el Congreso del Estado”.
Por su parte, el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Gabriel Biestro Medinilla, expuso que con esta reforma se garantiza que el uso de la fuerza pública se implemente como última instancia y bajo los protocolos establecidos en la ley.
“Uno de los puntos principales es que el uso de la fuerza solo se va a dar como última instancia y, como dicen los protocolos, tienen que basarse en los principios de viabilidad, necesidad y proporcionalidad y esto quiere decir que no se va a llegar a reprimir a la gente”.