Se desata la polémica en Puebla por donación obligada de órganos

La lista de pacientes que esperan trasplantes se reduciría con las reformas aprobadas por el Senado de la República por las que se obviaría la autorización de donación de órganos y tejidos, estimó el nefrólogo y responsable de la Clínica del Riñón del Hospital Christus Muguerza, José Arturo Varela Gutiérrez.

A decir del especialista que ha hecho más de 60 trasplantes renales de donadores vivos y cadavéricos, las modificaciones aprobadas por la mayoría de los legisladores a seis artículos de la Ley General de Salud, para que puedan aprovecharse órganos y tejidos útiles de cualquier persona mayor de 18 años que haya muerto y que no haya expresado en vida y por escrito su negativa, es una medida que como ya se hace en otros países, como España, podría ser la esperanza para que mucha gente mejore o salve su vida.

Y es que recordó, una vez que una persona sufre muerte cerebral, sus órganos pueden ayudar a otra persona, “ya no nos sirven de nada en ese cuerpo, sin embargo pueden dar vida a otro paciente”, resaltó.

Especialmente en México, enfatizó, que hay muchos pacientes con enfermedades crónicas como diabetes e hipertensión que desarrollan otros padecimientos, renales por ejemplo, que se mejoraría o sanarían con un trasplante.

Muchos de estos pacientes, señaló, esperan por años para ser receptores del órgano que les salve la vida, “algunos pacientes llevan hasta ocho, nueve años en espera y mueren en la espera, y muchos también no son mayores de 60 años, algunos incluso son niños”, completó.

Asimismo, subrayó, hay mucha gente que ya ha aceptado al hacer trámites como la obtención de la licencia de conducir donar sus órganos y tejidos, mientras que otros no lo han hecho porque no se les ha preguntado, no necesariamente porque se opongan a ello.

Finalmente, Varela Gutiérrez llamó a sensibilizarse de las enfermedades de mucha gente y a aceptar la donación de órganos o bien, a negarse a ella formalmente y en vida, para que se respete su voluntad.

Las reformas aprobadas por el Senado de la República para obviar la autorización de donación de órganos y tejidos hicieron discrepar a académicos, pues mientras que Ricardo Fernández Fuentes, especialista en Derecho Constitucional de la UPAEP consideró que son anticonstitucionales e impositivas, Arán García Sánchez, director del Departamento de Derecho del Tecnológico de Monterrey, la calificó como una buena medida para combatir el déficit y tráfico de estos.

EL DEBATE JURÍDICO

Por su parte, Ricardo Fernández Fuentes, especialista en Derecho Constitucional de la UPAEP, y Arán García Sánchez, director del departamento de Derecho del Tecnológico de Monterrey, discreparon de estas reformas.

Y es que a decir de Fernández Fuentes, estas disposiciones son anticonstitucionales e impositivas, pues atentan contra la libertad establecida en diversas legislaciones, por ejemplo, el Código Civil del Estado de Puebla que en su artículo 80 concede a los ciudadanos el derecho para decidir sobre su propio cuerpo, incluso después de la propia muerte.

Con tal fundamento, el especialista consideró que las reformas impulsadas por los senadores son excesivas e incluso podrían ser motivo de inconformidades de aquellos ciudadanos que no desean que otros decidan sobre su cuerpo, “yo creo que puede tener muchas consecuencias jurídicas, podría producirse una cascada de amparos”, advirtió.

Y es que pese a que reconoció que el sentido es positivo, para tratar de devolver la salud o mejorar la calidad de vida de otra persona, la ley no puede atentar contra las libertades de los ciudadanos.

“Entiendo el espíritu, me parece bueno y loable, pero como abogado no puedo justificar las imposiciones, arbitrariedades y me parece que debería haber más respeto del gobierno, del Estado”, enfatizó.

En tanto que Arán García Sánchez, celebró las reformas por considerar que éstas favorecerán problemas actuales en el sector como es el déficit y tráfico de órganos, además de que aseveró, es una medida que ya ha probado su conveniencia en otros países.

“Lo importante no es lo legal, sino el fin social, de salud, más que los aspectos políticos o de otro tipo”, sostuvo.