El 30 septiembre de 2023 se reportó un alza en las denuncias por el delito de trata de personas en la entidad poblana, con 59, lo que muestra un agravamiento del delito y la ineficacia de las políticas públicas de prevención, advirtieron académicos de la Universidad Iberoamericana Puebla.
Lo anterior en el informe “Balance de la situación de los derechos humanos”, elaborado por el Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría (IDHIE) de la casa de estudios.
Por si esto fuera poco, durante el mismo periodo solo se registraron 52 sentencias condenatorias por este delito en la entidad, lo que resultó desproporcional al número de denuncias, acusaron.
“Esto evidencia que la captura y enjuiciamiento de las personas responsables no se está concretando. Esto fomenta el agravamiento y la impunidad. Con miras a la disminución del problema, el Instituto de Derechos Humanos de la IBERO Puebla hizo un llamado a la Fiscalía General del Estado para que sistematice información sobre la caracterización de las víctimas y sus victimarios”, insistieron.
En este documento señalaron que, pese a estas cifras, la Oficina contra las Drogas y el Delito de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) estima que por cada víctima identificada hay 20 más sin ser reconocidas.
“Estos datos apenas dan una estimación del delito en la entidad”, lamentaron, ya que la trata de personas es un fenómeno de escala mundial que priva de la dignidad y la vida plena a millones de personas.
“La ONU lo califica como uno de los delitos más vergonzosos y preocupantes de la actualidad, pues no se puede saber con certeza el número real de víctimas”, sentenciaron. Entre 2015 y 2022, se iniciaron 257 averiguaciones previas y carpetas de investigación, lo que permitió identificar a 280 víctimas en el estado.
Finalmente, los académicos hicieron un llamado a la Comisión Interinstitucional para la Prevención y Erradicación de los Delitos de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia de sus Víctimas, para que sesione con la periodicidad que mandata la ley, además de implementar estrategias políticas y de acción para la prevención, asistencia y protección a las víctimas.