El paquete de reformas que envió el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, al sistema de justicia faculta al Congreso de Puebla para destituir a los magistrados, propone la creación de una Sala Constitucional, impide la reelección del presidente del Tribunal Superior de Justicia y adscribe al Tribunal de Justicia Administrativa y la Defensoría Jurídica al TSJ.
De acuerdo con el documento en poder de El Sol de Puebla, la propuesta del mandatario estatal busca modificar una serie de artículos a la Constitución Política del Estado, con el fin de mejorar el funcionamiento del Poder Judicial y disminuir los actos de corrupción en su interior.
En los considerandos, el gobernador aclaró que la propuesta no obedece a un tema coyuntural y surge porque actualmente la justicia no es pronta, expedita, imparcial, equitativa y sensible a la marginación.
Creación de Sala Constitucional
Entre los puntos más relevantes se encuentra la creación de una Sala Constitucional independiente al Tribunal Superior de Justicia y que tendrá el objetivo de hacer valer la Constitución de Puebla.
“Se plantea la creación de la Sala Constitucional de carácter permanente, adscrita al Poder Judicial del Estado, orgánicamente independiente del Tribunal Superior de Justicia, con autonomía de jurisdicción para la resolución de los asuntos de su competencia, a la que corresponde la interpretación, defensa y garantía jurisdiccional de la Constitución”.
El órgano estará conformado por cinco magistrados que serán nombrados como lo marca la ley y serían ellos quienes designen a su presidente o presidenta por un periodo de cuatro años y sin posibilidad de reelección.
El titular de la sala que se propone será distinto al presidente del TSJ y del Consejo de la Judicatura, con lo que se busca la autonomía del órgano para actuar de manera imparcial.
En el noveno artículo transitorio del documento se establece que el Congreso de Puebla deberá asignar los recursos necesarios para la implementación y funcionamiento de la Sala Constitucional, así como para que el Consejo de la Judicatura cumpla de manera óptima con sus funciones.
Facultan al Congreso de Puebla para destituir magistrados
Uno de los puntos más relevantes de la propuesta es que se faculta al Congreso del Estado para destituir a los magistrados y Consejeros de la Judicatura, para lo cual se requerirá una mayoría calificada, lo que significa que se requiere al menos dos terceras partes de votos.
%20acusaron%20que%20existe%20una%20par%C3%A1lisis%20al%20interior%20del%20Congreso%20de%20Puebla.jpeg "Diputados del Partido Acción Nacional (PAN) acusaron que existe una parálisis al interior del Congreso de Puebla.jpeg")
Entre los motivos por los que podrán ser removidos del cargo se encuentra la denegación grave de justicia, incumplimiento doloso o por incurrir en violaciones a conflictos de intereses.
“Los magistrados y consejeros de la Judicatura serán responsables ante el Congreso por denegación grave de justicia, incumplimiento doloso a los supuestos de impedimento judicial o por haber incurrido en violaciones a las reglas de conflicto de interés, en cuyo caso procederá su destitución por mayoría calificada de dos terceras partes de los miembros presentes. Este procedimiento podrá iniciar por acción ciudadana de destitución y será independiente al juicio político previsto en esta Constitución”.
Aunado a lo anterior, para evitar que los magistrados sean vitalicios, se propuso que estén en el cargo por un periodo de 15 años y deberán ser nombrados por el Poder Legislativo por mayoría calificada.
“Los magistrados del Tribunal Superior de Justicia, de la Sala Constitucional y del Tribunal de Justicia Administrativa durarán en su encargo quince años improrrogables. Su nombramiento corresponderá al Congreso del Estado por mayoría calificada de dos terceras partes de los miembros presentes, a propuesta del gobernador”.
En lo que respecta a la presidencia del TSJ se mantiene por un periodo de cuatro años, pero se elimina la posibilidad de reelección y de presidir el Consejo de la Judicatura, como ocurre actualmente.
De igual forma se incluye la figura de “responsabilidad patrimonial del Estado por error judicial", mediante la cual se buscará pagar una compensación a las personas afectadas por los errores que cometan los magistrados y jueces.
Asimismo, menciona que los magistrados, jueces e integrantes del Consejo de la Judicatura se reúnan fuera de los recintos oficiales para tratar los juicios con las partes o los apoderados legales de sus casos.
Otra de las modificaciones es que los magistrados tendrán que presentar su declaración patrimonial, de intereses y vínculos de parentesco de consanguinidad hasta cuarto grado.
Lo anterior para prevenir que se busque beneficiar de manera directa a algún familiar.
Reestructuración al Consejo de la Judicatura
De igual forma resalta que el Poder Judicial perderá el control sobre el Consejo de la Judicatura, un órgano que actualmente es integrado por cinco miembros que son electos de entre los mismos magistrados.
La propuesta de Barbosa Huerta establece que el TSJ solo podrá elegir a dos integrantes, uno será designado a propuesta del gobernador y dos más por aprobación del Congreso local.
Con lo anterior se busca que exista una pluralidad entre los miembros. Además, el cargo de consejero será por un plazo de seis años, sin posibilidad de reelección.
Tal como lo adelantó el mandatario estatal, el Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) dependerá directamente del Poder Judicial. En su pleno se aumentarán dos magistrados, por lo que, pasará de siete a nueve magistrados y el cargo de presidente durará cuatro años.
Consejero del gobierno entre las propuestas para TSJ
En otro documento, se incluyó al consejero jurídico del gobierno estatal, Carlos Palafox Galeana, en las propuestas que envío el mandatario estatal para ocupar una de las dos vacantes de magistrado que existen en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Puebla.
De acuerdo el documento presentado al Congreso del Estado, el funcionario público junto con Enrique Juárez Vasconcelos y José Francisco Saavedra Rivera, integran una de las dos ternas enviadas.
La segunda terna está integrada por Anet Cruz Solís, Araceli Cabido Valladolid y Sara Esther Ramírez Montagner, en cumplimiento del principio de paridad de género.
Las propuestas fueron recibidas por la Junta de Gobierno y Coordinación Política, posteriormente serán presentadas al pleno del Poder Legislativo en la siguiente sesión para que sea turnada a comisiones, dictaminada por los diputados locales y posteriormente se elijan a los nuevos magistrados del TSJ.
Las dos vacantes en el Tribunal Superior de Justicia se deben a que Jorge Benito Cruz Bermúdez, renunció en 2021 y Enrique Flores Ramos, murió por coronavirus en febrero del mismo año.
