Por presuntos daños patrimoniales al erario estatal, la Secretaría de la Función Pública (SFP) interpuso en 2022 seis denuncias ante la Fiscalía General del Estado (FGE), además de 31 querellas en la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción; aunado a ello se iniciaron poco más de 80 auditorias por la presunta contratación de empresas factureras.
Durante la comparecencia respectiva al cuarto informe de labores del Poder Ejecutivo local, el titular de la SFP, Juan Carlos Moreno Valle Abdala, hecha este día ante el Congreso de Puebla, el funcionario estatal dio a conocer que el año pasado se iniciaron 482 auditorías contra 237 instituciones.
De esta cifra, manifestó que seis de ellas concluyeron en imputaciones de orden penal, mientras que 56 permanecen en desarrollo.
Subrayó que el monto auditado fue de 6 mil 906 millones de pesos, los cuales fueron obtenidos a través de la recaudación estatal.
En cuanto al número de observaciones hechas por la SFP hacia diversos servidores públicos, detalló que se trató de 772 procedimientos, de los cuales 644 fueron de orden administrativo, mientras que el resto se trató de procesos económicos.
Del mismo modo, indicó que se iniciaron 63 expedientes por posible omisión de funciones. También informó que fueron asignadas 607 recomendaciones a servidores públicos, de las cuales 496 corresponden a situaciones no graves, 106 fueron graves y cinco fueron de ambos tipos.
De esta cantidad, apuntó que 279 recomendaciones siguen en proceso de sustanciación, 52 fueron vinculadas ante el Tribunal Superior de Justicia Administrativa, 40 fueron sancionadas, 168 resueltas, ocho siguen en proceso y 31 se convirtieron en querellas ante la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción.
Aunado a lo anterior, reveló que se iniciaron 86 auditorías hacia diversas entidades y dependencias del gobierno estatal por la presunta contratación de empresas factureras. No obstante, evadió ahondar en mayores detalles.
Durante la glosa, el diputado emanado del Partido Acción Nacional (PAN), Gabriel Oswaldo Jiménez López, cuestionó a Moreno Valle Abdala sobre la falta de cercanía del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) con la ciudadanía.
En respuesta, el titular de la SFP le achacó los rezagos del SEA a la lentitud con la que ha trabajado el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), pues dijo que fue apenas el mes pasado cuando el organismo de orden federal instaló su primera asamblea de trabajo.
“Aquí sí me permito hablar a título personal, no a título institucional, yo creo que hubo un atraso a nivel nacional, con todo respeto. Apenas en diciembre se instaló la primera asamblea del SNA y eso nos impacta a todos los estados”, declaró.
Adelantó que ahora que José Alejandro Guillén Reyes, presidente del Comité Estatal de Participación Ciudadana (CEPC), asumió la presidencia del Comité Coordinador Estatal del SEA, se solucionarán algunos rezagos, principalmente de índole legal, que el organismo arrastra desde tiempo atrás.
Por su parte, el panista ocupó su derecho a réplica y mencionó que el SEA cuenta con todos los mecanismos legales necesarios, tal es el caso de la Política Estatal Anticorrupción, que fue promulgada en noviembre de 2021, para lograr su funcionamiento y ser cercano a la población. Por ello, pidió directamente a Moreno Valle Abdala hacerse cargo de ese cometido.
Al término de la comparecencia, el titular de la SFP fue cuestionado por medios de comunicación sobre en qué dependencias fueron iniciados los procesos ministeriales previamente mencionados, sin embargo, se limitó a decir que los mismos siguen siendo indagados, por lo cual es imposible ofrecer detalles al respecto.
Finalmente, el funcionario negó que existan procesos administrativos iniciados el año pasado por presuntas irregularidades en la gestión del extitular de la Secretaría de Educación Pública (SEP) estatal, Melitón Lozano Pérez; ni tampoco en el organismo descentralizado, Carreteras de Cuota Puebla (CCP), referentes a supuestas inconsistencias en las adjudicaciones de las concesiones otorgadas hacia el sistema Red Urbana de Transporte Articulado (RUTA), las cuales fueron señaladas previamente por el exgobernador Miguel Barbosa Huerta, pero también por el actual mandatario estatal, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, de haber sido desfavorables para el erario.