Puebla es el tercer estado del país con menor disponibilidad de personal médico y enfermería en el sector público, con una tasa de 2.27 por cada mil habitantes. Aunado a esto, forma parte de las siete entidades federativas con mayor déficit de infraestructura hospitalaria y menor acceso a instituciones de salud, reveló el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), a través del Índice de Competitividad Estatal 2024.
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A decir de especialistas consultados por El Sol de Puebla, estos datos confirman lo que el Estado no quiere reconocer: la salud pública está privatizada, ya que, al no existir una garantía en la atención médica gratuita, el sector privado es la única opción para los usuarios, creando un acceso inequitativo al servicio y, en consecuencia, convirtiéndolo en un privilegio.
"Los tratamientos que dan en ámbito privado en comparación con el público sí son de mayor calidad, cuando debería de ser exactamente la misma, entonces se provoca una desigualdad, porque quienes acceden al ámbito particular tienen mejores tratamientos que aquellos que no tienen recursos, el déficit es notable" opina Jorge Meneses Díaz, director del posgrado en Salud Pública de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP).
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Aunado a esto, se vulneró uno de las primordiales garantías de la ciudadanía, el derecho humano al acceso a la salud, que deriva en graves consecuencias, pues quienes no tienen los recursos para atenderse en el sector privado, deben esperar largos periodos para tratar enfermedades crónicas o dejan a un lado su salud, agrega Jonathan Carlos Amaro Hernández, académico de la Universidad Libre de Derecho de Puebla (ELDP).
La salud pública se privatizó
Aunque el gobierno no quiera reconocerlo, la salud pública está privatizada insiste Meneses.
Cuando un paciente llega al sector público no solo se enfrenta a la falta de disponibilidad de camas de hospital, sino también de médicos especialistas y medicamentos. Esto es lo que orilla a que los usuarios transiten al sector privado y, según sus posibilidades, elijen atenderse en grandes cadenas hospitalarias, clínicas pequeñas o en consultorios anexos a diversas farmacias.
“Más del 50% de la población acude al ámbito privado a atender temas de salud y no estoy hablando de grandes cadenas hospitalarias, sino más bien de los consultorios que están anexos a las farmacias de la gente tiene que recurrir a estos consultorios porque precisamente en el en el ámbito público no hay disponibilidad de los médicos”, estima.
La pandemia de coronavirus fue un claro ejemplo de este déficit de personal médico e infraestructura hospitalaria en Puebla. A cuatro años de esta emergencia sanitaria, la situación sigue igual, ya que el sistema público de salud no es capaz de hacer frente a otra crisis de esta magnitud, señala Meneses.
Si bien este es un problema histórico, que no surgió en la actual administración, no logra mejorar.
Es un rezago en el sistema de salud que innegablemente repercute y afecta de manera directa a cualquier persona con cualquier padecimiento que pueda requerir de una cama, desafortunadamente el sistema de salud requiere cambios profundos, de emigrar el modelo de atención a preventivos, pero ya teniendo el tiempo encima con el cierre del sexenio, sigue siendo un tema pendiente apunta.
¿Qué recursos puede utilizar la ciudadanía?
El sistema de salud público está rebasado en su capacidad para atender a las personas que están aseguradas, agravando complicaciones de salud entre la población, pues sus tratamientos (especialmente de enfermedades crónico-degenerativas) se ven limitados por el desabasto médico y de especialistas que puedan dar un seguimiento.
Si los usuarios no pueden recibir atención porque no hay medicamentos, maquinaria especializada o personal, entonces sí es una grave violación a sus derechos humanos explica Amaro.
Ante esto, los derechohabientes pueden recurrir a diversos medios de defensa. El primero de ellos es presentar una queja ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla por la vulneración de una garantía.
La segunda opción es presentar una denuncia por negligencia médica, o bien, presentar la queja ante la Comisión Nacional de Arbitraje Médico (Conamed) en caso de negligencias médicas u omisiones, la cual resuelve dichos casos mediante mecanismos como la conciliación o la mediación.
Pero también hay una falta de responsabilidad del Estado y se pueden tomar otras vías legales, señala el académico.
En la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos tenemos tres tipos de responsabilidades: administrativa, penal y civil, entonces se tendría que iniciar un procedimiento de carácter administrativo para que con eso se les finque una responsabilidad según sea el caso, que puede ir desde la destitución del cargo, inhabilitación, o que se les imponga una multa, para más tarde exigir la reparación del daño.
Esto aplica tanto para la Federación como para las entidades o los municipios, entonces esta Ley es la que tendríamos como última instancia para fincar una responsabilidad por sus omisiones, sus negligencias o la falta de proporcionar ese servicio a la ciudadanía detalla.
Finalmente, recomienda al Estado que instrumente políticas públicas eficientes en materia de salud para que los recursos que son destinados a esta área sean debidamente empleados, así como ampliar la cobertura del servicio y mayor transparencia en la administración de los recursos.
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