Transportistas protestaron en Casa Aguayo para exigir al Gobierno del Estado su reconocimiento como accionistas de la línea 1 de la Red Urbana de Transporte Articulado (RUTA) y más de 400 millones de pesos como pago de utilidades.
Juan Cervantes, en representación de los más de 500 permisionarios de las diferentes rutas de transporte colectivo que fueron desplazadas en el año 2013 para dar paso al sistema de transporte, explicó que desde aquel año emprendieron la defensa legal de su patrimonio y que el 13 de diciembre de 2016 ganaron el juicio mediante el cual la justicia federal ordenó que sean reconocidos como socios accionistas de la RUTA 1.
De tal resolución, subrayó, los más de 500 permisionarios a los que les revirtieron sus concesiones deben ser reconocidos como parte de la Sociedad Anónima Promotora de Inversión (SAPI) que es la figura empresarial propietaria de este sistema de transporte, así como pagarles los más de 400 millones de pesos que les adeudan como utilidades de la operación del mismo.
Y es que denunció Carreteras de Cuota de Puebla (CCP), el organismo descentralizado del Gobierno del Estado que opera la línea 1 de la RUTA, se ha negado desde aquella fecha a cumplir con la resolución.
“Cuando CCP ya se sienten presionados cambian al jefe y otra vez es volver a empezar los diálogos con él porque siempre pone de pretexto que no le dejaron ningún documento y así han cambiado a tres, cuatro o cinco jefes en todos estos años”, abundó.
Juan Cervantes subrayó que los transportistas están esperando a recibir este sistema de transporte porque están dispuestos a encargarse de su operación, incluso con los mecanismos de modernización que contempla, como la programación de trayectos y el prepago, o en su defecto, a iniciar otro procedimiento legal en contra de la autoridad por incumplir la sentencia.
Finalmente, expresó su confianza en que una vez que se renueve el Gobierno del Estado.
