Julio Vargas Domínguez es un juez de Puebla que ha enfermado, y más de la mitad del año se encuentra en hospitales, pese a que las integrantes de colectivas feministas lamentaron esta situación y desearon que se mejore, le hicieron un exhorto a él y al Poder Judicial del Estado para que pida su baja, ya que, al no estar presente, retrasa los procesos de violencia contra las mujeres y se ha prestado a que existan actos de corrupción.
La representante en Puebla del Frente Nacional Contra Violencia Vicaria (FNCVV), Luz Arredondo, quien también es víctima de este tipo de violencia, compartió que su baja sería un acto de responsabilidad social, ya que su ausencia ha sido aprovechada por los secretarios de acuerdo, quienes hacen pactos de corrupción. Puntualmente señaló a dos servidores de nombre José Sergio Eustaquio Calderón y Francisco Rafael Fajardo Peña.
“Ambos son los que tienen este modus operandi (…) yo tengo un juicio de pérdida de patria potestad, casualmente en el sexto juzgado de lo familiar. ¿Esto que significa?, cuando en el sistema introducen demandas, re verifican los nombres y en automático siempre se van al mismo juzgado, eso es por sistema, eso es lo que debería de ser. Casualmente, todos los juicios de pérdida de patria potestad del segundo juzgado familiar, recaen en el sexto, esto me dice que hay una línea de corrupción directa”, declaró.
Aseguró que no es la única mujer que ha referido esta situación, ya que Ivone Daniela Flores, ex clienta de Cecilia Monzón, también lleva su caso en el mismo juzgado. Después de haber sido denunciada por supuesto abuso sexual en agravio de su hija, de lo cual ya se comprobó la inexistencia del delito, se le impuso una medida cautelar de no contacto con la menor. Posteriormente, se logró que le otorgaran visitas virtuales y más adelante visitas supervisadas en el CECOFAM.
Cuando por fin consiguió que le autorizaran visitas con entrega-recepción, David N., el padre de su hija, promovió un amparo argumentando “alienación parental” y logró la suspensión de los encuentros. David ha interpuesto nueve amparos con el recurso de revisión para alargar todo el proceso, un año o más en dicho juzgado familiar y otros tres amparos en lo penal para que no le permitan las visitas presenciales a Daniela por medio de medidas de protección.
Para concluir, Luz Arredondo, solicitó tanto al Poder Judicial del Estado de Puebla como al Congreso del Estado de Puebla, una reunión, en donde se pueda hablar de la Ley Vicaria y su ejecución, ya que, en su opinión, las autoridades siguen sin estar capacitadas en el tema y por ello, revictimizan a las mujeres y no juzgan con perspectiva de género.
“Es un llamado a la magistrada María Belinda Aguilar Díaz para que tome una reunión con nosotras, una reunión de seriedad y no sólo eso, sino que podamos firmar un convenio colaborativo no con las colectivas, sino de poder a poder. Buscamos un convenio de colaboración entre Poder Judicial y el Poder Legislativo que defina específicamente cuáles son los roles que van a tener las autoridades en torno a tomar la violencia vicaria en serio”, remató.
La activista fue respaldada por las colectivas Mujeres por el Derecho al Cuidado y una vida libre de Violencia (MDCVLV). Madres Viviendo Violencia Vicaria (MVVV) y la organización 50 más uno.
TE RECOMENDAMOS EL PODCAST ⬇️
Disponible en: Acast, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer y Amazon Music
