Más de cuatro meses han pasado desde que la Auditoría Superior del Estado (ASE) debió presentar el informe general de la revisión de cuentas públicas respectivas al ejercicio fiscal de 2019, sin embargo, el organismo de fiscalización usó como argumento la pandemia de la Covid-19 para retrasar el cumplimiento de esta obligación, que se suma a la opacidad que existe en materia de transparencia para informar sobre los contratos celebrados y demás obligaciones en la materia desde que inició este año.
De acuerdo con el artículo 56 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, la ASE cuenta con 12 meses para realizar este informe, a partir de que vence el plazo para que las entidades fiscalizadas entreguen sus respectivas cuentas públicas.
“La Auditoría Superior contará con doce meses, contados a partir del vencimiento del plazo de presentación de las Cuentas Públicas, para rendir el Informe General correspondiente al Congreso del Estado por conducto de la Comisión, mismo que tendrá carácter público”, señala la ley.
Los sujetos obligados, tienen hasta el último día de abril para presentar su cuenta pública del año anterior y es a partir de ese momento que corre el periodo de un año que tiene la ASE para generar el informe general correspondiente, por lo cual, en abril de este año se debió entregar el informe de fiscalización de 2019, sin que hasta la fecha esto haya ocurrido.
En agosto de este año, el titular de la ASE, Francisco Romero Serrano, argumentó que la crisis sanitaria provocada por el nuevo coronavirus generó complicaciones en los trabajos de revisión, sin embargo, negó que exista un rezago en la revisión de cuentas públicas y ofreció entregar el informe de 2019 el próximo 15 de septiembre, por lo que será la próxima legislatura la que haga la revisión de este documento.
Incluso, en 2020 la Comisión Inspectora aprobó varias prórrogas para entregar la información relacionada con las cuentas públicas de 2018, respaldada en las complicaciones que generó la pandemia, por lo que este documento se entregó hasta el mes de noviembre del año pasado.
Esas mismas medidas se extendieron este año, pues la Auditoría emitió acuerdos con los que suspendió labores y redujo hasta en un 20 por ciento la atención presencial en las instalaciones del organismo.
SIN TRANSPARENCIA EN 2021
Aunado al rezago en la revisión de cuentas públicas, la ASE mantiene opacidad en el funcionamiento del organismo, pues no ha cumplido con ninguna de sus obligaciones de transparencia en lo que va de 2021, ya que no hay actualizaciones disponibles en la Plataforma Nacional de Transparencia.
Es por ello que no existe información actualizada del padrón de proveedores, contratos por honorarios, dictámenes financieros, gastos en publicidad oficial, entre otras.
La última información disponible de la ASE data de 2020, aunque la transparencia es parcial, pues la mayoría de los funcionarios, incluido el propio Auditor, no ha revelado la versión pública de su declaración patrimonial.
“La Celda denominada "Hipervínculo a la versión pública Declaración de Situación Patrimonial" se dejó en blanco debido a que el Servidor Público no autorizó la publicación de la versión pública de su declaración”, indica la plataforma.
SEÑALAMIENTOS
Francisco Romero Serrano tiene grandes áreas de oportunidad como auditor, fueron las palabras de la presidenta de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado, Nora Merino Escamilla, expresadas hace unos días en conferencia de prensa, con relación al desempeño del servidor público.
Horas antes de la diputada, el gobernador Miguel Barbosa Huerta pidió a la Auditoría que informe a través de mecanismos legales la detección de anomalías en los municipios y no en redes sociales como lo hizo el 24 de agosto, cuando reveló que detectó un posible desvío de recursos en 10 ayuntamientos, lo que significaba un daño patrimonial de 255 millones de pesos.
Para operar este año, la ASE recibió un presupuesto de 193 millones 722 mil 533 pesos, lo que significó un aumento de 38 millones 406 mil 559 pesos con relación a lo aprobado para 2020 por 155 millones 315 mil 974 pesos.
Sin embargo, con el argumento de que la pandemia por Covid-19 retrasó los trabajos, el auditor solicitó varias prórrogas para entregar los informes de fiscalización, las cuales fueron concedidas por el Congreso del Estado.
NO HAY REZAGO, REVIRA ROMERO SERRANO
En entrevista con El Sol de Puebla, Romero Serrano negó que al término de la LX Legislatura exista un rezago en la revisión de las cuentas públicas y aseguró que ya entregó a la Comisión Inspectora 320 informes de resultados correspondientes al ejercicio fiscal 2018 y que en breve estarán los de 2019.
Afirmó que solo quedan por presentar seis informes de 2018 y más de 200 de 2019, pero a más tardar el 24 de octubre entregará los últimos de 2018 y los de 2019 estarán antes del plazo perentorio que concluye en abril de 2022.
“Durante el mes de septiembre, a pesar de la pandemia y demás, entregamos 2018 y 2019. En su mayoría ya están entregados. No habrá rezago, el tema de la definición o calificación que pudiera dar la Comisión Inspectora le toca a la siguiente, a la actual le dimos 320 de 2018 y solo quedan seis informes”, dijo.
En cuanto a las declaraciones del gobernador, el auditor contestó que respeta mucho el punto de vista del mandatario y que al final de cuentas la ASE no reveló ningún nombre ni afectó algún interés jurídico o proceso legal contra algún funcionario y tampoco incurrió de manera intencionada en alguna falta.
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Además, Romero respondió a los comentarios de la presidenta del Congreso, Nora Merino, e indicó que desconoce las áreas de oportunidad que tiene, ya que están cumpliendo con los tiempos de entrega de las cuentas públicas.
“No lo sé”, dijo respecto a su posible destitución del cargo, al asegurar que está abierto a escuchar inquietudes y responder las dudas de la Comisión Inspectora que preside la diputada de Morena, Olga Lucía Romero Garci Crespo, quien además se reelegirá en la siguiente legislatura local.
Los señalamientos contra el auditor no solo han provenido del gobernador Barbosa o la presidenta del Congreso, sino también de la BUAP, que en enero de 2020 solicitó su destitución por las irregularidades en las que presuntamente incurrió al pretender auditar los recursos de 2019, que en su mayoría eran federales.
El subcontralor de esa universidad, José Ubaldo Ramírez, dijo que la ASE notificó que llevaría la fiscalización de los recursos federales ejercidos, luego que la institución solicitó a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) que hiciera la revisión y que se negara a entregar documentos al órgano fiscalizador local que inició una auditoría preventiva cuando el ejercicio fiscal 2019 aún no concluía.
Versiones al interior del Congreso del Estado apuntan a que el auditor habría perdido la confianza de la bancada de Morena, que es mayoritaria, por lo que se estaría evaluando su reemplazo. Aunado a ello, recientemente algunos funcionarios cercanos dejaron el organismo de fiscalización, entre ellos el auditor especial de Cumplimiento Financiero, Víctor Manuel Sánchez Ruiz, y el director general jurídico, Rafael Cepeda Morales.
(Con información de Berenice Martínez)