/ lunes 26 de agosto de 2024

Reformas constitucionales de AMLO representan un retroceso: Ibero

Las reformas de ser aprobadas afectarán los derechos humanos de la ciudadanía señalaron académicos de la Ibero

El paquete de reformas presentadas por el presidente del país, Andrés Manuel López Obrador, entre ellas al Poder Judicial, representan un retroceso en materia constitucional y, de ser aprobadas por el Congreso de la Unión, afectarán los derechos humanos de la ciudadanía, advirtieron el rector y académicos de la Universidad Iberoamericana Puebla.

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Del paquete de 20 reformas constitucionales presentadas por AMLO el pasado 5 de febrero, los académicos analizaron cuatro: la relacionada con la desaparición de organismos autónomos, la judicial, la reforma a la Guardia Nacional y la de prisión preventiva.

En el caso de la reforma al Poder Judicial, el rector Mario Patrón Sánchez criticó que esta se centró en los procesos de selección de los funcionarios judiciales, cuando debió atender el problema sistémico en la impartición de justicia.

Se debió discutir, desde una perspectiva sistémica, el fortalecimiento de las policías, de las fiscalías, sobre la rendición de cuentas del Poder Judicial e, incluso, de una revisión al sistema penitenciario dijo.

Con sede en la casa de estudios, apuntó que esta reforma pone en riesgo el funcionamiento del organismo e impactará negativamente en la imparcialidad de la impartición de justicia a nivel federal y local.

Desaparición del INAI, una barrera al acceso de la información

Por otra parte, Shanik David George, académica de la Ibero Puebla, advirtió que la reforma que pretende desaparecer a los organismos autónomos en México, entre ellos el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) supone una barrera para el libre ejercicio de los derechos humanos.

En el caso del INAI, afirmó que su desaparición afectará gravemente el derecho al acceso a la información en México y tendrá diversos impactos en las entidades federativas, incluida Puebla.

De aprobarse la reforma, las competencias que tiene el INAI y los organismos garantes de los estados van a tener que distribuirse en las autoridades de cada entidad federativa, pues en la Constitución se eliminarán los organismos autónomos estatales explicó.

Si el Congreso de Puebla replica la reforma federal se eliminará el Instituto De Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado De Puebla (ITAIPUE) y a la par se tendrán que reformar una serie de leyes orgánicas en la entidad, entre ellas la de Administración Pública, la del Congreso, la del Poder Judicial, la de la Fiscalía General del Estado.

También tendrán que reformarse las leyes que rigen a los organismos constitucionalmente autónomos que hay en el estado, por ejemplo, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CDH).

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Finalmente, de la reforma en relación a las funciones y alcances de la Guardia Nacional, los especialistas señalaron que esta es preocupante por el poder que tendrán las fuerzas armadas en realizar tareas de autoridades civiles, así como el hecho de que la GN tendrá el permiso de investigar delitos.

El paquete de reformas presentadas por el presidente del país, Andrés Manuel López Obrador, entre ellas al Poder Judicial, representan un retroceso en materia constitucional y, de ser aprobadas por el Congreso de la Unión, afectarán los derechos humanos de la ciudadanía, advirtieron el rector y académicos de la Universidad Iberoamericana Puebla.

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Del paquete de 20 reformas constitucionales presentadas por AMLO el pasado 5 de febrero, los académicos analizaron cuatro: la relacionada con la desaparición de organismos autónomos, la judicial, la reforma a la Guardia Nacional y la de prisión preventiva.

En el caso de la reforma al Poder Judicial, el rector Mario Patrón Sánchez criticó que esta se centró en los procesos de selección de los funcionarios judiciales, cuando debió atender el problema sistémico en la impartición de justicia.

Se debió discutir, desde una perspectiva sistémica, el fortalecimiento de las policías, de las fiscalías, sobre la rendición de cuentas del Poder Judicial e, incluso, de una revisión al sistema penitenciario dijo.

Con sede en la casa de estudios, apuntó que esta reforma pone en riesgo el funcionamiento del organismo e impactará negativamente en la imparcialidad de la impartición de justicia a nivel federal y local.

Desaparición del INAI, una barrera al acceso de la información

Por otra parte, Shanik David George, académica de la Ibero Puebla, advirtió que la reforma que pretende desaparecer a los organismos autónomos en México, entre ellos el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) supone una barrera para el libre ejercicio de los derechos humanos.

En el caso del INAI, afirmó que su desaparición afectará gravemente el derecho al acceso a la información en México y tendrá diversos impactos en las entidades federativas, incluida Puebla.

De aprobarse la reforma, las competencias que tiene el INAI y los organismos garantes de los estados van a tener que distribuirse en las autoridades de cada entidad federativa, pues en la Constitución se eliminarán los organismos autónomos estatales explicó.

Si el Congreso de Puebla replica la reforma federal se eliminará el Instituto De Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado De Puebla (ITAIPUE) y a la par se tendrán que reformar una serie de leyes orgánicas en la entidad, entre ellas la de Administración Pública, la del Congreso, la del Poder Judicial, la de la Fiscalía General del Estado.

También tendrán que reformarse las leyes que rigen a los organismos constitucionalmente autónomos que hay en el estado, por ejemplo, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CDH).

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Finalmente, de la reforma en relación a las funciones y alcances de la Guardia Nacional, los especialistas señalaron que esta es preocupante por el poder que tendrán las fuerzas armadas en realizar tareas de autoridades civiles, así como el hecho de que la GN tendrá el permiso de investigar delitos.

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