El recién nombrado gobernador de Puebla, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, tendrá a su cargo las riendas del estado por los próximos dos años. Previo a su llegada a Casa Aguayo, sobre su escritorio ya se apilaban varios rezagos y promesas pendientes por cumplir, en materia de seguridad pública, movilidad, educación, medio ambiente, derechos humanos y salud, que heredó de la administración de Miguel Barbosa Huerta.
Tras su arribo a la titularidad del Poder Ejecutivo, el nuevo mandatario debe afrontar retos sociales, políticos y económicos, principalmente sobre seguridad pública, ineficacia en centros penitenciarios, desaparición de personas, feminicidios y transporte público. Muchos de ellos fueron anunciados recientemente por el exmandatario pero su conclusión se atrasó, mientras que otros están aplazados o ni siquiera se cumplieron.
Céspedes Peregrina arrancó su primera entrevista como gobernador diciendo que la seguridad sería una prioridad para su administración. Con esa misma motivación deberá hacer acopio de esfuerzo para recibir una entidad que, de acuerdo con la Fiscalía General del Estado (FGE), ha registrado más de 71 mil delitos, principalmente robo, violencia, narcomenudeo y homicidio, tan sólo de enero a noviembre de 2022.
En otras palabras, en Puebla, un territorio con 217 municipios y 6 millones 583 mil 278 habitantes, se reportan alrededor de 213.5 ilícitos cometidos contra la ciudadanía, su integridad y su patrimonio, esto sin mencionar que esta cifra sólo corresponde a los casos que se denuncian formalmente ante la autoridad ministerial.
Aunado a ello, según la Fiscalía General de la República (FGR), la entidad poblana fue, durante el primer semestre del presente año, el territorio con más robo a pipas de gas LP en todo el país, pues apiló el 96 por ciento de las carpetas de investigación iniciadas por estos actos.
Huachicol, intimidante amenaza
A propósito, no debe pasar desapercibido para nadie que el combate al robo a combustible es una de las mayores responsabilidades del Estado mexicano. En ese tenor, el panorama para el titular del Ejecutivo local se ve difícil, pues ninguna autoridad de ningún nivel de gobierno ha logrado detener la propagación de las 15 agrupaciones que activamente se dedican al huachicol en Puebla.
De acuerdo con lo informado por esta casa editorial en noviembre pasado, con base en la extracción de información confidencial que el grupo internacional de hackers, Guacamaya, hizo a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), estas agrupaciones se dedican, además, a otro tipo de actividades como robo, secuestro y homicidio, etcétera.
Estas bandas asedian la tranquilidad de los pobladores de Acajete, Acatzingo, Amozoc, Coronango, Esperanza, Huejotzingo, Los Reyes de Juárez, Palmar de Bravo, Puebla, Quecholac, San Baltazar Temexcalac, San Martín Texmelucan, San Matías Tlalancaleca, San Miguel Xoxtla, San Salvador el Verde, Tecamachalco, Tlahuapan y Tepeaca, tierra natal del gobernador.
Tan sólo de abril de 2021 a abril de 2022, Petróleos Mexicanos (Pemex) reportó el robo de 103 mil 596 barriles de gas LP sobre los diversos ductos que atraviesan por Puebla. En otras palabras, el huachicol arrebató a la nación alrededor de 197 barriles cada día.
A la par, de acuerdo con la FGR, la entidad poblana fue la que más hurtos a transporte público y privado en la zona centro sur del país registró, también de enero a junio de 2022.
Homicidio, delito creciente en últimas semanas
Tan sólo en las últimas semanas, la entidad ha sido testigo de asesinatos en diversas partes del estado, que están pendientes por esclarecer aún, siendo mujeres y personas jóvenes las principales víctimas del crimen. Para ponerlo en retrospectiva, el pasado fin de semana 12 personas, presumiblemente poblanas, fueron privadas de la vida de forma violenta.
Por ejemplo, durante ese periodo, en el municipio de Chietla, un hombre de 25 años de edad de nombre Eduardo, que se encontraba trabajando como taxi en su motocicleta, fue acribillado por sujetos desconocidos que, sin mediar palabra, lo asesinaron en su vehículo.
En Molcaxac, situado en la zona centro del estado, una joven de poco más de 20 años de edad aproximadamente fue torturada y violentada hasta causarle la muerte. Su cuerpo fue abandonado sobre la carretera La Colorada-Tepexi de Rodríguez, y el mismo fue hallado por pobladores, quienes transitaban de forma habitual por esa vía.
Por su parte, ese mismo fin de semana, otro acto de terror perturbó la paz en la Mixteca poblana, particularmente en Chiautla de Tapia, pues tres jóvenes que viajaban en dos motocicletas de vuelta a sus hogares, fueron sorprendidos por un grupo de personas que les disparó a quemarropa y acabó con su vida de forma inmediata.
En tanto, en el municipio de Zacatlán se encontraron los restos partidos del cuerpo que fue degollado y calcinado.
En Ajalpan, Benito N, un hombre de 47 años de edad que se desempeñaba como contador, fue ultimado con poco más de 30 disparos. Esto ocurrió a tan sólo un par de metros de la puerta de su casa. Algo similar sucedió con otras cuatro personas más, entre ellas un menor de 5 años de edad, en los municipios de Puebla, Jolalpan y Palmar de Bravo.
Esto sin olvidar el caso de los cuatro poblanos que fueron acribillados con armas de alto calibre, a las afueras de una tienda de abarrotes en la junta auxiliar de San Francisco Totimehuacán. Con estos asesinatos, sumaron ocho las muertes violentas en esa demarcación.
Fortalecimiento de policías municipales
Asimismo, el mandatario deberá dar continuidad a la revisión que Barbosa Huerta prometió a su iniciativa para reforzar las sanciones contra ediles que contraten policías sin exámenes de control y confianza, así como a las personas que trabajen como gendarmes sin tener una certificación vigente.
Luego de que el pasado 8 de diciembre el Pleno del Congreso del Estado informó que las reformas a la Ley Orgánica Municipal, así como al Código Penal local, para incrementar las sanciones contra alcaldes y agentes apócrifos, fue aplazada a petición del exmandatario, Barbosa Huerta refirió que la iniciativa necesitaba varios ajustes.
En ese tenor, refirió que sería una vez iniciado 2023 cuando se propondría al Legislativo la nueva reforma, ya con las adaptaciones pertinentes.
Cabe mencionar que esta iniciativa surgió luego de que el mes pasado fue asesinado Maurilio Herrera, excomandante de la Policía Municipal de Tulcingo de Valle, a manos de un presunto homicida que se identifica a sí mismo como “El Señor del Taco”.
El problema fue que el exgendarme desempeñaba sus funciones al amparo de la ley, pues nunca tramitó su Certificado Único Policial (CUP), y el alcalde José Édgar N, se encuentra como un posible cómplice en esa situación.
A propósito, no hay que olvidar que, desde la llegada de Barbosa Huerta al poder, en 2019, a 2022, un total de 17 exalcaldes han sido aprehendidos por presuntas irregularidades cometidas durante sus gestiones. Por lo tanto, la tarea de Céspedes Peregrina será vigilar el cumplimiento de la ley en todos esos expedientes.
Algunos de los nombres que el mandatario deberá tener en consideración serán los de Gonzalo N, de Coronango; Leandro N, de Huehuetlán El Grande; Evelio N, de Jalpan; Roberto Víctor N, de Zoquitlán; Alejandro N, de Quecholac; Isidro N, de Zapotitlán Salinas; Edwin N, de Huaquechula; Arturo N, de Acatlán de Osorio; Miguel Ángel, de Piaxtla; Eyerim N, de Tepeyahualco; Inés Saturnino N, de Tecamachalco; así como Juan N, de Ciudad Serdán.
Ineficiencias en reclusorios
Desde 2021 Barbosa Huerta expuso que el estado necesitaba invertir en nuevos centros penitenciarios, pues sostuvo que los principales en la entidad, el de San Miguel y el de Tepexi de Rodríguez, se encontraban en condiciones poco adecuadas para los reclusos.
En agosto de ese año afirmó que se requerían, por lo menos, 700 millones de pesos para empezar la construcción de nuevos espacios para esa finalidad. Concluyó ese año y no se procedió con dicha gestión.
Ya en el presente año, durante su habitual rueda de prensa del 4 de mayo anunció que su administración proyectó la adaptación de un reclusorio exclusivo para mujeres, empero, no especificó en cuál inmueble se llevaría a cabo dicho procedimiento. En esa ocasión, igualmente apuntó que el penal de San Miguel, en Puebla capital, necesitaba una modernización de sus espacios.
Cinco días después declaró, sin temor a equivocarse, que habría otro centro de readaptación en Puebla, sin embargo, tampoco dijo en qué municipio será trabajada esa obra.
Pese a ello, en julio de 2022 negó que saldrían recursos públicos del erario para erigir un nuevo centro penitenciario en Puebla.
La realidad es que estos espacios de reinserción social tienen altas carencias, tanto en la atención y resguardo de las personas privadas de su libertad, como en la seguridad de los mismos.
Por ejemplo, hace apenas una semana se dio a conocer que los reos del penal de Tepexi de Rodríguez no contaban con los alimentos suficientes; inclusive, familiares de los reclusos denunciaron que las autoridades custodiales ofrecían comida en mal estado y, ante la escasez de la misma, muchos de los presos tomaban como única alternativa.
Feminicidios
Los crecientes asesinatos de mujeres en razón de género es otro fenómeno social que deberá ser atendido por Céspedes Peregrina.
De acuerdo con el Instituto de Derechos Humanos “Ignacio Ellacuría, SJ” de la Universidad Iberoamericana Puebla, la entidad se colocó en la posición número 13 a nivel nacional en feminicidios, con 17 presuntos casos registrados durante 2022. Pese a que estos actos ocurrieron en 14 municipios, seis de ellos carecían de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM).
Falta ampliar servicios de salud
Según dio a conocer El Sol de Puebla, de los 217 municipios que hay en el estado 19 de ellos sólo cuentan con una única clínica gratuita, lo cual hace, en muchas ocasiones, que la accesibilidad a los servicios de salubridad sea más limitada.
Por ejemplo, los habitantes del municipio sureño de San Juan Atzompa deben viajar hasta una hora para llegar a Tepexi de Rodríguez, pues en su lugar de origen sólo cuentan con un centro de salud, sin embargo, la atención que brinda es sólo de primer nivel y no cuenta con camas de hospital ni especialistas médicos, lo que hace imposible que haya atención integral.
En Puebla existen, al menos, 13 demarcaciones que se encuentran en esa situación, es decir, sus clínicas municipales no tienen una sola cama. Estas demarcaciones son Ahuehuetitla, Axutla, Camocuautla, Caxhuacan, Coatepec, Cohuecan, Coyotepec, Atlequizayan, La Magdalena Tlatlauquitepec, Santa Catarina Tlaltempan, Toltepec de Guerrero, además del municipio citado anteriormente.
Pendientes en movilidad
En su última entrevista con El Sol de Puebla, Barbosa Huerta se comprometió con sus gobernados a poner en marcha estudios de viabilidad para la instauración de un sistema de trolebuses en la capital del estado.
De esta manera, el exmandatario expuso que el gasto del erario en la Red Urbana de Transporte Articulado (RUTA) era excesivo y dejaba nulos beneficios para la economía del estado.
Pese a que detalló que el inicio de las evaluaciones serían a la brevedad, puesto que se esperaba que la obra, de ser ejecutada, estuviera lista antes de concluir el mandato. No obstante, hasta finales de 2022 ningún ejercicio público se ha enfocado en proyectar este nuevo sistema de transporte colectivo en Puebla.
Asimismo, tal como puntualmente informó este diario, el gobierno estatal lleva más de cuatro años aplazando la modernización del transporte público, pues muy poco se ha hecho para obligar a los concesionarios a cumplir con las disposiciones obligatorias, como son cámaras de videovigilancia, así como botones de pánico y rastreo satelital.
Por si esto fuera poco, tampoco se ha puesto mano dura sobre los concesionarios que ignoraron delimitar asientos exclusivos para mujeres en las unidades de transporte público, esto pese a que el Congreso de Puebla aprobó el estatuto para garantizar la aplicación de esta medida.
Lo mismo ocurre con el tránsito de taxis apócrifos sobre el Periférico Ecológico, pues, aunque la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMT) supervisa que este tipo de unidades no circulen por esa vialidad, los mismos buscan la forma de seguir operando al amparo de la legalidad.
De hecho, tal como señaló El Sol de Puebla, en la actualidad son poco más de 400 taxis piratas los que operan en esa vialidad metropolitana, los cuales pertenecen a cinco agrupaciones.
Respecto a los elementos de movilidad activa, tal es el caso de las ciclovías, se requiere trabajar, en conjunto con las alcaldías, en el desarrollo de nuevos espacios para las y los usuarios de vehículos no motorizados.
Inflación y rezago
La semana pasada, la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC) evaluó el incremento en los costos de la canasta básica en todo el país, y ubicó a Puebla entre las primeras 10 entidades con la mayor diferencia de precios desde la última revisión.
El encarecimiento de estos productos fue del dos por ciento, dado que los mismos pasaron de tener un valor de mil 720 pesos a mil 753.35 pesos.
Los alimentos más afectados por esta condición fueron, frijol, pollo, lenteja, chuleta de puerco, harina, aceite, naranja, chile jalapeño, limón, manzana, jitomate, azúcar, atún, limpiadores de piso, productos de lavandería y jabón de baño.
Asimismo, la pobreza en el estado es un fenomenal problema que atenta principalmente contra las familias que habitan en los municipios de la Sierra Negra, Eloxochitlán, Olintla y Hueytlalpan; así como en la región de Tehuacán.
De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), Puebla ocupa el segundo lugar en todo el país, con el mayor número de municipios, considerados como zonas urbanas, en los que persiste un grado de rezago social alto o muy alto.
La misma dependencia detectó que se evaluó que el retroceso educativo ha sido de dos años consecutivos en todos los niveles académicos en Puebla, pues la pandemia de Covid-19 hizo que la comunicación y el aprendizaje encontraran varias dificultades.
Sin iniciar declaratoria de ANP en La Malinche
Tal como dio a conocer El Sol de Puebla, la tala desmedida de árboles en el Parque Nacional La Malinche genera grandes pérdidas de flora para este espacio. En agosto pasado, Barbosa Huerta se comprometió a declarar el sitio como Área Natural Protegida (ANP) estatal, empero, ningún tipo de documentación para llevar a cabo este procedimiento se ha realizado todavía.
Aunado a ello, Céspedes Peregrina deberá concluir la ambiciosa estrategia que declaró el exgobernador, de sembrar poco más de 9 millones de árboles en diversos puntos del estado.
Finalmente, y por si eso fuera poco, Barbosa Huerta no cumplió con el cometido de instaurar un capítulo sobre la importancia de acceder a un medio ambiente sano. Esta propuesta, que fue incluida en la visión de gobierno que presentó el exmandatario durante su campaña, llevaría por nombre “Los Derechos a la Naturaleza”, y la misma quedaría en la propia Constitución Política del Estado de Puebla, lo cual deberá ser retomado por el mandatario.
