Después de que El Sol de Puebla evidenció la inconformidad de decenas de pobladores de Tlaxcuapan, municipio de Piaxtla, ante la inminente posibilidad de que sus reservas de litio sean nacionalizadas, en caso de que la Reforma Energética sea aprobada, el senador Alejandro Armenta Mier aseveró que el estatuto busca crear sociedades con los dueños de las tierras, para no malbaratar sus propiedades, como ha ocurrido antes.

En rueda de prensa la mañana de este martes 22 de marzo, Armenta Mier fijó postura sobre el temor fundado de las comunidades ricas en sal, de perder la totalidad de su patrimonio y entregarlo al Estado sin una justa indemnización.

Al respecto, se cuestionó al legislador sobre qué se propondrá para aquellos terratenientes que se nieguen a entregar sus pozos salinos al gobierno. En respuesta mencionó que, de reformarse el artículo 27 de la Carta Magna a fin de considerar el litio como una fuente de energía en propiedad de la nación, el gobierno buscará asociarse directamente con ellos para que reciban una parte proporcional de las ganancias.

“[Entiendo] que están renuentes porque están acostumbrados a que les quiten la tierra, a que les expropien, y a que les [compren] la tierra en un peso. No. Aquí lo que queremos, es que sean socios”, comentó el senador morenista.

En ese sentido puntualizó que la reforma busca establecer tres fuentes de capital que controlen el litio: la pública, que será financiada por el Estado; la privada, y la social. Esta última es importante pues dice que los propietarios de las reservas salinas participarán activamente en la utilidad del recurso, aunque sus tierras no les pertenezcan y pasen a ser controladas por el gobierno: “De la mano de los ejidatarios, de los comuneros y los indígenas, tenemos que aprovechar la tierra y tenemos que aprovechar las minas”, externó.

Finalmente, aseguró que si bien la gran discusión sobre la iniciativa será en la Cámara de Diputados, se mantiene optimista ante la gran posibilidad de que se apruebe el estatuto, pues ello pondría fin a los abusos cometidos por las empresas, en su mayoría canadienses, que extraen grandes cantidades de litio mexicano sin siquiera contar con controles medioambientales. De esta manera, afirma, no sólo se daña el patrimonio nacional, también se atenta contra la propia naturaleza.