Derivado de que las reformas para tipificar la difusión de información o material audiovisual de delitos relacionados con violencia de género, conocidas meditativamente como la “Ley Ingrid” no han sido analizadas en el Congreso local, la diputada proponente, Nora Merino Escamilla, adelantó que buscará los consensos para sacar adelante la propuesta antes del 15 de diciembre del 2023, fecha en la que concluye el periodo ordinario del parlamento.

La presidenta de la Comisión de Igualdad de Género declaró en entrevista que, está acelerando con consensos con los legisladores de las diferentes bancadas con el fin de aprobar las reformas al Código Penal del Estado.

Simultáneamente, mencionó que esta será una de sus prioridades en el próximo periodo ordinario que dará inicio el próximo 15 de septiembre, así como la Ley del Sicariato Digital.

En la lista de pendientes también se encuentra sacar adelante el Padrón de Deudores Alimentarios como parte de las reformas a favor de las mujeres.

“No podemos dejar tampoco atrás el padrón de deudores alimentarios es fundamental tenerlo en Puebla para después dar paso a la reforma al Código Civil y que sea el Registro Civil quien lo maneje”, dijo.

Fue el 26 de mayo cuando la diputada local del PT subió a tribuna para proponer la legislación. El proyecto fue enviado a comisiones para su estudio y ahí sigue atorado.

Surgió a raíz de la divulgación de imágenes sin censura con el cuerpo inerte de Ingrid Escamilla tras ser asesinada en el 2020, presuntamente por su pareja sentimental, Erick Francisco Robledo Rosas.