La Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del Congreso del Estado aprobó las dos ternas de candidatas a ocupar el cargo de comisionada del Instituto de Transparencia de Puebla. Del proceso quedó fuera el expresidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado (CDH), Adolfo López Badillo.
La primera terna la integran Claudette Hanan Zehenny, Nohemí León Islas e Ingrid Rojas Rocha. La electa ocuparía el cargo de comisionada que dejará vacante Laura Marcela Carcaño Ruiz en el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Puebla (Itaipue) por un lapso de seis años, del 6 de enero de 2022 al 5 de enero de 2028.
La segunda terna está conformada por Araceli Vargas Jiménez, Adelita de Jesús Murillo Chejín y Harumi Fernanda Carranza Magallanes, en ese orden según la calificación que cada aspirante obtuvo en la etapa de comparecencias. La electa únicamente estaría en el cargo del 9 de diciembre de 2021 al 5 de enero de 2023 para cubrir la vacante de Gabriela Sierra Palacios que renunció en febrero pasado.
El dictamen fue aprobado por unanimidad de siete votos en la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del Congreso del Estado, el cual fue enviado al pleno para su aprobación final en la sesión del jueves 9 de diciembre.
Durante la sesión de este martes se dijo que la integración de las ternas es resultado de la evaluación que los diputados hicieron a los 16 perfiles que pasaron a la etapa de entrevistas. Se valoró la formación académica, experiencia y trayectoria en materia de transparencia, habilidades, prestigio y reconocimiento público, actividades de docencia y capacitación en la materia, así como las respuestas a las preguntas realizadas en la comparecencia, entre otros criterios.
Del proceso quedó fuera el expresidente de la CDH Puebla, Adolfo López Badillo, quien después de comparecer dijo que está con la frente en alto para poder ocupar el cargo de comisionado del Itaipue y que los señalamientos en su contra por omisión en el caso Chalchihuapan no influirían en la decisión del Congreso.