Alfonso Siriako N, magistrado de la Primera Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Puebla, y Froylán N, extrabajador de la Comisión de Administración y Presupuesto del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, están en su derecho de ampararse, pero se portaron mal, al igual que muchos personajes de los gobiernos anteriores.
Lo anterior lo declaró el gobernador del estado de Puebla, Luis Miguel Barbosa Huerta, quien dio su opinión de los sujetos antes mencionados, pues este 19 de mayo se dio a conocer que continuarían en prisión, luego de que fueron vinculados a proceso.
Desde su óptica, ambos pueden ampararse, pero considera que ambos incumplieron con la ley.
“Los procesos penales los siguen jueces penales con la participación de la Fiscalía, que es la parte que acusa y con la intervención también de los agraviados, en el caso de este magistrado detenido el agraviado es el gobierno del estado como muchos casos y cientos de casos, se portaron mal los chamacos, eran traviesos ”, comentó.
De igual modo, dijo que la justicia resolverá si estas dos personas deben continuar en prisión o no, pero él cree que se portaron mal y que “tenían las uñas largas”.
Fue el 18 de abril que el gobernador declaró que Alfonso Siriako N, fue detenido por registrador actos de corrupción en el Centro Expositor no por persecución política y que era un caso más de corrupción que se registró en las administraciones pasadas.
El Sol de Puebla dio a conocer que Alfonso Siriako N fue detenido el 14 de mayo en la plaza comercial Las Ánimas y tras su arresto, quedó a disposición de un juez de control en el Centro de Justicia Penal de Puebla, donde espera su audiencia inicial . Fuentes cercanas al revelaron a este medio que el detenido enfrenta cargos por delitos cometidos en la administración de justicia y otros ramos del poder público bajo la causa penal 1390/2021 / Puebla.
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Su detención obedecería a una denuncia por desvío de recursos en 2017. De acuerdo con la información compartida, mientras fungía como coordinador general jurídico de la Secretaría de Infraestructura, habría avalado el pago de un laudo por 107.2 millones de pesos a tres constructoras que concluyeron los trabajos del Centro Expositor.