El gobernador, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, se dijo respetuoso de la decisión que tome este día el Congreso del Estado respecto a la despenalización del aborto, al referir que tiene claro que su opinión personal sobre el tema no puede influir en las decisiones de los diputados locales como autoridades autónomas.
El mandatario poblano fue cuestionado sobre el tema que hoy se discutirá en el pleno del poder legislativo y que ha provocado que integrantes de asociaciones civiles a favor del aborto y quienes se oponen al mismo realicen diversas manifestaciones frente a la sede del Congreso, no obstante, señaló que siempre se ha mantenido respetuoso de la autonomía de poderes, porque gracias a ello fue designado gobernador interino.
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“Solamente decir que todas y todos tenemos una convicción en el terreno de lo personal, sin embargo, cuando se trata de asuntos de Estado lo personal no debe incidir en esas decisiones ni en un sentido ni en otro. Si estoy a favor o en contra yo tengo mi propia convicción en lo personal, pero como jefe del poder ejecutivo reconozco perfectamente la frontera entre lo personal y lo público, en este momento de discusión está la soberanía del Congreso, no del Ejecutivo, así que seremos muy muy respetuosos en ese aspecto”, acentuó.
Céspedes aseguró que evitará pronunciarse al respecto para permitir que haya un proceso de reflexión legislativa en completa normalidad, dado que es de su interés seguir motivando la autonomía y fortaleza del Congreso Local sin dejar de lado la vinculación.
“Es importante que esa discusión, que ese análisis genere opinión y en ese tema en plena consciencia, de frente, los legisladores emitan su voto, ellos son representantes de los municipios y deben tener muy clara la alta responsabilidad que se tiene no solamente en este tema, sino en muchas decisiones que se toman día a día y tan es así que yo estoy acá por una decisión de ellos”, finalizó.
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La propuesta para reformar los artículos 339, 340, 341, 342 y 343 del Código Penal del Estado busca despenalizar el aborto, ya que permitiría la interrupción del embarazo hasta las 12 semanas de gestación, de tal forma que solo quienes lo hagan después de ese periodo serían sujetas a sanciones de hasta un año de cárcel.