Por la inversión fallida de 600 millones de pesos que el gobierno estatal realizó en Banco Accendo, una institución financiera que se declaró en bancarrota en 2021, la Secretaría de la Función Pública (SFP) ya investiga si Teresa Castro Corro, secretaria de Planeación y Finanzas (SPF), así como otros funcionarios de dicha dependencia, tomaron o no la mejor decisión para las arcas del estado en ese momento.
En entrevista con medios de comunicación, el titular de la SPF, Juan Carlos Moreno Valle Abdala, reveló que en 2022 se investigó si la transacción hecha entre el gobierno de Puebla y Banco Accendo fue legal. Aseguró que el procedimiento se hizo conforme a Derecho, pero advirtió que ahora se auditará el desempeño de todos los actores involucrados en él, incluida Castro Corro.
“Hicimos una revisión que concluyó el año pasado, para ver que todo se haya llevado conforme a Derecho. Esa primera parte ya concluyó. Ahora es para ver que los funcionarios públicos realmente hayan tenido la mejor opción para el gobierno del estado y que todo se haya pegado exactamente a como dice la norma; cualquier funcionario, no importa el nivel, que no se haya apegado, desde luego, se van a hacer las indagatorias, e inclusive se van a fincar responsabilidades por ese tema”, lanzó con determinación, Moreno Valle Abdala.
El secretario expuso que los 600 millones de pesos que Castro Corro entregó a Banco Accendo, durante el mandato de Miguel Barbosa Huerta, provenían de un fondo de contingencia específico para invertir los pasivos del estado, es decir, el dinero sí estaba destinado a invertirse.
No obstante, subrayó que, tanto la titular de la SPF, como el equipo de dicha dependencia, estaban obligados a indagar minuciosamente si las condiciones de inversión eran óptimas para el dinero de los contribuyentes o si se omitió ese paso. De ser así, dejó entrever, se habría incurrido en un acto doloso para el erario.
“En ese momento se determinó hacer esa inversión, entonces, lo que estamos haciendo es que verdaderamente hayan hecho un estudio de mercado, que el banco haya contado con las condiciones que marca la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), y que haya sido la mejor opción para Puebla; y entonces cualquier funcionario que haya estado involucrado, y que no haya cumplido con su labor, sin duda le vamos a fincar responsabilidades”, enfatizó.
Defendió que, desde el momento en que la autoridad federal le removió a Banco Accendo el permiso para operar como banca múltiple, la SFP ha solicitado a la SPF reportes trimestrales sobre las acciones emprendidas por la dependencia para retornar el recurso –hasta ahora perdido– a las arcas del estado.
Se busca evitar inversiones erróneas en el futuro
Tras ser cuestionado por reporteros sobre si la SFP ya identificó o no a los posibles responsables del fracaso en la transacción con Banco Accendo, Moreno Valle Abdala evitó dar nombres, pero fue determinante al decir que la auditoría contempla a funcionarios de todos los niveles administrativos, incluida “la cabeza”.
“Hay muchas personas dentro de la dependencia y no me gustaría ahorita señalar, porque se puede malinterpretar, pero todos aquellos funcionarios, hasta la cabeza, funcionarios de abajo, están siendo investigados para ver si actuaron conforme debieron haber actuado”, remarcó.
Aunque precisó que ahora lo importante es retornar los 600 millones de pesos –o lo máximo que se pueda– a las cuentas del estado, se pronunció porque ya no existan errores financieros de esta índole en el futuro, pues hizo hincapié en que se trata de dinero de los contribuyentes el que está en juego. También precisó que no existe actualmente otro procedimiento idéntico que esté siendo investigado por la SFP.
“Nosotros tenemos que proteger el recurso de los poblanos, entonces, todas las inversiones que haga el gobierno del estado, todos los destinos que haga el gobierno, si no resultan como están previstas, por supuesto que tienen que ser investigados. No prevemos ahorita a futuro otros escenarios, esperamos que esto no se repita, pero, sobre todo, esperemos que el dinero se recupere”, manifestó.
Finalmente, el titular de la SFP fue cuestionado sobre la posibilidad de fincar responsabilidades, pero en el caso de la deuda de 2 mil 700 millones de pesos que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) le impuso al gobierno de Puebla, y que después estableció en un pago único de 2 mil 600 millones de pesos, esto debido a una anomalía hecha durante el gobierno de Rafael Moreno Valle Rosas.
No obstante, Moreno Valle Abdala refirió que él ya no tiene facultades para investigar dicho hecho, pues, aunque la transacción se hizo a nombre del Estado poblano, el suceso ocurrió hace más de cinco años, por lo que su indagación ya no es responsabilidad de la actual administración, al menos no de la SFP.
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