La titular de la Secretaría de Bienestar federal, Ariadna Montiel Reyes, negó que existan funcionarios sancionados por haber empleado de forma proselitista la entrega de apoyos gubernamentales en Puebla. Aseguró que hace poco se inició una investigación, pero la misma fue improcedente, pues no se acreditó el mal uso de los programas en ese sentido.
Tras haber visitado la capital del estado para hacer entrega de las primeras nueve mil tarjetas de la pensión universal para personas con discapacidad de 2023, la funcionaria del gabinete del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró este día que en Puebla ningún servidor público ha entregado apoyos con fines electorales.
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Detalló que recientemente se investigó una queja presentada por la supuesta comisión de ese delito, sin embargo, la conclusión de la indagatoria fue que no hubo daño alguno. No obstante, evitó ahondar en detalles, pese a ser cuestionada por medios de comunicación.
Enfatizó que Puebla es uno de los estados en los que hay poca o nula incidencia de estos actos, sin embargo, defendió que la autoridad regularmente audita los procesos de entrega de apoyos.
“No tenemos una circunstancia así en Puebla, creo que es de los Estados en donde nosotros tenemos un avance al 100 por ciento, como debemos de hacerlo, vamos a seguir con el plan de trabajo establecido, insisto, si nosotros detectamos eso, en cualquier lugar del país, actuamos”, opinó.
Respecto a la entrega actual de los plásticos bancarios, Montiel Reyes dio a conocer que fueron otorgados 9 mil 341 apoyos, pero reconoció que hay un padrón de al menos 70 mil poblanos que viven con alguna discapacidad. Enfatizó que la totalidad de personas inscritas en el programa tendrá su tarjeta antes de finalizar el año.
Por su parte, Rodrigo Abdalá Dartigues, delegado estatal de Bienestar, expuso que en 2023 la asignación de recursos para cada tarjeta pasará de 2 mil 800 a 2 mil 950 pesos, que se entregarán cada bimestre. En otras palabras, las personas con discapacidad reciben alrededor de 49 pesos diarios como apoyo gubernamental.
Tan sólo para poner esa cifra en retrospectiva, en comparación con lo que una persona beneficiaria de ese apoyo puede adquirir, de acuerdo con datos de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), en el centro del país la canasta básica ronda entre los 870 y los mil 35 pesos; mientras que el salario mínimo es de 207.44 pesos cada día.
