La reforma eléctrica que plantea el presidente, Andrés Manuel López Obrador, difícilmente se concretará, ya que independientemente del voto en contra de los partidos de oposición (PRI, PAN Y PRD), seguramente no contará con el aval de los congresos locales de entidades que son potencia en materia industrial como Guanajuato, Guadalajara y Monterrey, consideró Francisco Javier Sánchez Ruiz catedrático de la facultad de Ingeniería Ambiental y Desarrollo Sustentable de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP).
Luego de que las tres fuerzas políticas presentaron una contrapropuesta de reforma y anunciaron que votarán en contra de la planteada por el Ejecutivo, Sánchez consideró que los legisladores se están informando más y han recurrido a especialistas para conocer los efectos de las modificaciones, pues el plan del presidente no es posible a corto plazo.
Señaló que para mejorar la reforma y a la vez garantizar su aprobación, se tendrían que aceptar las propuestas de los partidos de oposición, ya que con esto se garantizaría la libre competencia, la inversión extranjera y no se limitaría la generación de energía eléctrica, además de que el país no rompería los tratados internacionales que ha firmado y comenzaría con el proceso de descarbonización, es decir la generación de energías renovables.
“Hay que estar pendientes del canal del Congreso en donde se va a votar la primera parte de la reforma, aunque no hay que preocuparnos tanto, aunque se aprobara, todavía tienen que aprobarla en los estados y hay varios a los que no les convendría como Guanajuato, Querétaro, Tamaulipas, Nuevo León y Jalisco, porque son estados muy industrializados y afectaría a sus inversiones”, auguró.
El especialista explicó que Puebla estaría entre los estados afectados si se aprueba la propuesta del presidente, ya que dejaría de tener sentido su pertenencia al corredor industrial del centro y las empresas del sector automotriz, que son las más grandes en términos de fuerza laboral, comenzarían a migrar al occidente o la Ciudad de México para poder garantizar el abasto de energía.
Lo anterior, dijo, representaría una importante perdida de empleos para la entidad y frenaría nuevas inversiones, motivo por el que las entidades con mayor vocación industrial se verían todavía mas afectadas si la reforma se aprueba sin modificarle “ni un punto, ni una coma”.
Explicó que el desabasto de energía ocurriría porque para poner a punto las plantas de ciclo combinado en el país, como contempla la iniciativa de origen, se necesitan hasta cinco años y en ese periodo habría suspensiones intermitentes de energía en el territorio nacional, para dar prioridad a determinadas regiones como el centro.
“Los efectos a corto plazo se tendrían entre junio y noviembre próximo, habría cortes sustanciales de energía eléctrica, va a haber estados que, a nivel masivo, se van a quedar sin carga eléctrica si no se llega a invertir para poner a punto las plantas, México no tendría la posibilidad de generar energía suficiente al cabo de 18 meses”, advirtió.