La periodista y activista Lydia Cacho, quien fue víctima de tortura, rechazó la postulación de Víctor Manuel Sánchez Ruiz, ex contrarlo en la administración de Mario Marín, al Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) de Puebla. Cacho, consideró que esta candidatura es un claro ejemplo del regreso del marinismo a la política de Puebla.
“Estamos presenciando cómo el viejo PRI, marinista de Puebla, vestido de otro color, impone al ex contrarlo que tapó la corrupción y los abusos de poder criminales de Mario Marín”, afirmó la periodista a través de su cuenta de X.
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Víctor Manuel Sánchez Ruiz, quien fue exsecretario de Desarrollo, Evaluación y Control de la Administración Pública (Sedecap) y contralor en el gobierno de Mario Marín, fue señalado por su falta de acción ante las denuncias de abusos de poder durante esa administración. En el caso de Lydia Cacho, que involucró una denuncia de tortura y abuso por parte del gobierno estatal, se negó a investigar las acusaciones contra las autoridades poblanas.
No solo en este caso, sino también cada vez que representantes de la sociedad civil, asociaciones o partidos políticos fuera del PRI exigieron investigaciones sobre actos de corrupción vinculados al gobierno de Marín, se mostró omiso y no actuó para esclarecer los hechos.
Además de su papel como contralor, Sánchez fue auditor especial de la Auditoría Superior del Estado (ASE) en 2021, donde estuvo a cargo de las indagatorias sobre la presunta compra irregular de despensas durante el gobierno de Claudia Rivera Vivanco, un caso que también fue objeto de controversia.
El proceso de selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción está en marcha, y la Comisión de Selección reveló que uno de los perfiles propuestos para ocupar el puesto vacante es el de Sánchez Ruiz. Esta elección busca suplir a Eira Zago Castro, quien dejará su cargo el próximo 15 de noviembre después de cinco años de gestión.
Por su parte, Vania Pérez, integrante del Comité de Participación Ciudadana, publicó un comunicado en el que ella, y otros consejeros, rechazaron la candidatura de Sánchez Ruiz, señalando su historial de omisiones y las acusaciones de corrupción en su contra, incluida su actuación durante el caso de Lydia Cacho.
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En el documento, los miembros del Comité afirmaron que las denuncias que pesan sobre él lo descalifican para ocupar un puesto que debe exigir "integridad y compromiso". "¡Puebla merece representantes intachables!", concluyó el comunicado.
¿Cómo ocurrieron los hechos en el caso de Lydia Cacho?
En 2005, la periodista publicó el libro "Los Demonios del Edén", en el que denunció una red de pederastia y prostitución infantil en México. Involucró a empresarios y figuras públicas.
Uno de los nombres más relevantes mencionados en el libro fue el de Jean Succar Kuri, un empresario con conexiones internacionales. La investigación reveló vínculos con personajes poderosos.
Tras la publicación del libro, Lydia Cacho fue detenida el 16 de diciembre de 2005 por la policía de Cancún, en lo que parecía ser una represalia por su investigación.
Fue arrestada en un operativo que violó varias garantías constitucionales, y fue trasladada de forma ilegal a Puebla, donde fue torturada y humillada. La detención fue vista como una venganza política, orquestada por el gobierno de Marín para frenar la denuncia de Cacho.
En las grabaciones filtradas en 2006, se escucharon conversaciones entre el entonces gobernador Marín y Kamel Nacif, un empresario textil que también estaba involucrado en el escándalo de abuso infantil.
En una de las conversaciones, Nacif felicita a Marín por la detención de Cacho, lo que desató la indignación nacional y convirtió al ex mandatario en una figura controvertida.
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A pesar de la evidencia en contra, como las grabaciones telefónicas y las denuncias de tortura, la justicia en el caso fue tardía. En 2019, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó una sentencia contra el Estado mexicano, reconociendo las violaciones a los derechos humanos de Lydia y la responsabilidad del gobierno de Mario Marín en los hechos.
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Aunque Marín y otros implicados fueron señalados públicamente, el caso sigue siendo un ejemplo de la impunidad y la corrupción política en México, y un recordatorio de los peligros que enfrentan los periodistas en su labor de investigar y denunciar la corrupción y los abusos de poder.
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