/ martes 16 de julio de 2024

Se quedará rezagada la normativa de la Declaración Especial de Ausencia en el Congreso

Edgar Garmendia reconoció que este tema se heredará a la próxima legislatura

A pesar de las exigencias para expedir la Declaración Especial de Ausencia, la actual legislatura no sacará adelante la normativa y el asunto quedará en manos de los próximos diputados que iniciarán en septiembre.

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La iniciativa fue recibida por la Mesa Directiva del Congreso del Estado en octubre del 2023 y elaborado por la petista Mónica Silva Ruiz, integrantes del colectivo Voz de los Desaparecidos y la Universidad Iberoamericana campus Puebla.

Aunque ya transcurrieron nueve meses desde su recepción en el Legislativo, todavía no hay avances en el tema, precisó el líder del Poder Legislativo, Edgar Garmendia de los Santos.

“Es un tema que tenemos pendiente, se está analizando, sobre todo se están haciendo comparativos para poder hacer las adecuaciones pertinentes, vamos a encaminarlo con la próxima legislatura”, precisó.

Resaltó que los trabajos que se lleven a cabo sobre la Declaración Especial de Ausencia marcarán una pauta para que la próxima legislatura tenga las bases que permitan continuar con el análisis y convertir en una realidad la normativa que beneficia a los familiares de las personas que tienen un desaparecido.

En días pasados y con motivo del cierre de periodo ordinario, el colectivo Voz de los Desaparecidos, pidió al Congreso de Puebla aprobar la Ley de Declaración Especial de Ausencia, que se mantiene en congeladora.

La propuesta ingresada al Legislativo contiene un total de 37 artículos distribuidos en cuatro capítulos: disposiciones generales, la solicitud, del procedimiento y los efectos. Entre sus objetivos está “brindar certeza jurídica a la representación de los intereses y derechos de la persona desparecida, familiares o personas legitimadas por ley”.

Los puntos nobles de la declaratoria serán para garantizar la patria potestad de la persona desaparecida y la protección de los derechos y bienes de las niñas, niños y adolescentes que sean hijas o hijos de esa persona.

La protección del patrimonio y los bienes adquiridos a crédito cuyos plazos de amortización vigentes del desaparecido, así como los plazos puedan acceder al dinero.

A pesar de las exigencias para expedir la Declaración Especial de Ausencia, la actual legislatura no sacará adelante la normativa y el asunto quedará en manos de los próximos diputados que iniciarán en septiembre.

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La iniciativa fue recibida por la Mesa Directiva del Congreso del Estado en octubre del 2023 y elaborado por la petista Mónica Silva Ruiz, integrantes del colectivo Voz de los Desaparecidos y la Universidad Iberoamericana campus Puebla.

Aunque ya transcurrieron nueve meses desde su recepción en el Legislativo, todavía no hay avances en el tema, precisó el líder del Poder Legislativo, Edgar Garmendia de los Santos.

“Es un tema que tenemos pendiente, se está analizando, sobre todo se están haciendo comparativos para poder hacer las adecuaciones pertinentes, vamos a encaminarlo con la próxima legislatura”, precisó.

Resaltó que los trabajos que se lleven a cabo sobre la Declaración Especial de Ausencia marcarán una pauta para que la próxima legislatura tenga las bases que permitan continuar con el análisis y convertir en una realidad la normativa que beneficia a los familiares de las personas que tienen un desaparecido.

En días pasados y con motivo del cierre de periodo ordinario, el colectivo Voz de los Desaparecidos, pidió al Congreso de Puebla aprobar la Ley de Declaración Especial de Ausencia, que se mantiene en congeladora.

La propuesta ingresada al Legislativo contiene un total de 37 artículos distribuidos en cuatro capítulos: disposiciones generales, la solicitud, del procedimiento y los efectos. Entre sus objetivos está “brindar certeza jurídica a la representación de los intereses y derechos de la persona desparecida, familiares o personas legitimadas por ley”.

Los puntos nobles de la declaratoria serán para garantizar la patria potestad de la persona desaparecida y la protección de los derechos y bienes de las niñas, niños y adolescentes que sean hijas o hijos de esa persona.

La protección del patrimonio y los bienes adquiridos a crédito cuyos plazos de amortización vigentes del desaparecido, así como los plazos puedan acceder al dinero.

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