Durante el último año de gestión del ex gobernador Antonio Gali no hubo irregularidades en el ejercicio de los recursos y los provenientes del Fondo para el Fortalecimiento Financiero (Fortafin) se utilizaron de manera adecuada; corresponde al gobierno actual entregar la documentación correspondiente para solventar las observaciones que hizo la Auditoría Superior de la Federación (ASF), aseguraron ex funcionarios de la administración anterior.
Asimismo, explicaron a El Sol de Puebla que a partir de que la ASF remita el informe a la administración estatal, ésta cuenta con 30 días para entregar la documentación correspondiente y solventar las observaciones por 2 mil 189 millones de pesos del Fortafin, que no constituyen daño patrimonial porque con base en los expedientes se comprobará que los recursos se ejercieron de forma eficaz.
El pasado 31 de octubre la ASF presentó la segunda entrega de los informes de fiscalización de la cuenta pública 2018, en los que se advierte que durante ese año, el último de Antonio Gali, se presentó un probable daño patrimonial de 2 mil 526.6 millones de pesos, de los cuales 2 mil 189 millones de pesos provienen del Fortafin, destinado al pago de nómina.
Al respecto, ex funcionarios de la administración anterior detallaron que toda la documentación probatoria del uso de los recursos se encuentra en manos de la Secretaría de Planeación y Finanzas, por lo que este gobierno debe entregarla para que deje de considerarse como un probable daño patrimonial.
Incluso, se detalló que además del Fortafin, en el resto de los fondos existe la documentación comprobatoria del ejercicio adecuado de los recursos y en su momento cada dependencia o entidad de gobierno deberá entregarla a la ASF para que no se considere que hubo irregularidades.
En la auditoría de cumplimiento 2018-A-21000-19-1178-2019 1178-DS-GF numeral seis se destaca que el gobierno realizó la dispersión de los recursos para cada dependencia correspondiente al pago de nómina; de igual forma, se expone que la documentación no se entregó para terminar de solventar esas observaciones.
En su edición del 2 de noviembre, El Sol de Puebla publicó que la ASF señaló al estado de Puebla de ejercer de forma irregular 2 mil 526.6 millones de pesos durante el 2018, de los cuales, 2 mil 189 millones de pesos correspondieron al Fortafin, más del 85 por ciento de las observaciones totales.
El artículo 39 de la Ley de Fiscalización y rendición de Cuentas de la Federación señala que la ASF enviará los informes a las entidades fiscalizadas –el gobierno del estado- dentro de un plazo de 10 días hábiles siguientes a que se haya entregado en la Cámara y la administración tendrá 30 días hábiles para presentar la información que solvente las observaciones.
