La edil con licencia Claudia Rivera Vivanco acordó con el Gobierno del Estado que Carla Morales Aguilar sería la delegada de seguridad en la capital, pero después desconoció el nombramiento, así lo informó el mismo mandatario, quien aprovechó para mencionar que la discusión en la SCJN sobre si su administración debe de asumir la seguridad pública está vigente y solo se descartó el nombramiento de Morales.
“Si hacemos un poquito de memoria, fue por allá del mes de marzo del año 2020 cuando iniciamos un diálogo político con el Ayuntamiento de Puebla, con la entonces presidenta para poder compartir de manera coordinada la responsabilidad de la seguridad pública en el municipio por los altos índices de delincuencia, Puebla genera hasta el 45 por ciento de los delitos que se cometen el estado y muchas otras razones que no voy a hacer referencia para no entrar en polémicas”, detalló.
De acuerdo con el mandatario, así ocurrieron los hechos: Informaron del nombramiento de Carla Morales Aguilar, pero la alcaldesa “iba y venía” de la Ciudad de México, “llevando pasteles, dulces, así como talavera”, para ganar conciencias, así como opiniones. Hasta que “un buen día se armó un “relajo político”, luego emitieron el decreto para asumir la seguridad, así como el nombramiento de Morales Aguilar e inmediatamente el Ayuntamiento interpuso una acción desconociendo todos los acuerdos que ya habían hecho.
“Como los decretos de esta naturaleza deben de tener un plazo, primero les dimos un plazo, en un transitorio y finalmente al vencerse en marzo del 2021 el plazo del decreto, emitimos otro decreto. Lo que ahí resuelve la Corte son porque ya no tenían vigencia ni materia, son dos casos, el primer decreto que ya está agotado en plazo y el nombramiento de Carla Morales, pero están vigentes otros dos decretos, los últimos”, recordó.
Explicó que la discusión en la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre si el Gobierno del Estado deba de asumir la seguridad pública está vigente y que no se trata de que el Ayuntamiento o su administración gane, ya que los únicos que pierden son los poblanos.
Fue este 7 de abril que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió a favor del municipio de Puebla para que el gobierno del estado que encabeza Miguel Barbosa Huerta no tome el mando de la policía municipal, pues se aseguró que no existen elementos para afirmar que se pondría en peligro el orden y la paz en la capital poblana.
Durante una sesión remota que se llevó a cabo este 7 de abril, se analizó la suspensión en la controversia constitucional promovida por el municipio de Puebla para que el gobernador se abstenga de asumir el mando de la policía municipal hasta que se decida sobre este aspecto en la controversia planteada.
