La Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado de Puebla fue omisa al no realizar revisiones periódicas y retirar objetos prohibidos en las celdas del Centro de Reinserción Social de Puebla, situación que desembocó en un ataque en donde la víctima fue trasladada a un nosocomio.
Así lo concluyó la Comisión de Derechos Humanos (CDH) en la entidad poblana al emitir una recomendación donde instruyó capacitación al personal del centro penitenciario, así como la actualización de protocolos de actuación para atender este tipo de problemáticas.
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De acuerdo con la recomendación 24/2024, el organismo defensor de los derechos humanos explicó que en febrero del año pasado una persona fue atacada por una persona privada de la libertad dentro del centro penitenciario ubicado en la ciudad de Puebla.
La agresión realizada con un objeto prohibido provocó una fractura por lo que la víctima fue trasladada al Hospital de Traumatología y Ortopedia "Doctor y General Rafael Moreno Valle", situación que no fue notificada a sus contactos de emergencia.
Además, se informó que transcurrieron más de seis horas entre el momento de la agresión y la solicitud de atención médica prestada por la autoridad respectiva, situación que vulneró su salud e integridad y seguridad personal.
Ante este panorama, el organismo autónomo liderado por Félix Cerezo consideró que la autoridad penitenciaria vulneró el derecho a la seguridad jurídica de la víctima al no emprender revisiones periódicas y sustraer aquellos objetos prohibidos en las celdas del Cereso.
También apuntó que hubo violación al derecho humano a la seguridad jurídica en agravio tanto de la víctima como de sus familiares, esto al no ser notificados sobre el traslado de la personal al hospital.
Por ello, la CDH instruyó al personal correspondiente brindar capacitación en materia de protección a los derechos humanos a personas privadas de la libertad, con el objetivo de evitar la repetición de estos actos.
También ordenó generar o modificar los protocolos de actuación del Cereso en Puebla para incluir que el personal del centro penitenciario informe a ”contactos de emergencia” de personas privadas de la libertad que sufrieron alguna enfermedad o lesión, en caso de que estén imposibilitadas de hablar con sus familiares.
De igual manera se determinó que la Unidad de Asuntos Internos de la SSP determine el procedimiento administrativo de investigación correspondiente en contra de las y los servidores públicos que intervinieron en los hechos.
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Finalmente, la CDH instruyó la reparación del daño a la víctima, incluyendo atención médica y psicológica especializada, así como una compensación económica que en términos de la legislación corresponda.