/ martes 23 de julio de 2024

Reforma al Poder Judicial en Puebla: Temor al fracaso e incertidumbre de su aplicación

La Reforma al Poder Judicial ha sido objeto de debate y controversia en el país, Puebla no es la excepción

Al menos 29 magistrados de confianza y 150 juezas y jueces del estado de Puebla podrían ser electos mediante el voto popular en caso de que se apruebe y se homologue a nivel local la Reforma al Poder Judicial planteada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

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Especialistas y opositores advierten sobre lagunas legales y la llegada de personajes sin experiencia, en tanto, los diputados electos por Morena desconocen cómo se aterrizará, pero aprovecharán su mayoría en los congresos para aprobarla en el pleno.

No se sabe si estos servidores judiciales serán reemplazados por los nuevos personajes que serán votados en urnas, si se quedarán en su cargo hasta que se jubilen y si también habrá modificaciones al Consejo de la Judicatura de cada territorio como plantea la iniciativa federal.

¿Qué es la reforma al Poder Judicial?

La reforma al Poder Judicial se refiere a los cambios y modificaciones que el gobierno del presidente López Obrador ha buscado implementar en el sistema judicial de México. Entre los principales puntos destacan la independencia y autonomía judicial, ya que se quiere asegurar que los jueces y magistrados puedan ejercer sus funciones de manera imparcial y sin influencias externas.

Pretende establecer mecanismos más efectivos para prevenir la corrupción y asegurar la rendición de cuentas. También se busca promover la transparencia y facilitar el acceso de la población a una justicia pronta y expedita.

Los cargos se podrán elegir con el voto popular, como pasa con diputados, alcaldes, gobernadores, así como el presidente, por lo que puede convertirse en la primera elección por voto popular de todos los cargos judiciales federales y se realizaría en junio de 2025.

La pretendida reforma ha sido objeto de debate y controversia en el país, con opiniones diversas sobre su impacto real y su implementación efectiva. Puebla no es la excepción.

En Puebla, hasta el primer trimestre del año, el Poder Judicial del Estado de Puebla tenía 29 magistrados de confianza, 23 magistrados pensionados que seguían en la nómina y 119 juezas y jueces, esta información se obtuvo a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) en su apartado de “sueldos”.

A esto se le suma que el pasado 18 de junio, el organismo anunció que tomaron protesta 31 nuevos jueces de primera instancia e interinos, es decir, que, si se llega a aprobar la iniciativa de reforma y se replica a las entidades federativas, estos servidores judiciales podrían ser contemplados.

Incertidumbre en su aplicación, pero con predicciones de éxito

En entrevista con El Sol de Puebla, Claudia Rivera Vivanco, diputada federal electa por Morena, dijo que la ciudadanía necesita un sistema de justicia que realmente dé eso: justicia, ya que, en los últimos años, hay cientos de quejas de que este organismo no trabaja adecuadamente.

Aceptó que hay muchos aspectos que se tienen que mejorar en el país, como la seguridad, pero recordó que cuando hay detenciones, muchas veces los delincuentes salen libres o no tienen condenas ejemplares a causa de los jueces.

Se desconoce el motivo por el cual los jueces toman sus decisiones, pero ante este contexto, modificar su esquema de designación y permitir la elección mediante el voto popular podría ayudar a eliminar esos vicios o los nexos que llegan a tener con delincuentes, agregó.

Nuestro país tiene 3 poderes, el Ejecutivo, Legislativo y Judicial, pero solamente dos de estos se eligen popularmente, es decir, tiene que salir y presentarse con el pueblo, decir quiénes son y ganarse la confianza (…) ahora lo que se está proponiendo es que este tercer poder también sea electo popularmente explicó.

Otro punto por el cual cree que esta reforma funcionará es porque uno de los objetivos del Poder Judicial es la justicia expedita, es decir, que se de resolución de conflictos y casos legales de manera rápida y sin demoras innecesarias. Actualmente hay casos en donde los señalados pasan años sin tener una condena.

La reforma prevé nuevas reglas procesales, como establecer plazos máximos para las penas, limita amparos, controversias y acciones de constitucionalidad.

La reforma al Poder Judicial es solamente 1 de 20 propuestas que se están planteando, pero esta es la que más ha generado tanta expectativa como polémica, pero son 20 que, en mi opinión, son necesarias y mejoran la distribución de los servicios, de la justicia y de los ingresos hacia el pueblo opinó.

Al preguntarle cómo se aterrizará en el territorio poblano, comentó que una vez que se avale en lo federal, cada estado tendrá que hacer sus propias reformas para elegir por voto a sus jueces locales. No obstante, en los diálogos que se han hecho se propone que el Poder Ejecutivo proponga a 10 perfiles, el Legislativo a otros 10 y el Judicial también sugiera a nuevos o viejos personajes.

Aún se desconoce si estos servidores judiciales seguirán en su cargo si se llega a aprobar la reforma, si serán reemplazados y en su lugar llegarán los nuevos que sean votados. “Se están terminando los foros para analizar y definir cuál será la mejor vía para los cambios, si van escalonados o algunos plantean que puedan ser hasta que se jubilen, esos criterios hay que irlos puliendo y se tendrán de definir”, expuso.

No se sabe si estos servidores judiciales serán reemplazados por los nuevos personajes que serán votados en urnas. Foto: Julio César Martínez / El Sol de Puebla

La justicia expedita es fundamental para garantizar la confianza en el sistema judicial

Norma Pimentel, diputada local electa por el Partido Verde Ecologista, también avaló la reforma al Poder Judicial. Desde su óptica, combatirá la corrupción, generará cercanía entre los servidores y cumplirá su meta, que es brindar justicia pronta, expedita y gratuita.

¿Cómo se logrará esto?, para la también abogada, estos puntos se alcanzarán debido a que la nueva reforma planeta un nuevo órgano de sanción, en donde habrá amonestaciones, suspensiones, multas, destituciones e inhabilitaciones para los perfiles que caigan en corrupción o que atrasen sin argumentos el trabajo.

Esta reforma lo que busca es devolvernos la justicia expedita. Lo expedito para mí, como abogada, se basa en dar certeza jurídica, de cuánto tiempo tendría que durar un juicio. Hoy sabemos que esta reforma da un plazo específico para la materia penal de un año y para otros asuntos de índole administrativa (…) los temas fiscales, se habla de seis meses, y esto creo que es la gran revolución que va a traernos, para que tengamos la certeza jurídica”, indicó.

Otro punto que celebró fue la sustitución del Consejo de la Judicatura Federal con dos nuevos órganos llamados Tribunal de Disciplina Judicial y Órgano de Administración Judicial.

Estaría investigando aquellos procedimientos en los que no solamente rebasaron los plazos, sino que hay presunción de alguna conducta violatoria a los principios procesales, derechos humanos o en su caso, que se pudieran tener elementos de corrupción. Sería un tercero que investigue, que sería este Tribunal de Disciplina Judicial y en su caso considerar que hubo una falta profesional o la ley y que ponga sanción agregó.

Para respaldar lo anterior citó el Índice de Estado de Derecho elaborado por el World Justice Project (WJP), que en su último reporte puso a Puebla como la sexta entidad del país con las carencias más significativas en materia de justicia, división de poderes y derechos humanos. Esto quiere decir que las instituciones de impartición y procuración de justicia no están lo suficientemente fortalecidas para cumplir sus funciones.

Sin embargo, tampoco tiene la ruta clara de cómo llegará a Puebla esta reforma, incluso dijo que sería muy apresurado debido a que el tema sigue debatiéndose en las mesas de diálogo.

Apenas estamos en el debate y análisis, dándole seguimiento a lo que está pasado a nivel nacional, y después tendremos un antecedente tanto en la reforma constitucional como en las demás reformas a la legislación secundaria y con esto se abrirán los análisis, el debate y el estudio en específico en lo que correspondería a las entidades federativas”, remató.

Población no está preparada para más cambios y se prevé fracaso

Julio Santos Lozano, litigante y académico del Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla, cree que hay mucha desinformación en torno a la iniciativa presidencial y es un tema muy complejo debido a sus tecnicismos, por tanto, a los ciudadanos les está costando entender qué está pasando y no estarán preparados para los cambios.

Indicó que esta reforma tendrá efectos en todas las entidades y se llevará a cabo de manera gradual (en caso de que se logre implementar). Aunque tiene dudas sobre su viabilidad, ya que, en vez de ayudar, podría traer problemas en la programación de audiencias, disponibilidad de testigos/peritos, o gestión de documentos.

Recordó que los tribunales ya tienen una gran cantidad de casos pendientes y si se suman todas estas modificaciones esto podría generar un retraso en la programación de juicios y en la resolución de casos.

El también integrante del Consejo Ejecutivo Estatal de Víctimas en Puebla tampoco avala el voto del pueblo para elegir estos puestos, ya que, para ser magistrados o jueces, necesitan acumular un conocimiento profundo y práctico del derecho en diversas áreas. Esta experiencia solo se gana con los años y les permite interpretar y aplicar las leyes de manera más precisa.

Considero que es muy aventurado todo esto que se está intentando, el beneficio para la sociedad yo no lo veo, porque ni siquiera se ha explicado cuál es el beneficio. Dicen que es acelerar la justicia, dicen que es darle acceso efectivo a la ciudadanía, pero yo no veo que estos cambios puedan resultar y menos en el Poder Judicial señaló.

Algunas soluciones para acelerar el trabajo en los poderes judiciales y evitar la corrupción podría ser la implementación de las siguientes medidas: utilizar sistemas informáticos y tecnológicos avanzados para agilizar la gestión de casos, desde la presentación de demandas hasta la programación de audiencias.

Asimismo, brindar capacitación regular y especializada a jueces, magistrados y personal judicial en temas de eficiencia judicial, ética profesional y prevención de la corrupción.

Implementar políticas que promuevan la transparencia en el manejo de casos judiciales y en la asignación de recursos judiciales, establecer mecanismos de evaluación del desempeño judicial basados en méritos y resultados. Por último, reforzar los mecanismos internos de control y ética judicial para prevenir y sancionar actos de corrupción.

La última venganza de AMLO hacía el Poder Judicial

Para Genoveva Huerta, actual diputada federal del PAN, esta reforma es “una locura”, ya que, si el presidente no pudo hacer una limpia a la corrupción durante sus seis años de gobierno, ve poco viable que esto ocurra en menor tiempo y gracias a una modificación en las leyes.

La motivación de Andrés Manuel es la venganza del Poder Judicial. Ha hablado mucho del desafuero y él no quiso acatar en su momento un amparo, desde ahí ya trae ciertos rencores. Sus obras han sido paradas por amparos, por la oposición y de ahí su rencor a este poder, su objetivo es limpiar de corrupción, pero es una cosa que él no ha podido hacer en seis años acusó.

En suma, no cree que sea honorable que una persona llegue al puesto de magistrado o juez cuando no lleva años de experiencia y no ha tomado los cursos necesarios. En este punto, agregó que votarlos y no elegirlos por experiencia fortalecerá a los grupos del poder, que podrían influir en la elección de jueces.

Coincidido con la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Lucía Piña Hernández, no llegarán a los puestos de juzgadores las personas más capacitadas, ni las que pasaron años estudiando, preparándose para opositar, sino las más populares. Esta iniciativa no solo amenaza la independencia del Poder Judicial, sino que busca jueces a modo”, advirtió.

Al preguntarle si ya hay una propuesta para llevarla a cabo en los estados, respondió que aún no, que no se tiene claridad y se siguen desarrollando los foros para tener más información al respecto. Sin embargo, para ella estos foros son sólo para “taparle el ojo al macho”, pues al final, los legisladores afines a López Obrador son mayoría y harán lo que quieran.

Tengo entendido que va a pasar en comisiones para que en la siguiente legislatura vaya al pleno. Recordemos que ellos tienen mayoría calificada, entonces, realmente estaremos dando la batalla, pero no vamos a poder pararlo (…) ojalá se den cuenta que el gran problema no está en el Poder Judicial y que necesitamos a los mejores. Un ejemplo, si tú te enfermas, necesitas al médico con estudios y mayor experiencia, no a alguien que llegó ahí por una elección concluyó.

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Al menos 29 magistrados de confianza y 150 juezas y jueces del estado de Puebla podrían ser electos mediante el voto popular en caso de que se apruebe y se homologue a nivel local la Reforma al Poder Judicial planteada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

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Especialistas y opositores advierten sobre lagunas legales y la llegada de personajes sin experiencia, en tanto, los diputados electos por Morena desconocen cómo se aterrizará, pero aprovecharán su mayoría en los congresos para aprobarla en el pleno.

No se sabe si estos servidores judiciales serán reemplazados por los nuevos personajes que serán votados en urnas, si se quedarán en su cargo hasta que se jubilen y si también habrá modificaciones al Consejo de la Judicatura de cada territorio como plantea la iniciativa federal.

¿Qué es la reforma al Poder Judicial?

La reforma al Poder Judicial se refiere a los cambios y modificaciones que el gobierno del presidente López Obrador ha buscado implementar en el sistema judicial de México. Entre los principales puntos destacan la independencia y autonomía judicial, ya que se quiere asegurar que los jueces y magistrados puedan ejercer sus funciones de manera imparcial y sin influencias externas.

Pretende establecer mecanismos más efectivos para prevenir la corrupción y asegurar la rendición de cuentas. También se busca promover la transparencia y facilitar el acceso de la población a una justicia pronta y expedita.

Los cargos se podrán elegir con el voto popular, como pasa con diputados, alcaldes, gobernadores, así como el presidente, por lo que puede convertirse en la primera elección por voto popular de todos los cargos judiciales federales y se realizaría en junio de 2025.

La pretendida reforma ha sido objeto de debate y controversia en el país, con opiniones diversas sobre su impacto real y su implementación efectiva. Puebla no es la excepción.

En Puebla, hasta el primer trimestre del año, el Poder Judicial del Estado de Puebla tenía 29 magistrados de confianza, 23 magistrados pensionados que seguían en la nómina y 119 juezas y jueces, esta información se obtuvo a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) en su apartado de “sueldos”.

A esto se le suma que el pasado 18 de junio, el organismo anunció que tomaron protesta 31 nuevos jueces de primera instancia e interinos, es decir, que, si se llega a aprobar la iniciativa de reforma y se replica a las entidades federativas, estos servidores judiciales podrían ser contemplados.

Incertidumbre en su aplicación, pero con predicciones de éxito

En entrevista con El Sol de Puebla, Claudia Rivera Vivanco, diputada federal electa por Morena, dijo que la ciudadanía necesita un sistema de justicia que realmente dé eso: justicia, ya que, en los últimos años, hay cientos de quejas de que este organismo no trabaja adecuadamente.

Aceptó que hay muchos aspectos que se tienen que mejorar en el país, como la seguridad, pero recordó que cuando hay detenciones, muchas veces los delincuentes salen libres o no tienen condenas ejemplares a causa de los jueces.

Se desconoce el motivo por el cual los jueces toman sus decisiones, pero ante este contexto, modificar su esquema de designación y permitir la elección mediante el voto popular podría ayudar a eliminar esos vicios o los nexos que llegan a tener con delincuentes, agregó.

Nuestro país tiene 3 poderes, el Ejecutivo, Legislativo y Judicial, pero solamente dos de estos se eligen popularmente, es decir, tiene que salir y presentarse con el pueblo, decir quiénes son y ganarse la confianza (…) ahora lo que se está proponiendo es que este tercer poder también sea electo popularmente explicó.

Otro punto por el cual cree que esta reforma funcionará es porque uno de los objetivos del Poder Judicial es la justicia expedita, es decir, que se de resolución de conflictos y casos legales de manera rápida y sin demoras innecesarias. Actualmente hay casos en donde los señalados pasan años sin tener una condena.

La reforma prevé nuevas reglas procesales, como establecer plazos máximos para las penas, limita amparos, controversias y acciones de constitucionalidad.

La reforma al Poder Judicial es solamente 1 de 20 propuestas que se están planteando, pero esta es la que más ha generado tanta expectativa como polémica, pero son 20 que, en mi opinión, son necesarias y mejoran la distribución de los servicios, de la justicia y de los ingresos hacia el pueblo opinó.

Al preguntarle cómo se aterrizará en el territorio poblano, comentó que una vez que se avale en lo federal, cada estado tendrá que hacer sus propias reformas para elegir por voto a sus jueces locales. No obstante, en los diálogos que se han hecho se propone que el Poder Ejecutivo proponga a 10 perfiles, el Legislativo a otros 10 y el Judicial también sugiera a nuevos o viejos personajes.

Aún se desconoce si estos servidores judiciales seguirán en su cargo si se llega a aprobar la reforma, si serán reemplazados y en su lugar llegarán los nuevos que sean votados. “Se están terminando los foros para analizar y definir cuál será la mejor vía para los cambios, si van escalonados o algunos plantean que puedan ser hasta que se jubilen, esos criterios hay que irlos puliendo y se tendrán de definir”, expuso.

No se sabe si estos servidores judiciales serán reemplazados por los nuevos personajes que serán votados en urnas. Foto: Julio César Martínez / El Sol de Puebla

La justicia expedita es fundamental para garantizar la confianza en el sistema judicial

Norma Pimentel, diputada local electa por el Partido Verde Ecologista, también avaló la reforma al Poder Judicial. Desde su óptica, combatirá la corrupción, generará cercanía entre los servidores y cumplirá su meta, que es brindar justicia pronta, expedita y gratuita.

¿Cómo se logrará esto?, para la también abogada, estos puntos se alcanzarán debido a que la nueva reforma planeta un nuevo órgano de sanción, en donde habrá amonestaciones, suspensiones, multas, destituciones e inhabilitaciones para los perfiles que caigan en corrupción o que atrasen sin argumentos el trabajo.

Esta reforma lo que busca es devolvernos la justicia expedita. Lo expedito para mí, como abogada, se basa en dar certeza jurídica, de cuánto tiempo tendría que durar un juicio. Hoy sabemos que esta reforma da un plazo específico para la materia penal de un año y para otros asuntos de índole administrativa (…) los temas fiscales, se habla de seis meses, y esto creo que es la gran revolución que va a traernos, para que tengamos la certeza jurídica”, indicó.

Otro punto que celebró fue la sustitución del Consejo de la Judicatura Federal con dos nuevos órganos llamados Tribunal de Disciplina Judicial y Órgano de Administración Judicial.

Estaría investigando aquellos procedimientos en los que no solamente rebasaron los plazos, sino que hay presunción de alguna conducta violatoria a los principios procesales, derechos humanos o en su caso, que se pudieran tener elementos de corrupción. Sería un tercero que investigue, que sería este Tribunal de Disciplina Judicial y en su caso considerar que hubo una falta profesional o la ley y que ponga sanción agregó.

Para respaldar lo anterior citó el Índice de Estado de Derecho elaborado por el World Justice Project (WJP), que en su último reporte puso a Puebla como la sexta entidad del país con las carencias más significativas en materia de justicia, división de poderes y derechos humanos. Esto quiere decir que las instituciones de impartición y procuración de justicia no están lo suficientemente fortalecidas para cumplir sus funciones.

Sin embargo, tampoco tiene la ruta clara de cómo llegará a Puebla esta reforma, incluso dijo que sería muy apresurado debido a que el tema sigue debatiéndose en las mesas de diálogo.

Apenas estamos en el debate y análisis, dándole seguimiento a lo que está pasado a nivel nacional, y después tendremos un antecedente tanto en la reforma constitucional como en las demás reformas a la legislación secundaria y con esto se abrirán los análisis, el debate y el estudio en específico en lo que correspondería a las entidades federativas”, remató.

Población no está preparada para más cambios y se prevé fracaso

Julio Santos Lozano, litigante y académico del Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla, cree que hay mucha desinformación en torno a la iniciativa presidencial y es un tema muy complejo debido a sus tecnicismos, por tanto, a los ciudadanos les está costando entender qué está pasando y no estarán preparados para los cambios.

Indicó que esta reforma tendrá efectos en todas las entidades y se llevará a cabo de manera gradual (en caso de que se logre implementar). Aunque tiene dudas sobre su viabilidad, ya que, en vez de ayudar, podría traer problemas en la programación de audiencias, disponibilidad de testigos/peritos, o gestión de documentos.

Recordó que los tribunales ya tienen una gran cantidad de casos pendientes y si se suman todas estas modificaciones esto podría generar un retraso en la programación de juicios y en la resolución de casos.

El también integrante del Consejo Ejecutivo Estatal de Víctimas en Puebla tampoco avala el voto del pueblo para elegir estos puestos, ya que, para ser magistrados o jueces, necesitan acumular un conocimiento profundo y práctico del derecho en diversas áreas. Esta experiencia solo se gana con los años y les permite interpretar y aplicar las leyes de manera más precisa.

Considero que es muy aventurado todo esto que se está intentando, el beneficio para la sociedad yo no lo veo, porque ni siquiera se ha explicado cuál es el beneficio. Dicen que es acelerar la justicia, dicen que es darle acceso efectivo a la ciudadanía, pero yo no veo que estos cambios puedan resultar y menos en el Poder Judicial señaló.

Algunas soluciones para acelerar el trabajo en los poderes judiciales y evitar la corrupción podría ser la implementación de las siguientes medidas: utilizar sistemas informáticos y tecnológicos avanzados para agilizar la gestión de casos, desde la presentación de demandas hasta la programación de audiencias.

Asimismo, brindar capacitación regular y especializada a jueces, magistrados y personal judicial en temas de eficiencia judicial, ética profesional y prevención de la corrupción.

Implementar políticas que promuevan la transparencia en el manejo de casos judiciales y en la asignación de recursos judiciales, establecer mecanismos de evaluación del desempeño judicial basados en méritos y resultados. Por último, reforzar los mecanismos internos de control y ética judicial para prevenir y sancionar actos de corrupción.

La última venganza de AMLO hacía el Poder Judicial

Para Genoveva Huerta, actual diputada federal del PAN, esta reforma es “una locura”, ya que, si el presidente no pudo hacer una limpia a la corrupción durante sus seis años de gobierno, ve poco viable que esto ocurra en menor tiempo y gracias a una modificación en las leyes.

La motivación de Andrés Manuel es la venganza del Poder Judicial. Ha hablado mucho del desafuero y él no quiso acatar en su momento un amparo, desde ahí ya trae ciertos rencores. Sus obras han sido paradas por amparos, por la oposición y de ahí su rencor a este poder, su objetivo es limpiar de corrupción, pero es una cosa que él no ha podido hacer en seis años acusó.

En suma, no cree que sea honorable que una persona llegue al puesto de magistrado o juez cuando no lleva años de experiencia y no ha tomado los cursos necesarios. En este punto, agregó que votarlos y no elegirlos por experiencia fortalecerá a los grupos del poder, que podrían influir en la elección de jueces.

Coincidido con la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Lucía Piña Hernández, no llegarán a los puestos de juzgadores las personas más capacitadas, ni las que pasaron años estudiando, preparándose para opositar, sino las más populares. Esta iniciativa no solo amenaza la independencia del Poder Judicial, sino que busca jueces a modo”, advirtió.

Al preguntarle si ya hay una propuesta para llevarla a cabo en los estados, respondió que aún no, que no se tiene claridad y se siguen desarrollando los foros para tener más información al respecto. Sin embargo, para ella estos foros son sólo para “taparle el ojo al macho”, pues al final, los legisladores afines a López Obrador son mayoría y harán lo que quieran.

Tengo entendido que va a pasar en comisiones para que en la siguiente legislatura vaya al pleno. Recordemos que ellos tienen mayoría calificada, entonces, realmente estaremos dando la batalla, pero no vamos a poder pararlo (…) ojalá se den cuenta que el gran problema no está en el Poder Judicial y que necesitamos a los mejores. Un ejemplo, si tú te enfermas, necesitas al médico con estudios y mayor experiencia, no a alguien que llegó ahí por una elección concluyó.

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