Al asistir al Primer Informe de Actividades del Sistema Estatal Anticorrupción, el gobernador Antonio Gali reiteró su compromiso de impulsar políticas públicas para erradicar este mal que lacera a las instituciones, pero sobre todo a la sociedad.
El mandatario manifestó que la corrupción afecta directamente a la economía, pues inhibe la iniciativa de los inversionistas y obstaculiza el desarrollo de la entidad; en este sentido, dijo, debe combatirse frontalmente a través de la construcción de una cultura ciudadana de defensa y respeto a la ley.
Subrayó que el cumplimiento de las leyes genera certidumbre, orden, paz y progreso, por ello, recordó que Puebla es uno de los estados que más ha avanzado en la eliminación de este cáncer social.
Recalcó que el estado se rige bajo un esquema de gobierno abierto, en el cual, se integra la participación ciudadana como pieza fundamental a fin de fortalecer la democracia. Asimismo, indicó que la transparencia y la rendición de cuentas son primordiales para superar estas prácticas nocivas.
La presidenta del Sistema Estatal Anticorrupción, Karen Berlanga, destacó que es la primera vez que se realiza un informe de este tipo ante los poderes Ejecutivo y Judicial; producto de la sinergia entre ciudadanos y autoridades para prevenir y suprimir el cohecho.
Añadió que las malas prácticas traen como consecuencia opacidad en el gasto público, incremento de la desigualdad y pérdida de confianza en el gobierno y la sociedad en conjunto, por lo que el órgano que preside, busca detectar y sancionar responsabilidades administrativas así como fiscalizar y controlar recursos.
Reconoció en Tony Gali, un gobernador consciente de que caminando de la mano de la ciudadanía se puede terminar con este mal; por otra parte, hizo hincapié en que a diferencia de otros Ejecutivos estatales, aprobó el presupuesto para el Sistema Estatal Anticorrupción y lo dotó de un inmueble para realizar sus funciones.
Estuvieron presentes el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia, Héctor Sánchez; el auditor superior del estado, David Villanueva; el secretario de la Contraloría, Rodolfo Sánchez; la presidenta del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Puebla, Gabriela Sierra Palacios y la magistrada presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, María de Lourdes Dib y Álvarez.
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