El Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría de la Universidad Iberoamericana Puebla reprochó al Congreso del Estado la deuda que tienen con las familias de desaparecidos, por lo que exigió se convoque a sesión extraordinaria para aprobar la Ley en Materia de Desaparición de Personas.

En un comunicado, el instituto, el Observatorio de Participación Social y Calidad Democrática y la Coordinación de la Licenciatura en Derecho recordaron que la LX Legislatura tuvo un año para dictaminar y aprobar la ley y no lo hizo, por lo que cerró su periodo ordinario de sesiones con compromisos incumplidos.

“¿Cómo explicarles a las familias de personas desaparecidas en el estado que sus representantes populares no pudieron aprobar la iniciativa elaborada colectivamente, presentada formalmente y revisada interinstitucionalmente?”, cuestionaron y señalaron que la molestia de las familias es legítima.

Indicaron que el Congreso prometió legislar y se encuentra en deuda, a pesar de que hay una iniciativa —elaborada por familias de desaparecidos y el instituto— con observaciones por parte de instituciones estatales y organismos internacionales, como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, por lo que cuestionaron si existe voluntad política.

Precisaron que el estado de Puebla necesita un marco jurídico que asigne obligaciones específicas, establezca estándares de comportamiento y formalice mecanismos de coordinación en la entidad. Eso, dijeron, solo lo puede aportar una ley estatal, como lo han logrado hasta ahora 14 entidades del país.

“¿Qué esperan diputadas y diputados? La LX Legislatura no ha terminado aún. En solidaridad con las familias y en apego al cumplimiento de sus obligaciones, exigimos se convoque a un periodo extraordinario en los dos meses que restan para completar el proceso legislativo iniciado”, se lee en el comunicado.

El 15 de julio en la última sesión ordinaria del Pleno, integrantes del colectivo Voz de los Desaparecidos se manifestaron para exigir la dictaminación y aprobación de la ley. Ante la omisión de los diputados, las familias instalaron un plantón afuera del Congreso, en la calle 3 Poniente, entre 16 de septiembre y 3 Sur.