Registran 80 expedientes de queja por violaciones a derechos huamanos por autoridades federales

Las acusaciones van en contra del IMSS, ISSSTE y CFE

Victoria Ventura / El Sol de Puebla

  · domingo 8 de septiembre de 2024

IMSS. Foto: EFE

Un total de 80 expedientes de queja por violaciones a derechos humanos presuntamente cometidos por autoridades federales registró Puebla de enero a julio de este año, de acuerdo con datos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Así lo exhibió el Sistema Nacional de Alerta de Violaciones a los Derechos Humanos, donde el organismo defensor de los derechos humanos registra los señalamientos relacionados con instituciones de carácter nacional.

En los primeros siete meses de este año reportó 80 expedientes en la entidad poblana, donde Puebla, Tehuacán, San Martín Texmelucan y San Pedro Cholula fueron los municipios con mayor concentración de quejas.

Seguido de demarcaciones como Ahuazotepec, Atlixco, Huejotzingo, Rafael Lara Grajales, San Andrés Cholula, San Nicolás Buenos Aires, Tepeaca y Zaragoza.

Las acusaciones van en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS); Instituto Nacional de Migración (INM); el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE); la Secretaría de Bienestar; la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

También denunciaron a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA); la Comisión Federal de Electricidad (CFE); la Guardia Nacional; la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugios (COMAR); y la Fiscalía General de la República (FGR), por cometer presuntas violaciones a los derechos humanos.

Félix Cerezo Vélez titular del organismo. Foto: Julio César Martínez / El Sol de Puebla

Según el comportamiento histórico, en 2019 Puebla registró 167 expedientes; para el 2020, primer año marcado por la pandemia, creció a 179; para el siguiente cayó a 142; en 2022, cuando las restricciones por Covid-19 se relajaron, sumó 209; mientras que el 2023 se reportaron 170 expedientes.

Hay que mencionar que este sistema busca monitorear y advertir sobre las situaciones de riesgo de la población civil por los efectos a las violaciones de los derechos humanos por parte de autoridades.

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