/ viernes 14 de octubre de 2022

Reformas de Barbosa sobre verificación vehicular serán dictaminadas la próxima semana

Las comisiones del Congreso del Estado recibirán las propuestas modificadoras y llevarán a cabo mesas de trabajo para su análisis

Las iniciativas que envió el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, para hacer obligatoria la verificación de autos que circulen en el estado e incrementar las penas contra los funcionarios públicos que autoricen las construcciones en zonas de alto riesgo, podrían ser dictaminadas el martes 18 de octubre. Previo a ello, las comisiones del Congreso del Estado recibirán las propuestas modificadoras y llevarán a cabo mesas de trabajo.

Las Comisiones Unidas de Procuración y Administración de Justicia, Protección Civil y Desarrollo Urbano, así como la Comisión de Transportes y Medio Ambiente, avalaron el calendario de las dos propuestas que envió el mandatario estatal a finales de septiembre.

En lo que respecta a las reformas para hacer obligatoria la verificación, los legisladores avalaron que hasta las 18:00 horas del domingo se reciban las propuestas modificadoras para que a partir de las 13:00 horas del lunes 17 de octubre se realice la mesa de trabajo y a la misma hora del martes sea dictaminada.

La propuesta del Ejecutivo busca modificar el artículo 120 y 153 de la Ley para la Protección del Ambiente Natural y el Desarrollo Sustentable, los artículos 54 y 55 de la Ley de Vialidad y el artículo 42 de la Ley Orgánica de la Administración Pública.

En la propuesta, el mandatario estatal argumentó que el objetivo es reducir la contaminación ambiental y los factores de riesgo. De acuerdo con el artículo 120 los artículos automotores registrados o que circulen en la entidad deberán ser sometidos a verificación obligatoria conforme a la ley y su reglamento. Sin embargo, no especifica si dicha normatividad será de nueva creación.

“Artículo 120. Los vehículos automotores registrados o que circulen en el estado, destinados al transporte privado y al servicio público, deberán ser sometidos a verificación conforme a esta Ley, su Reglamento en Materia de Prevención y Control de la Contaminación Atmosférica y los programas que al efecto formule la Secretaría”.

Hay que mencionar que, en la antesala a la puesta en marcha de los centros de verificación vehicular en el estado, Barbosa Huerta adelantó que, además de la verificación, los automovilistas que decidan hacer el trámite fuera de la entidad no tendrán permitido circular por la vía pública antes de las 10 de la mañana.

Sobre las reformas para aumentar las penas contra los funcionarios públicos que autoricen las construcciones en zonas de alto riesgo, las propuestas modificadoras serán recibidas hasta las 19:00 horas del domingo, a las 15:00 horas del lunes será la reunión entre legisladores y a la misma hora del martes será dictaminada.

Actualmente, el artículo 199 del Código Penal del Estado establece penas de cuatro a 10 años y multas de 180 hasta 500 Unidades de Medida y Actualización, lo que significa que van de los 17 mil 319 pesos hasta los 48 mil 110 pesos, contra los funcionarios que avalen construcciones en zonas peligrosas.

La propuesta del mandatario estatal busca incrementar el castigo hasta en una mitad, lo que significa que el tiempo que podrían pasar los funcionarios públicos privados de su libertad sería de ocho a 20 años y las multas irían desde los 25 mil 979 pesos hasta los 72 mil 165 pesos.

Las iniciativas que envió el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, para hacer obligatoria la verificación de autos que circulen en el estado e incrementar las penas contra los funcionarios públicos que autoricen las construcciones en zonas de alto riesgo, podrían ser dictaminadas el martes 18 de octubre. Previo a ello, las comisiones del Congreso del Estado recibirán las propuestas modificadoras y llevarán a cabo mesas de trabajo.

Las Comisiones Unidas de Procuración y Administración de Justicia, Protección Civil y Desarrollo Urbano, así como la Comisión de Transportes y Medio Ambiente, avalaron el calendario de las dos propuestas que envió el mandatario estatal a finales de septiembre.

En lo que respecta a las reformas para hacer obligatoria la verificación, los legisladores avalaron que hasta las 18:00 horas del domingo se reciban las propuestas modificadoras para que a partir de las 13:00 horas del lunes 17 de octubre se realice la mesa de trabajo y a la misma hora del martes sea dictaminada.

La propuesta del Ejecutivo busca modificar el artículo 120 y 153 de la Ley para la Protección del Ambiente Natural y el Desarrollo Sustentable, los artículos 54 y 55 de la Ley de Vialidad y el artículo 42 de la Ley Orgánica de la Administración Pública.

En la propuesta, el mandatario estatal argumentó que el objetivo es reducir la contaminación ambiental y los factores de riesgo. De acuerdo con el artículo 120 los artículos automotores registrados o que circulen en la entidad deberán ser sometidos a verificación obligatoria conforme a la ley y su reglamento. Sin embargo, no especifica si dicha normatividad será de nueva creación.

“Artículo 120. Los vehículos automotores registrados o que circulen en el estado, destinados al transporte privado y al servicio público, deberán ser sometidos a verificación conforme a esta Ley, su Reglamento en Materia de Prevención y Control de la Contaminación Atmosférica y los programas que al efecto formule la Secretaría”.

Hay que mencionar que, en la antesala a la puesta en marcha de los centros de verificación vehicular en el estado, Barbosa Huerta adelantó que, además de la verificación, los automovilistas que decidan hacer el trámite fuera de la entidad no tendrán permitido circular por la vía pública antes de las 10 de la mañana.

Sobre las reformas para aumentar las penas contra los funcionarios públicos que autoricen las construcciones en zonas de alto riesgo, las propuestas modificadoras serán recibidas hasta las 19:00 horas del domingo, a las 15:00 horas del lunes será la reunión entre legisladores y a la misma hora del martes será dictaminada.

Actualmente, el artículo 199 del Código Penal del Estado establece penas de cuatro a 10 años y multas de 180 hasta 500 Unidades de Medida y Actualización, lo que significa que van de los 17 mil 319 pesos hasta los 48 mil 110 pesos, contra los funcionarios que avalen construcciones en zonas peligrosas.

La propuesta del mandatario estatal busca incrementar el castigo hasta en una mitad, lo que significa que el tiempo que podrían pasar los funcionarios públicos privados de su libertad sería de ocho a 20 años y las multas irían desde los 25 mil 979 pesos hasta los 72 mil 165 pesos.

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