Violaciones a derechos humanos y un aumento en los riesgos a ser víctima de delitos, como la trata de personas, motivaron que las sexoservidoras que trabajan en el Centro Histórico de la ciudad de Puebla desecharan la propuesta de ofrecer sus servicios al interior de moteles, como se sugirió al inicio de la actual oadministración municipal. La mayoría de las mujeres continúan en las calles y en la 14 Oriente - Poniente han integrado una asociación civil que pugna por el reconocimiento de los derechos de su gremio.
“Les dijimos que si como gobierno municipal nos iban a garantizar que adentro de los moteles íbamos a estar seguras y no nos iban a llegar los operativos sabiendo que todas íbamos a estar ahí, nos respondieron que no podían comprometerse a eso, entonces por eso seguimos en las calles”, narra Esther, una de las trabajadores sexuales de la calle 14 Oriente - Poniente, que es reconocida como uno de los polígonos donde se ejerce este oficio.
Fue a principios del año 2022 cuando el gobierno municipal dio a conocer que iniciaría un proyecto para reubicar a las trabajadoras sexuales al interior de casonas o moteles, con el argumento de que se buscaría “dignificar su trabajo” evitando que tuvieran que exponerse en la vía pública y que su presencia detonara delitos como la trata de personas.
Incluso, la Secretaría de Gobernación, a cargo de Jorge Cruz Lepe, declaró a medios de comunicación que existían al menos 13 casonas o moteles que podían alojar a las aproximadamente 550 mujeres que trabajan en el centro de la ciudad y se realizaron algunas mesas de trabajo para aterrizar la propuesta que, hoy se sabe, no se concretó.
Tan solo en el primer semestre del año, la Fiscalía General del Estado (FGE) registró 26 casos de trata de personas en la capital poblana, que figura como el municipio con mayor incidencia en este delito en la entidad, al concentrar 121 carpetas de investigación entre el 2017 y julio de 2023, de acuerdo con el reporte denominado “Información Útil”, de la propia institución.
Trabajadoras sexuales, asociaciones civiles y autoridades coinciden en que la prostitución puede ser una expresión de la trata de personas, sin embargo, las primeras insistieron en que no todo el sexoservicio está involucrado en este delito y por lo tanto quienes lo ejercen deben ser tratadas con respeto.
Sexoservidoras se sienten más inseguras en hoteles
Esther, Joselin y Alejandra trabajan como sexoservidoras y coincidieron en que ofrecer sus servicios al interior de los hoteles es más inseguro, ya que el principal riesgo al que se enfrentan son los operativos que realiza la Fiscalía General del Estado para detectar a víctimas de trata, mismos que describieron como violentos porque los agentes “se llevan a quien encuentren aunque se les diga que estamos por voluntad”.
Esther comparte que, a diferencia de la pasada administración municipal, en la actual ya no existen operativos del ayuntamiento para hostigar a las trabajadoras sexuales, no obstante, la FGE sí los sigue realizando de forma sorpresiva y si estuvieran obligadas a trabajar en los hoteles serían más susceptibles de ser detenidas.
“Yo estuve detenida una vez en la Unidad de Delitos Sexuales en condiciones muy feas porque nos agreden, nos golpean y ellos dicen que somos víctimas de trata y quieren que les firmemos que nos rescataron cuando no es así, entonces si te niegas a firmar no te dejan salir, aparte de que pierdes tus pertenencias y sales afectada porque tienes que pagar tus gastos médicos, por eso es mejor estar en la calle, ahí nos protegemos entre todas”, expone.
Joselin coincide en que los operativos que realiza la autoridad son el principal riesgo al que se enfrenta y considera que, paradójicamente, tiene más miedo a ser detenida por un agente que a encontrarse a un cliente que pudiera lastimarla.
Incluso, cuenta que para evitar esto último le es mejor ofrecer sus servicios en la calle, en donde puede ser auxiliada en caso de que alguien quisiera hacerle daño, ya que una vez que concreta la prestación de algún servicio se dirige a un motel del centro en donde también siente la seguridad de que podría recibir ayuda en caso de alguna agresión.
“Una vez sí me fue mal porque aquí casi no había trabajo, entonces fui a buscar suerte a Tepeaca; me encontré a un cliente que resultó dedicarse a lo del huachicol, me golpeó y me dejó aventada; gente de ahí me encontró y me ayudó para regresar a mi casa. Desde ahí escarmenté y preferí quedarme aquí en donde ya conozco gente”, comenta.
Quitarlas de las calles es revictimizarlas
Para Karla de la Cuesta, presidenta de la fundación “Alas abiertas”, dedicada a apoyar a víctimas de trata de personas, toda medida que busque retirar a las sexoservidoras de la vía pública es violatoria de derechos humanos y discriminatoria, ya que se anteponen cuestiones de “imagen” de las ciudades a la defensa y protección de las mujeres.
“Es una medida sin pies ni cabeza porque no protege en nada”, dice al tiempo de señalar que este tipo de propuestas no abonan a dignificar el trabajo de las mujeres, sino que las revictimiza y coloca en mayores condiciones de riesgo, ya que al estar en una zona de tolerancia, casa de citas o motel se vuelven más susceptibles a ser víctimas de tratantes.
Incluso, remarca que toda autoridad debe tener presente que el sexoservicio no tiene condiciones para ser considerado como un trabajo, ya que es una actividad basada en condiciones de género y discriminación, toda vez que las mujeres están ejerciéndolo por falta de oportunidades para desarrollarse en otros ámbitos y en muchos casos porque han sido víctimas de violencia de forma sistemática.
“Puede ser que esa vulnerabilidad les haga sentir o pensar que es algo que ellas han decidido, pero en realidad su condición es la que las ha impulsado”, expone. La mayoría de las mujeres dedicadas al sexoservicio tienen un bajo nivel académico y han sufrido algún tipo de violencia o abuso sexual, incluso desde la infancia, agrega.
Sexoservidoras defienden que deben ser tratadas como trabajadoras
Los casos de Esther, Joselin y Alejandra son ejemplo de que las condiciones de necesidad económica o de violencia mueven a las mujeres a ser sexoservidoras, no obstante, consideraron que esta actividad sí debe ser considerada como un trabajo, ya que tienen derecho a mejorar sus condiciones de vida.
Esther narra que fue víctima de trata durante 10 años, ya que se enamoró de quien terminó siendo su tratante y llegó a Puebla porque la ciudad era uno de los sitios a donde la llevaba a prostituirse. Aunque logró salir de ese esquema de violencia luego de una golpiza por parte de su padrote y gracias a que uno de sus clientes la ayudó, decidió volver a ejercer el sexoservicio por necesidad económica.
“Yo tengo un oficio, antes de que me metieran en esto era enfermera, pero después de 10 años sin trabajar y con todo lo que viví, no me lo explico pero decidí regresar a esto, ya por lo voluntad y dije ‘voy a trabajar para tener una casa, tener un negocio y dejar esto’, porque con un sueldo de enfermera y en mi condición no iba a poder”, subraya.
Joselin se dedica a la misma actividad porque fue víctima de violencia familiar por parte del padre de uno de sus hijos, de quien recuerda, sólo recibía golpes y humillaciones, así que la necesidad económica de mantener a su familia la llevó a dejar el trabajo de obrera para probar suerte en la 14 Poniente.
La mujer afirma que nunca ha conocido lo que es tener un padrote porque está en las calles por voluntad propia y eso le ha permitido sacar adelante a sus hijos sin descuidarlos, ya que a diferencia de una labor con horario fijo, en la 14 Poniente puede acudir a trabajar los días y el tiempo que quiera.
En la misma condición se encuentra Alejandra, quien explica que dejó de ser empleada para dedicarse al sexoservicio porque es madre soltera y una de sus hijas se enfermó del corazón, así que necesitaba más dinero pero también más tiempo para llevarla a sus tratamientos.
“Mi familia no sabe que trabajo en esto, pero lo hice porque necesitaba dinero y rápido para atender a mi hija, entonces vine un día y me di cuenta que así podría alcanzarme y no descuidarla tanto, porque tengo que llevarla al doctor y estar pendiente de ella”, manifiesta.
Las tres mujeres forman parte de la asociación civil “Las chicas de la 14”, que surgió durante la pandemia de la Covid-19 con la intención de buscar beneficios para ese sector y logró constituirse con apoyo del activista Hilario Gallegos.
Todas apuntan que a través de la asociación han logrado gestionar apoyos para que varias de sus compañeras sigan estudiando, aprendan a leer o escribir, reciban ayuda con tratamientos o aparatos funcionales para sus hijos o familiares, servicios médicos, cursos de capacitación para el trabajo y recientemente han comenzado el trámite de una cartilla de salud, a través del Instituto Nacional de las Mujeres.
Afirman que ven bien que haya una asociación que ahora pugne por el reconocimiento de sus derechos, ya que consideran que están expuestas a ser víctimas de la autoridad y de la propia sociedad, que constantemente las discrimina.
“Aquí a veces pasan las señoras con sus hijas y les dicen ‘si no estudias vas a terminar como esas’, cuando realmente no saben por qué estamos aquí y todo lo que nos arriesgamos por necesidad”, reprocha Joselin.
Reconocer el trabajo sexual permitiría combatir la trata
Las tres mujeres coinciden en que sí hay casos de trata en Puebla pero la vía para rescatar a las víctimas o combatir este delito no es criminalizando a quienes ejercen el sexoservicio, ya que en otras ciudades las mujeres que se dedican a esta actividad son las principales colaboradoras de las autoridades para identificar casos de explotación sexual.
“En otras ciudades del país las compañeras también se han organizado y cuando detectan que hay algún caso de trata son las primeras en denunciarlo a la Fiscalía, ya tienen esa colaboración, pero aquí desafortunadamente la autoridad está muy cerrada y no quiere ver que si alguien se da cuenta de un delito de esos somos nosotras”, expone Esther.
Señala que ellas mismas han “corrido” a hombres que han querido someterlas y ser sus padrotes, además de que hace unos meses identificaron a dos jóvenes que estaban siendo explotadas sexualmente y entre ellas se organizaron para que el tratante fuera detenido y presentado a las autoridades.
“Aquí nos conocemos y nos damos bien cuenta si alguien no viene por su voluntad, te das cuenta porque son chicas que casi no hablan, no son tan abiertas, les cuesta incluso abordar a las personas y hasta ves si anda alguien cerca cuidándolas, entonces si la autoridad aceptara esa colaboración, entonces sí podría combatir mejor la trata”, opina Joselin.
Las mujeres destacan que el principal objetivo que se han trazado es que su trabajo sea reconocido legalmente, ya que esto les abriría la puerta a otros derechos y sería pieza clave para que dejen de criminalizarlas.
Sugieren modificar perspectiva sobre la prostitución
Para Karla de la Cuesta es necesario que las autoridades cambien la perspectiva que tienen del trabajo sexual para que entonces puedan atender el tema desde un enfoque de respeto a los derechos humanos de las mujeres, que al final son víctimas porque, aunque no estén siendo sometidas por algún tratante, sí están obligadas por su condición de pobreza laboral.
Añade que todavía hay ciudades en donde se les pide que cumplan con una revisión médica periódica para obtener una especie de certificado o tarjetón para poder laborar y esta práctica en realidad es una forma más de violencia: “Es como decir que quien tiene la responsabilidad de cuidarse es la mujer y no el hombre que paga para violarla; debería ser a la inversa. Si en verdad se quisiera cuidar a las mujeres son los hombres quienes tendrían que pasar esos filtros”.
Enseguida comenta que cualquier estrategia que se implemente para dar oportunidades académicas o laborales a las mujeres es buena, aunque puntualiza que regularmente lleva tiempo que acepten cambiar su vida porque han estado mucho tiempo sumergidas en un ambiente en el que se han violado sus derechos, incluso a la identidad, porque muchas usan otro nombre al grado de perder de vista el real.
De la Cuesta expresa que es necesario que haya trabajo legislativo en los estados y a nivel de reglamentos municipales para que el sexoservicio sea visto como una práctica que se necesita atender centrando las estrategias en las necesidades y condiciones de quienes lo ejercen y no en la imagen de las calles o ciudades.
Gobierno municipal interviene mediante el empoderamiento
Cursos de capacitación en corte de cabello y belleza, jornadas de salud, atención psicológica y jurídica son algunos de los servicios que otorga el gobierno municipal a las sexoservidoras a través de la Secretaría de Igualdad Sustantiva de Género, informa por su parte la titular de esta dependencia, Karina Romero Alcalá.
La responsable de atender a este sector da a conocer que al gobierno municipal le ha costado ganarse la confianza de las trabajadoras sexuales porque las mujeres referían que de la autoridad sólo habían recibido criminalización, por lo que poco a poco se ha diseñado una estrategia para ayudarlas a mejorar sus condiciones de vida.
En este sentido señala que un grupo de 10 sexoservidoras fue el primero que aceptó tomar los cursos de capacitación para el trabajo y varias han comenzado a aplicar lo aprendido para ofrecer servicios de corte de cabello o maquillaje, lo que les da otra opción de empleo para que el trabajo sexual no siga siendo su única alternativa.
Cuestionada sobre si existe algún tipo de regulación, refiere que no existe un censo o padrón de trabajadoras sexuales en el municipio, ya que el único instrumento que pudiera parecerse a ello es un diagnóstico sobre la situación de este sector que heredó la pasada administración municipal, en el que se estima la presencia de casi 600 en la capital, sin que esta cifra sea específica del Centro Histórico.
Agrega que actualmente no se exige ningún tipo de tarjetón de salud o permiso a las trabajadoras sexuales y contrario a ello se busca que tengan acceso a los servicios de salud y la posibilidad de acercarse al gobierno para realizar alguna solicitud o sumarse a los programas de capacitación.
“No existe una zona de tolerancia. Ellas están organizadas y no de ahorita sino de hace mucho tiempo y van teniendo acuerdos con moteles, no casonas, establecimientos que tienen una licencia de funcionamiento y que rentan cuartos. Ya lo que hagan en la habitación pues es un espacio privado”, explica respecto a los lugares donde trabajan.
Karina Romero enfatiza que la dependencia a su cargo está consciente de que las mujeres dedicadas al sexoservicio requieren atención integral, porque un diagnóstico que se realizó encuestando a algunas de ellas permitió conocer que se dedican a eso por tener un bajo nivel de escolaridad y al menos dos dependientes económicos.
Sin embargo, remarca que las opciones para apoyarlas a mejorar su calidad de vida dependen de que acepten acercarse a las autoridades.
