A pesar de la aprobación del Registro Nacional de Deudores Alimentarios por los Congresos Federal y Estatal a finales del año pasado, esta medida aún no ha sido oficializada. La falta de acción ha impedido que el Poder Judicial de Puebla inicie la creación de un padrón de presuntos deudores, dejando a muchas infancias sin el apoyo económico que necesitan.
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De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), desde enero de 2023 y hasta agosto de este año, se han registrado un total de 704 carpetas de investigación por incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar. Sin embargo, el Poder Judicial no cuenta con un solo registro de estos padres morosos.
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Para activistas, incluida Diana Luz Vásquez, impulsora del Registro Nacional, esta situación es un claro reflejo de la falta de voluntad política. Según su opinión, la creación del padrón no ha avanzado porque muchos actores en la esfera pública y política son deudores alimentarios. Además, existe un pacto patriarcal que protege a estos individuos, permitiéndoles mantener posiciones de poder sin ser cuestionados.
Pese a la aprobación, nunca arrancó el proyecto
En noviembre de 2023, el Congreso se llenó de humo rosa, porras y las activistas, así como diputadas locales, celebraron la aprobación de varias reformas conocidas como la "Ley Sabina". El objetivo era que las autoridades brindaran información sobre los deudores alimentarios y que los varones que incumplieran con la manutención de sus hijas e hijos aparecieran en un registro público para todo el país.
En aquel entonces, se celebró que Puebla se convirtiera en la entidad número 23 en adecuar su legislación. Sin embargo, esto no dio paso a la creación de un registro estatal. En su lugar, se haría un listado de deudores poblanos a través del Poder Judicial y se sumaría al registro nacional, tanto en su marco normativo como en los lineamientos establecidos en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
Con este registro, los incumplidores tendrían diversas restricciones: se les negaría la licencia para conducir, el pasaporte y otros documentos de identidad (por lo que no podrían salir del país). Se les prohibiría participar como candidatos a cargos de elección popular y tampoco podrían postularse en procesos de selección para jueces o magistrados, tanto en el ámbito local como federal.
Además, se les impediría realizar trámites ante notario público relacionados con la compraventa de inmuebles, no podrían contraer matrimonio nuevamente, y el juez tendría la obligación de notificar a la nueva pareja que el deudor se encontraba en dicho registro y la situación que guardaba respecto a sus obligaciones de asistencia familiar.
El registro sólo incluiría a los hombres con una carpeta de investigación abierta y que el juez considerara que cumplía con todas las características legales para ser calificado como "insolvente". Por lo tanto, se decidió que el Poder Judicial sería quien facilitaría el suministro, intercambio, organización y actualización de la información sobre quienes tenían deudas alimentarias pendientes.
Pasaron los meses, y las diputadas que impulsaron la "Ley Sabina" en Puebla (Nora Merino Escamilla y Daniela Mier Bañuelos) dejaron de hablar del tema, mientras que las activistas desconocían el proceso para agregar a su ex pareja que no pagaba los recursos, ya que ni el registro nacional ni el estatal se habilitaron.
Once meses después de la aprobación, el Poder Judicial fue cuestionado a través de la solicitud de información 210425324000086 acerca del número de casos enviados para ser inscritos en el Padrón Nacional hasta febrero de 2024. También se preguntó sobre el tiempo de incumplimiento, la cantidad de infancias por las que se deben pensiones, el monto de la deuda, el municipio y, de ser posible, la profesión de los deudores alimentarios. La respuesta fue: cero.
Además, el Poder Judicial recordó que las referidas reformas estatales no fueron publicadas por el Ejecutivo Estatal y, por ello, nunca se oficializó “la obligación de los jueces familiares de ordenar la inscripción de los deudores alimentarios morosos en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias”.
“Estamos tocando el avispero del patriarcado”: impulsora del Registro Nacional
Diana Luz Vásquez, impulsora nacional de este sistema y de la Ley Sabina, expresó su preocupación por la falta de voluntad política en la creación del registro de deudores alimentarios (tanto nacional como estatal en Puebla). Señaló que este debía haber entrado en vigencia a más tardar en febrero de 2024.
Para ella, la omisión de las autoridades representa una clara violación a un acuerdo que busca proteger los derechos de las infancias.
Desgraciadamente, la lucha de las mujeres se ha convertido en una batalla legal que requiere promover amparos para lograr avances. En breve, presentaremos amparos para que esto se concrete donde ya se avaló afirmó.
Vásquez subrayó que esta situación evidencia cómo las infancias no son una prioridad en la agenda del Estado, que continúa protegiendo a los hombres deudores, muchos de los cuales ocupan cargos importantes de poder.
“Los deudores siguen en las calles sin pagar pensión”, acusan activistas
Sheridan Mata, líder del Frente Poblano de Mujeres contra Deudores Alimentarios, confirmó que hasta la fecha continúan esperando que los deudores poblanos sean agregados al registro nacional, lo cual serviría como una presión para que cumplan con sus obligaciones, además de advertir a otras mujeres sobre estos sujetos.
“La Ley Sabina abarca 40 modificaciones al Código Penal, y en Puebla sólo se aprobaron algunas. Una de ellas fue agregar a los deudores al registro nacional. Creo que no se luchó lo suficiente, porque cuando pedimos un registro estatal nos dijeron que no era posible, que no había recursos. En realidad, no hay nada; no se empezó el registro, no salió nunca lo aprobado en el Periódico Oficial, y nuestros violentadores siguen en la calle, sin hacerse responsables de nuestros hijos y sin que la justicia les alcance”, lamentó.
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Finalmente, Gabriela Rosas, de la Colectiva Madres Viviendo Violencia Vicaria, Mujeres por el Derecho al Cuidado y una Vida Libre de Violencia, declaró que la creación de un registro de deudores nunca fue una prioridad para las autoridades. Esta falta de atención ha dejado a muchas infancias en una situación de vulnerabilidad, sin el respaldo económico necesario para garantizar sus derechos fundamentales.
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