Acompañada en el presídium por la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, doctora Yasmín Esquivel Mossa; del consejero jurídico del gobierno del estado, doctor Ricardo Velázquez Cruz; del magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Héctor Sánchez Sánchez, y de los magistrados que integran el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Puebla, Alfonso Siriako Guillén Almaguer, David Paz Moreno, Luz María Aguirre Barbosa, Rubén José Huerta Yedra, María Esther Torreblanca Cortés y Gilberto Suárez Machado; la magistrada presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa rindió su segundo informe de actividades y envió un mensaje al gobernador del estado de Puebla, abogado Luis Miguel Barbosa Huerta, manifestándole su reconocimiento por el interés en la consolidación del Sistema Anticorrupción del Estado de Puebla y su constante esfuerzo para que el respeto a los derechos de los ciudadanos frente a la actuación de la administración pública, sea una realidad.
A la doctora Yasmín Esquivel Mossa, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, agradeció su asistencia, subrayando que ha puesto al servicio de la Justicia Administrativa toda su sapiencia jurídica, la experiencia de su larga trayectoria profesional como jurista, así como la orientación y apoyo que brindó en su momento, como presidenta de la Asociación de Magistrados de Tribunales de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, A.C., desde el inicio de funciones del Tribunal poblano; añadió que los grandes méritos de la ministra, la han llevado a formar parte del máximo Tribunal de México y que sea testigo de la solidez que ha alcanzado el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Puebla, en apenas dos años de existencia.
La presidenta Lourdes Dib, presentó estadísticas generales que hacen evidencia del crecimiento del Tribunal en demandas y sentencias que se han dictado, subrayando que los tribunales federales han confirmado sus criterios en un alto porcentaje. Mención aparte mereció la importancia de las características constitucionales del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Puebla, autónomo, independiente, altamente especializado en la compleja materia administrativa y cercano a los gobernados en esta interacción cotidiana de los particulares con la administración pública estatal y de los 217 municipios, cuya garantía de certeza jurídica a los ciudadanos descansa en su independencia y el respeto en todo momento a los poderes del Estado.
Por otro lado, enfatizó que el Sistema Nacional Anticorrupción se encuentra en el debate nacional y consolidarlo dependerá de la actuación de sus integrantes; en el Sistema Anticorrupción del Estado de Puebla sus integrantes trabaja coordinadamente.
En el uso de la palabra, la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Yasmín Esquivel Mossa, reconoció el liderazgo y trabajo de la magistrada María de Lourdes Dib y Álvarez, así como a los magistrados que realizan este gran esfuerzo de sentar las bases de un órgano jurisdiccional sólido, a la altura de los retos que enfrenta y que cumple con la misión que se le asigna desde la constitución federal. Expresó que este Tribunal responde a las exigencias de un estado de derecho apuntando al camino de la legalidad, la legitimidad social; postulados del gobierno de Luis Miguel Barbosa Huerta.
Por su parte el doctor Ricardo Velázquez Cruz; consejero jurídico del gobierno del estado de Puebla, al felicitar a la magistrada presidenta por su informe, reiteró que el gobernador del estado Luis Miguel Barbosa Huerta ha externado que, en la función de administrar se ve la posibilidad de dar justicia a todos, pues el pueblo ya no tiene que tener más hambre e injusticia, por eso precisamente, la importancia del Tribunal de Justicia Administrativa, ya que es el que nos hace ver los errores que cometemos como administración pública, y que se van corrigiendo.
En el segundo informe se dieron cita la senadora Nadia Navarro Acevedo, la secretaria de Economía del estado de Puebla, Olivia Salomón Vibaldo, 42 magistrados de Tribunales de Justicia Administrativa de los estados y de la Ciudad de México, así como magistrados y jueces, académicos, juristas, empresarios y representantes de la sociedad civil.
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