Erika Díaz, presidenta del Consejo Taxista de Puebla (CTEP), deslindó a sus agremiados de la agresión a conductor en zona CAPU que fue confundido con chofer de la plataforma Uber y manifestó que está a favor de la intervención de la Secretaría de Movilidad y Transporte en el operativo a las unidades para detectar si hay piratas.
La líder ofreció una rueda de prensa para informar que ayudará a las investigaciones, pero que también es necesario sancionar a las unidades que no cumplen con los lineamientos. Incluso, en caso de encontrar evidencias que son sus agremiados, serán sancionados y dejarán de formar parte de su padrón.
Díaz aprovechó para señalar que el CTEP no está convocando a ninguna marcha en la central camionera y qué hay una campaña de desprestigio en su contra que está a cargo presuntamente de Arturo Loyola y René Sánchez.
Ambos representantes del transporte, dijo, la han amenazado y han intentado dañar su integridad, por lo que denunció públicamente que desde hace dos meses interpuso una denuncia por diversos delitos.
Díaz refirió que Loyola y Sánchez tienen unidades sin los permisos correspondientes y los calificó de “coyotes”, pues se han apropiado de diversos espacios haciendo bases.
En su caso, dijo que el CTEP acepta a Uber, siempre y cuando no haga cobro en efectivo ni sitio, asimismo, apostó porque las autoridades designen un lugar de descenso y ascenso para estas plataformas, así como definir un sitio fijo para los taxistas.
“Los usuarios tienen el derecho de tomar el servicio que deseen, transporte público, ejecutivo, mercantil. Mis chóferes, mis amigos están certificados y no agreden a los poblanos”, insistió.
LOYOLA NIEGA ACUSACIONES
En respuesta, Arturo Loyola, señaló que las acusaciones de la líder del CTEP son únicamente “chismes y calumnias” y advirtió que existen 8 carpetas de investigación en su contra.
“Es del dominio público la forma gansteril con la que actúa la dirigente del Consejo Taxista, Erika Díaz. Atentados, son los que han padecido cientos de taxistas al ser despojados de forma violenta de sus centros de trabajo. Lamento los señalamientos infundados hacia mi persona”, dijo.
Sin dar pormenores de las quejas en su contra, dijo que actualmente está protegida por el gobierno estatal y que ha buscado “congraciarse” para que los juicios en su contra no procedan.
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