Tras darse a conocer la iniciativa propuesta por las diputadas locales Laura Ivonne Zapata y María Ruth Zárate en el Congreso de Puebla para erradicar el acoso escolar, integrantes de la sección 23 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), manifestaron su rechazo ante esta iniciativa.

Las legisladoras presentaron una propuesta ante el Congreso para buscar la aprobación de sancionar hasta con 48 mil pesos y dos años de prisión a docentes en la entidad que permitan u omitan intervenir en casos de acoso escolar en Puebla.

Ante la situación, la SNTE informó mediante un comunicado que se encuentra en desacuerdo con dicha propuesta, y fue por ello que extendieron un documento con su inconformidad ante el diputado Sergio Salomón Céspedes el pasado 25 de julio.

“Dicha iniciativa no tiene un carácter formativo, y solamente tiene el propósito de establecer penas de prisión y criminalizar la labor educativa de los agremiados a esta organización sindical”, se lee en el comunicado.

Aunado a ello, en el documento presentado ante el diputado, el gremio magisterial expresó que esta propuesta atenta no solo contra los derechos humanos de los estudiantes sino también de los docentes, a quienes pretenden suspender su papel transformador en la sociedad.

Acusan la iniciativa como innecesaria

En el oficio emitido por la sección 23 de la SNTE ante el Congreso, dirigido a Sergio Salomón Céspedes, presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política de la LXI Legislatura, expresan como innecesaria la propuesta de ambas diputadas debido a que ya existen ordenamientos vigentes para la prevención del acoso escolar.

De acuerdo con el gremio, la Ley de Seguridad Integral Escolar para el Estado Libre y Soberano de Puebla establece que la Secretaría de Educación cuenta con la obligación de capacitar a los profesores para la identificación y prevención de conflictos escolares.

Aunado a ello, expresaron que además de dicha ley ya existen otras regulaciones federales y locales que establecen ordenamientos para la correcta atención y sanción por actos de violencia, maltrato y acoso que se realicen al interior de los planteles educativos.

“Innecesario y redundante legislar respecto a responsabilidades de profesores, directivos y demás trabajadores de la educación, notándose además un sesgo de estigmatización al grado de ya criminalizarlos”, se lee en el oficio dirigido a Céspedes Peregrina.

Por otra parte, el SNTE subrayó que emplear el término “acosador” hacia los alumnos que ejercen violencia dentro de las aulas es estigmatizante, lo que presuntamente convierte la postura de las diputadas contradictorio, puesto que su deber es privilegiar el interés de la niñez.

En ese tenor, el gremio resaltó que al rechazar esta iniciativa en particular no significa que estén en contra de la expedición de nuevos documentos, iniciativas o procedimientos que busquen favorecer al sector educativo, y que consoliden la erradicación del acoso escolar en las escuelas poblanas, sino que al hacerlo no afecten a los docentes que buscan contribuir al desarrollo integral de los estudiantes.

“Todos los días trabajamos para que se generen entornos escolares seguros y libres de violencia, destacando siempre el principio del interés superior de niñas, niños, adolescentes y jóvenes para que las instituciones educativas sean armónicos y de convivencia”, concluyó el sindicato.